La Trata de Personas en Costa Rica

Hazel Villalobos
Coordinadora de Asuntos Técnicos
FUNPADEM

Costa Rica, a nivel regional es reconocida por ser país de destino y tránsito de trata de personas. Por ello, ha realizado esfuerzos para articular su legislación y sus instituciones para combatir el delito y la atención de las víctimas.

El Código Penal en su artículo 172, reconoce la trata de personas como un delito que comprende “promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular”.

Además del Código Penal, el marco legal se compone de la Ley N° 8315 del año 2002, que ratifica el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo.

Debilidades en la lucha contra la trata de personas

A pesar de este marco legal, el reciente Informe de Trata de Personas del Gobierno de Estados Unidos, así como las mismas autoridades costarricenses (como la Unidad de Trata del Organización) reconocen que el delito de la trata de personas es aún un gran reto para el país. Hay pocos servicios para la atención de las víctimas y se reconoce la existencia de “cifras ocultas” en cuanto al delito de Trata de personas, ya que no se aplica correctamente la legislación y, por ende, la sanción correspondiente.

La definición del delito de trata de personas es muy estrecha ya que exige el desplazamiento de la víctima y la mediación del engaño. Esto hace difícil la distinción entre el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y el proxenetismo (y otros relacionados), y de trata de personas con fines de explotación laboral y la infracción de los derechos laborales. Por ello, en casos en los cuales se debería penalizar por trata de personas por explotación sexual, se penaliza por rapto propio (artículo 163 del CP), corrupción (art. 167 del CP), o por proxenetismo y proxenetismo agravado (art 169-70 del CP). Algo similar sucede cuando la trata de personas es con fines de explotación laboral, cual se penaliza por infracción a los derechos laborales.

Lo anterior provoca, directamente, dos consecuencias: (1) Invisibilización del problema y por ende ineficiente respuesta del Estado para prevenir y combatir el delito, así como para crear mecanismos oportunos de atención; y (2) las personas victimarias reciban penas más bajas de las que deberían, (en algunos casos, hasta de 10 años menos!) o incluso el peor de los casos, que las víctimas reciban sanciones por un delito que no cometieron.

Necesidad de acciones urgentes

Tanto para controlar como para prevenir este delito se necesita de acciones en cuatro niveles:

1) Información: El primer paso es informar al público en general qué es la trata de personas y cuáles son sus manifestaciones comunes, esto con el fin de que una persona promedio sea capaz de identificar situaciones de trata de personas y pueda, además prevenir ser víctima de este delito. Un actor muy importante en la divulgación de la información son los gobiernos locales por medio de las policías municipal, las cuales pueden ser canales privilegiados de información y constituirse en un canal de confianza, apoyo y confidencialidad de la comunidad.

2) Visibilización: La trata de personas ha sido invisibilizada en el país, muchas personas lo consideran como un delito conexo o una simple consecuencia del crimen organizado. Las noticias dan mayor importancia al tráfico de drogas y/o al tráfico ilegal de armas que a la trata de personas. Los y las costarricenses han construido una cultura de tolerancia negativa hacia el problema, ocasionando una cantidad baja de denuncias. Es necesario que las autoridades visibilicen el impacto de la trata de personas en el país, sus efecto y consecuencias, y el papel de la sociedad en su combate.

3) Sensibilización: Es necesario poner “cara” a la trata de personas con el fin de que las personas se sienta “cerca del problema”. Es importante enfatizar que este problema no discrimina género, raza ni edad; cualquier personas puede ser víctima de este problema, un familiar cercano: mamá, hermano(a), sobrino(a); vecino(a) o amigo(a). Esta sensibilización permite que las personas se unan a la causa y combatan el flagelo.

4) Movilización: Para combatir la trata de personas, la clave es la DENUNCIA. Los tres niveles anteriores permiten la creación de una cultura de autocumplimiento sostenible que induzca a las personas a denunciar cualquier situación que identifiquen como trata de personas.

Este modelo integral se basa en la promoción activa de la ciudadanía, donde las personas no esperan pasivamente que las instituciones resuelvan, sino que se vuelven actores protagónicos en la lucha contra la trata de personas; que finalmente afecta directamente la vida de las personas, a veces lejanas y otras veces cercanas.

Si usted identifican el problema y lo tolera, se vuelve cómplice de la trata de personas, por eso si usted observa una situación sospechosa de trata: DENUNCIE, no sea cómplice de este cruel delito!.

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