Nuevos Enfoques para Enfrentar el Narcotráfico

Por Max Loría
Director del Programa de Prevención de la Violencia y Seguridad
FUNPADEM

Un reciente artículo publicado en el Blog de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo nos recordaba que: “De acuerdo con las cifras más recientes, en 2012 en el mundo ocurrieron 437,000 homicidios dolosos, lo que equivale a una tasa mundial de 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pese a que alberga a menos del 9% de la población del planeta, el 33% de los homicidios ocurrieron en América Latina y el Caribe”. Luego de varios intentos para identificar las razones de los altos niveles de violencia en la región, el mismo artículo concluye que la principal causa es la presencia de las redes y mafias del narcotráfico en los países de la región.

Este no es un fenómeno nuevo. Ya son varios años que los países han intentado enfrentar el problema con una estrategia de fuerte confrontación y control al tráfico de drogas, en algunos países hasta han involucrado a las fuerzas militares para detener el paso de estas organizaciones criminales. Esto se ha llamado la “guerra contra las drogas”, y sus resultados son, hasta el momento, bastante inciertos. Se han invertido muchos recursos, se han decomisado cantidades de droga, y ciertamente se han desarticulado importantes “carteles” nacionales e internacionales. Sin embargo aún abunda la violencia, las altas tasas de homicidios y el consumo de drogas, incluso aumentando la incidencia en menores de edad. Son muchos los sectores que han llamado el “fracaso de la guerra contra las drogas”.

El problema ha sido estudiado con profundidad. Un grupo denominado la “Comisión Global sobre Políticas de Drogas” está compuesto por figuras de renombre como Koffi Annan, Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria, Ernesto Zedillo, Mario Vargas Llosa y otros. Publicaron, en el 2014, el informe: “Asumiendo el control: Caminos hacia Políticas de Drogas Eficaces”, que presenta algunas recomendaciones novedosas, interesantes y sobre todo diferentes a los enfoques que hemos seguido hasta ahora. Algunas de estas recomendaciones son:

  • Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar, esto requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.
  • Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.
  • Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.
  • Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, “mulas” y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.
  • Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.
  • Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

Como vemos, las recomendaciones proponen al menos hacer algo diferente, con lo que se espera resultados también diferentes. Se quiere concentrar los esfuerzos no en los pequeños distribuidores o en los consumidores, sino en los verdaderos líderes del crimen organizado y sus ganancias. Se debe de entender que este problema no es solo de seguridad ciudadana, sino también de salud pública, por lo cual el involucramiento del sector salud es un requisito para la construcción de una solución integral y sostenible.

Más que estar a favor o en contra de estas recomendaciones puntuales, lo que parece absolutamente cierto es que se requiere una mayor discusión de este nuevo enfoque. Si la “guerra contra las drogas” ha tenido resultados insuficientes, algo diferente y complementario debemos hacer. En el caso específico de Costa Rica, hay algunas experiencias pioneras y exitosas como un apartado (bis) al artículo 77 de la Ley 8204, para reducir las penas por introducir drogas en centros penitenciarios que son de 8 a 20 años por penas de 3 a 8 años, o incluso sentencias alternativas a la privación de libertad si las mujeres detenidas cumplen uno o varios de los siguientes criterios: 1- Se encuentre en condición de pobreza, 2- Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad, 3- Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo y 4- Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

Lamentablemente, en Centroamérica el problema del crimen organizado está creciendo, y está influenciando de manera determinante la cantidad de homicidios que se cometen en los países de la región. Eso se relaciona directamente con las políticas para enfrentar el tráfico y consumo de drogas. Pongámosle atención a estas recomendaciones y a estas innovadoras experiencias, y pensemos en hacer algo diferente desde este nuevo enfoque para enfrentar el narcotráfico.

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