Cultura de cumplimiento laboral, informalidad y papel del Estado

Randall Arias Solano
Director Ejecutivo FUNPADEM

Uno de los de mayores retos de nuestros Estados Democráticos de Derecho es la construcción de una cultura de cumplimiento de los derechos laborales. Para lo cual es vital tener un enfoque claro y pragmático: la Ley en general, y especialmente la laboral, debe ser cumplida en todos sus extremos. Para ello, una visión que yo estimo ideal de esa cultura se basa en el autocumplimiento por parte de los empleadores, más que el énfasis en el castigo de parte del Estado.

Esto es así por principios básicos de cultura cívica en general, y especialmente a la luz de la realidad que prevalece en la región en materia de inseguridad. Es evidente que existen leyes que obligan a las personas a adecuar su conducta a prácticas socialmente aceptadas como correctas, las cuales se convierten, por voluntad del Legislador, en leyes de observancia obligatoria. Así, es obvio que no debemos matar (además es un mandato bíblico en la tradición judeo cristiana) o apropiarnos ilegítimamente de la propiedad que no nos pertenece (robo, hurto y figuras penales similares).

Sin embargo, a pesar de estas conductas prohibidas (por lo tanto, que obligan a una conducta de no matar y no robar), en la región la cantidad de homicidios es la más alta del mundo. ¿Desconocen los asesinos, especialmente los sicarios, que es prohibido matar? Claro que lo saben! Tanto lo saben que por eso su “servicio” es altamente cotizado, ya que saben que entre más violenten la ley de forma gravosa (nada es más grave que quitar la vida a una persona), más cotizado y caro será su servicio en el mercado de la criminalidad.

¿Y qué tiene que ver la violencia y la criminalidad con el cumplimiento de los derechos laborales? Directamente poco, pero, desde el punto de vista cultural mucho o todo. Me explico: parte de los grandes déficits democráticos de la región se deben a la falta de una cultura cívica asentada profundamente en un religioso cumplimiento por parte de todas las personas de las reglas que cada sociedad, organizada por medio de un Estado, se ha autoimpuesto.

Una buena parte de la tragedia de violencia que azota a la región se debe ya no solo a la falta de respeto de las personas a las reglas sociales tanto escritas como no escritas, sino incluso a un temor cada vez menor hacia el castigo estatal. Si las personas no temen que el Estado los castigará pronta y oportunamente por violar sus Leyes, no tendrán los elementos disuasorios y racionales para adecuar su conducta a la legalidad.

Esta lógica opera tanto en materia de seguridad como en el ámbito laboral. No hay diferencia. Si un empleador no teme, asumiendo que sabe que está violando la Ley, que el Estado lo sancionará de forma rápida y suficiente por su quehacer ilegal, lo seguirá haciendo todo el tiempo que quiera. Sin embargo, y peor aún, este tipo de conductas ilegales tienen múltiples efectos secundarios, incluyendo el efecto “copy cat”: otros empleadores, viendo que tienen que “competir” en condiciones desiguales con otros que no cumplen la Ley, puede ser que terminen haciendo lo mismo que sus “colegas competidores”: si el otro no cumple y no le pasa nada, por qué entonces yo sí debo cumplir la Ley, asumiendo un costo mayor (casi el 50% de la planilla, por ejemplo, en muchos de nuestros países, por concepto de cargas patronales)?

Por supuesto que esta es una visión cínica y perversa. Pero existe y opera. Sucede en la clandestinidad, pero también opera, en menor medida, de forma pública. Así, se pasa de la tolerancia negativa (aceptación o indiferencia por el actuar ilegal de los demás) a una complicidad en la ilegalidad (ahora lo copio en la inobservancia de la Ley).

Entonces, por cínica e inmoral que sea la lógica, no dejará, tristemente, de existir.

Qué se debe hacer, entonces, para revertir esta cultura de incumplimiento? Lo primero y más importante, es que el Estado sea efectivo en el castigo a quienes incumplen: detectando a quienes lo hacen, previniéndolos en el caso laboral, de cesar su conducta y pagar las multas que por ley corresponden, y, si es del caso, clausurando su actividad y atacando su patrimonio en casos muy graves.

Tristemente, lo anterior opera sólo de forma excepcional. Los Estados son incapaces, en general en toda la región, de supervisar el quehacer de los empleadores. Si acaso inspeccionan a los formales (a no más del 10% de ellos, en general, en la región). Pero menos lo hacen con los empleadores informales, aquéllos que del todo no cumplen ninguna o muy pocas reglas del juego.

Hoy los empleadores formales que sí cumplen con la Ley, y que son la gran mayoría, tienen un argumento moral muy fuerte: el Estado a veces se ensaña con ellos mientras que los informales (más de la mitad en la región), no son inspeccionados y actúan con total impunidad.

Por ello, la prioridad de los Gobiernos debería ser la formalización de las personas trabajadoras, ya que es a ellas a quienes se les violan todos o casi todos sus derechos laborales. Las Inspectorías Laborales de los Ministerios de Trabajo, por ejemplo, deberían priorizar los lugares y actividades que actúan de forma abiertamente ilegal, realizando acciones de investigación para identificarlos en detalle cruzando información con el Seguro Social, y estableciendo metas realistas de formalización de actividades hoy informales.

Al menos Costa Rica y Honduras realizan esfuerzos para darle mayores potestades sancionatorias a sus Inspecciones Laborales. Son bien intencionadas. Y probablemente mejoren el cumplimiento de los empleadores que en general ya cumplen (los formales). Pero tal y como están planteadas, poco o nada harán para atacar el principal problema laboral de la región, el empleo informal y precario.

Las reformas actuales mencionadas en el párrafo anterior, presentan un defecto de fondo: si constitucionalmente se acepta que en sede administrativa se pueden imponer sanciones sin garantías suficientes, necesariamente eso pasa por algún tipo de revisión de algún órgano plenamente jurisdiccional (del Poder Judicial). Y, de esta forma, caeremos en el problema actual de origen: los Tribunales Laborales son casi todos muy ineficientes para conocer casos laborales y para imponer sanciones efectivas. Además de tardar al menos dos años en promedio para una resolución de primera instancia, en muchas de las denuncias de la inspección los casos son desestimados o archivados por múltiples factores, incluyendo la debilidad del procedimiento inspectivo, la falta de impulso oficioso de quien acusa e indiferencia de los jueces laborales, la pésima aplicación del Derecho Laboral por jueces de formación civilista, o porque al final el Estado no fue capaz de ejecutar la sentencia condenatoria en la sede de ejecución.

Las Leyes ayudan a modificar conductas ilegales, pero no siempre y no todas. Se ocupa mucho más que eso. Y lo primero es que el Estado sea efectivo en su aplicación general para todas las personas físicas y jurídicas. Pero, para que sea sostenible el respeto a la Ley en el largo plazo, se ocupa crear cultura. El Estado nunca podrá, ni debe, supervisar a todo mundo y en todo momento. Lo que debe hacer, por sobre todo, es asegurar las condiciones para facilitar el cumplimiento; hacer que cumplir la Ley sea fácil y no complejo y caro como es hoy.

Finalmente, más allá de la buena o la mala fe de las personas para cumplir la Ley, lo cierto es que se ocupa un Estado facilitador, tanto con legislación sensata y amigable con su cumplimiento, como con un aparato público efectivo que prevenga, identifique y sancione rápida y sensatamente a quienes incumplen. Y la prioridad debe ser la formalización del empleo, que es donde más se violan los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Y así, de paso, les aseguro que disminuirá sustancialmente la pobreza que hoy nos avergüenza.

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