Hacinamiento penitenciario en Centroamérica

Por Daniela Brenes Araya
Pasante del Programa de Prevención de la Violencia y Seguridad
FUNPADEM

Cuando se habla de seguridad ciudadana, generalmente se ha promovido temas importantes como la reforma al Sistema de Justicia, la profesionalización de la policía o los temas de prevención de la violencia. Desde un enfoque de derechos, se ha defendido una visión integral que busca atender el fenómeno de la delincuencia, y especialmente sus causas.

Sin embargo en las últimas semanas han salido a la luz una serie de preocupantes noticias en cuanto a la situación de los centros penitenciarios de la región centroamericana, situación que no podemos ignorar, y que debemos integrar al análisis para asegurar un enfoque verdaderamente integral de la problemática.

En Honduras, por ejemplo, el problema ha ido más allá de las continuas fugas, amotinamientos y peleas entre bandas. La crisis del sistema penitenciario hondureño, y centroamericano en general, sobrepasa la ingobernabilidad carcelaria. Debe sumársele la insuficiencia y precariedad de la infraestructura con que se cuenta y el grave hacinamiento. Se posee una capacidad para albergar a 8.000 personas, pero en la actualidad se tiene unas 12.500 personas privadas de libertad (un hacinamiento aproximado del 56,25%) esta situación se agrava al recordar que más de la mitad de esas personas se encuentran aún sin condena.

Otro ejemplo de este problema se da en Costa Rica. El pasado 10 de marzo, la señora Cristina Ramírez, Ministra de Justicia indicó que aunque la capacidad del sistema penitenciario del país es de 9.134 reos, en la actualidad se tiene una población de 14.136 reclusos, lo cual se traduce en un hacinamiento del 51%, cuando hace una década en Costa Rica no había hacinamiento carcelario.

En El Salvador, se registró también durante la última semana el inicio de una huelga de hambre por parte de un grupo de cabecillas de pandilleros considerados de alta peligrosidad, ya que según afirman se les han venido violando una serie de derechos debido a las malas condiciones en que se encuentran recluidos.

Reacciones gubernamental.

Los gobiernos de estos países centroamericanos tienen diferentes respuestas ante la situación vivida en sus centros penales.

En Costa Rica, el gobierno ha anunciado la construcción de ocho nuevas cárceles. Además han dicho que se planea el uso de dispositivos de seguimiento electrónico de reos para aliviar el hacinamiento.

Por otra parte, en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández ha comunicado acerca del inicio de un proceso de recuperación de los centros penales por parte del Estado, el cual consiste en evitar que las cárceles continúen siendo centros de crimen. La primera acción llevada a cabo como parte de este plan es el traslado de cabecillas de los centros penales a celdas de seguridad en donde no podrán tener contacto con el resto de la población carcelaria. Debe tomarse en consideración que la implementación de este plan no resulta del todo fácil, ya que como respuesta a esta primera acción tomada por parte de las autoridades hondureñas, se realizo un motín de protesta de los reclusos  en el que tres de ellos murieron y 38 personas resultaron heridas, según informes oficiales. Cinco de los heridos eran soldados y 33 prisioneros.

Razones.

Son muchas las causas que se le atribuyen a esta problemática. Una razón puede ser el abandono de la labor de fiscalización por parte de los Estados de su sistema carcelario. En algunos países se ha relegado casi por completo el tema a la Policía y actualmente a los militares y la parte de rehabilitación al apoyo de organizaciones religiosas y de derechos humanos.

Otra de las razones señaladas es la insuficiencia del presupuesto asignado para los centros penales, que imposibilitan la respuesta a cada uno de los muchos problemas que urgen una solución.

Pero sin duda, las razones van más allá de la fiscalización o el presupuesto, estamos ante un problema estructural. En las últimas décadas se ha trasladado los problemas sociales que el Estado ha sido incapaz de resolver a los centros penales. Los Estados se han centrado en reprimir y reaccionar antes las acciones delictivas de los ciudadanos pero se han olvidado de la prevención, la reinserción y rehabilitación penitenciaria. La falta de oportunidades de empleo, de educación y la desigualdad económica se ha traducido en cárceles con porcentajes altos de hacinamiento, donde las personas jóvenes son los principales protagonistas.

Un enfoque efectivo y de derechos.

Lo cierto es que el tema debe ser abordado con mayor fortaleza por parte de los Gobiernos de la región. El tema del hacinamiento penitenciario no debe enfocarse solo desde seguridad, sino desde los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad. También es fundamental asumir con más seriedad las propuestas de educación, formación técnica y empleo para construirles oportunidades una vez retomen su convivencia en la sociedad.

Finalmente, es clave pensar en la efectividad de las políticas criminales de “mano dura” que han llevado a llenar las cárceles en la región. Hay más personas privadas de libertad, pero no hay ningún estudio que demuestre el impacto en la disminución de los índices de seguridad por este factor. Sin duda es un tema que da para más estudio y análisis.  

Bibliografía

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