¿Cuándo se reconocerá que la “guerra” contra las drogas está perdida?

Por Randall Arias
Director Ejecutivo
FUNPADEM

El año 2015 cerró, de nuevo, con cifras astronómicas de violencia en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte.  Aunque no es posible tener certeza de cuántas de las miles de muertes anuales se deben a la narcoactividad, es evidente que un alto porcentaje de los asesinatos tienen directa relación. Esto, no sólo por rencillas entre los productores, distribuidores y vendedores, sino además por toda la actividad ilícita asociada a las drogas: lavado de dinero, trata y tráfico de personas, etc.

Ya son décadas desde que el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, decidió enfrentar las drogas como una “guerra”. Y son décadas también en que no sólo el consumo de drogas, especialmente en los países ricos, sino además la narcoactividad, se extiende sin control. En todo este tiempo ha habido múltiples iniciativas y se han gastado millones de millones de dólares enfrentando una guerra que cada día produce más violencia.  Y entre más caro sea el costo de esta lucha, más alto será el precio por conseguir este producto en el mercado ilegal.

Se podría decir que mucho se ha debatido sobre esta guerra, pero la verdad es que no es cierto. Apenas se empieza a discutir, con cierta amplitud y sin dogmatismo, hacia dónde nos lleva esta guerra, especialmente en América Latina y de forma particular en Centroamérica. Porque no es lo mismo el problema de la narcoactividad de Nuevo Laredo en el lado gringo de la frontera con México, que del lado de Ciudad Juárez.

Esto evidencia que en países con fuertes democracias, Estados de Derecho fuertes y suficiente dinero, el tema de las drogas se enfrenta con buenas fuerzas de policía, mientras que en los países, como los nuestros, que en general carecen de estos atributos, sí opera una guerra abierta, con miles y miles de muertes.

En el 2012 los Ex Presidentes Zedillo de México, Gaviria de Colombia y Cardoso de Brasil lanzaron un informe que, valientemente, proponía reenfocar la lucha contra este flagelo. Afirmaban, en general, que  “Regular no es lo mismo que legalizar. Ese punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo del producto, sin ilegalizarlo” (http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/10/actualidad/1334091409_706501.html). Propusieron un enfoque realista y pragmático, basado en la evidencia histórica que demuestra que “40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y Centroamérica, la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad democrática”.

Luego el entonces Presidente de Gutemala, Otto Pérez Molina, propuso debatir la necesidad de buscar una forma diferente de combatir a los narcotraficantes, incluso más allá de lo que el presidente Santos de Colombia había planteado en el 2011, cuando afirmó que no estaría en contra de discutir sobre la legalización, si eso conllevaba erradicar la violencia ligada al tráfico de drogas, señalando que le gustaría que se hablara de regular no solo la marihuana.

Evidentemente esta sola discusión incomoda a Washington y a las fuerzas conservadoras y los halcones que ahí anidan. Y es entendible, porque así se complace a los sectores conservadores que piensan que pueden imponer su credo a la conducta de las personas que no forman parte de su feligresía, y, de paso, alimentan una frondosa industria de guerra. Además, y finalmente, los miles de muertes los ponemos en América Latina, y muy especialmente en el Triángulo Norte de Centroamérica.

El debate parece que quedó zanjado con la férrea oposición de Washington. Y parece que hacia el Sur sólo restaba la resignación, y luego poner la mano para pedir ayuda económica, policial y militar. Esta es, entonces y de facto, la Política de Estado que prevalece en la región, a pesar de sus pésimos resultados, amén de los miles de muertos que se cuentan anualmente.

Sin embargo, esto no significa (o, al menos, no debería) la resignación de la sociedad civil crítica y autónoma. Al menos quien escribe no tiene certeza de cuál es el óptimo de política pública en la materia. Pero lo que sí es evidente es que las políticas de las últimas cuatro décadas son un fracaso total. Y también se sabe que el tema de las drogas debe verse, en primer lugar, como un problema de salud pública. Y también sabemos que en nuestras frágiles democracias, la consecuencia de la narcoactividad, además de violencia, es de debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad democrática, no sólo del Estado de Derecho, especialmente por la vía de la corrupción que utiliza la narcoactividad para cooptar las estructuras de Gobierno.

Entonces, ¿por qué renunciar a debatir al menos opciones alternativas de política ante una guerra que a todas luces es un fracaso y nos enluta, por cientos, todos los días? Lo menos que deberíamos hacer, es no dejar de reflexionar y debatir al respecto.

 

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