¿Democracias sin Estado de Derecho?

Randall Arias S.
Director Ejecutivo
FUNPADEM

En Centroamérica nos hemos acostumbrado a ver, diariamente, noticias sobre asesinatos por sicariatos relacionados con luchas entre grupos de narcotraficantes, asesinatos de autobuseros por no pagar los “peajes” que cobran las bandas criminales que operan en múltiples comunidades, así como a contar la cantidad de muertes violentas ya sea por homicidios o accidentes de tránsito. Llevamos ya varios años de ser la región más violenta del mundo, incluso sobre aquéllas en guerra abierta, pero al final parece que nos vamos “acostumbrando a vivir así”.

Ante este triste panorama, urge plantearse una pregunta elemental: ¿es viable una democracia, en el mediano y largo plazo, con semejantes niveles de violencia e inseguridad? Esta pregunta no sólo es válida sino además fundamental. Sin embargo, existe una pregunta aún más importante: ¿es viable y sostenible una Democracia sin Estado de Derecho?

La diferencia entre ambas preguntas puede parecer nominal y no sustantiva. Pero no lo es. Después de la transición democrática en Centroamérica a partir de los Acuerdos de Paz de Esquipulas en la segunda década de los años ochenta y hasta el finales de los años noventa, Centroamérica vivió una era de ilusión democrática y relativa tranquilidad, al cesar los enfrentamientos armados y, por lo tanto, disminuir los niveles de violencia y muertes que por décadas azotaron a varios de nuestros países. Sin embargo, este período de “tranquilidad e ilusión democrática”, inédito en nuestra historia como región independiente, cesó rápidamente al iniciar el presente Siglo y, dramáticamente, a partir de la segunda mitad de la década pasada. Con el inicio del Siglo Centroamérica inauguró una nueva etapa, también inédita en nuestra: Democracias Violentas.

A pesar de las debilidades, fragilidades estructurales y consolidación pendiente de la Democracia en la región, en general se podría afirmar que la región vive en una democracia mínima, muy elemental. Existe alternancia en el poder gracias a competencias electorales ininterrumpidas, aunque de baja calidad. Nicaragua es la excepción porque es ampliamente conocido que sus procesos electorales tienen serios problemas de transparencia, en donde el Poder Electoral y su vínculo orgánico con el Poder Ejecutivo lo convierte en un Poder no autónomo, lo cual tiene como consecuencia que no exista la elemental división entre los cuatro Poderes Republicanos (considerando los tres clásicos y el Electoral).

El Estado de Derecho es consustancial a la Democracia. Y la piedra angular del Estado de Derecho es la observancia de la Ley que permita controlar, en primer lugar, el Poder Político, para lo cual la primer garantía es su separación y control en diferentes poderes autónomos entre sí. Para ello, su principal baluarte es la autonomía del Poder Judicial y sus Tribunales de Justicia, así como del Poder Electoral. Si el Poder Judicial no es autónomo del Poder Político, especialmente del Ejecutivo y el Presidente en regímenes Presidencialistas como los nuestros, simplemente no existe separación de Poderes y el Estado de Derecho languidece.

Pero, además, se requiere que el Poder Electoral (Tribunales u Organos Electorales) sean plenamente autónomos para asegurar que las elecciones sean libres y competitivas, de tal forma que existan reglas del juego igualitarios para todos los competidores electorales. Y, finalmente, los Poderes Legislativos deben ser también autónomos, aunque aquí el nivel de independencia es naturalmente menor, ya que sus representantes se escogen, salvo en El Salvador, de listas pertenecientes a los mismos Partidos Políticos que optan para la Presidencia.

Además de la plena independencia entre los Poderes Republicanos, es también necesario que exista una cultura cívica que respete la Legalidad. De poco o nada sirve que un país tenga muchos y buenos policías, Fiscales, Jueces y Sistemas Penitenciarios, si las personas no cumplen, voluntariamente, con los mandatos de la Ley. Los valores cívicos son los que enseñan a las personas a adecuar su conducta cotidiana a las normas sociales de convivencia pacífica, tanto escritas (leyes) como no escritas (costumbre).

La gran diferencia entre las democracias consolidadas y las frágiles reside no tanto en sus instituciones, sino en la cultura cívica de sus habitantes. Por eso se dice que algunos países de África tienen las Constituciones e instituciones más modernas diseñadas de forma “perfecta” por los mejores expertos, pero que no funcionan porque no tienen el sustrato cívico que las haga funcionar como sí lo hacen, por ejemplo, en Inglaterra, Bélgica, Suecia o Estados Unidos.

Una institucionalidad democrática fuerte, en el marco del Imperio de la Ley, junto a una cultura cívica que arraigue valores democráticos y un sólido apoyo difuso que repudie cualquier forma de autoritarismo, se constituyen en la garantía final para asegurar la existencia democrática.

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