Deuda Indígena histórica ¿Se necesita más voluntad política?

Por María José Badilla
Asistente Técnico de FUNPADEM

El reconocimiento y la ratificación de varios instrumentos internacionales para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha causado que los Estados tengan la obligatoriedad de abogar y respetar los derechos de la ciudadanía, sin importar raza, edad o género. La relevancia del ser humano y de valorarse como iguales ha sido una lucha constante a través de la historia.

Según datos de la UNICEF (2007) en Latinoamérica la población indígena oscila entre 45 y 50 millones de personas, que pertenecen a más de 400 grupos étnicos. En países como Guatemala, Bolivia y Ecuador, representa más del 40% de la población total y en otros como Costa Rica y Brasil, representa menos del 1% de la población total.

Aunque la población total indígena costarricense no represente porcentualmente una parte significativa de la población, aún los gobiernos no han sido capaces de satisfacer sus necesidades básicas  y la protección de sus derechos. Aún Costa Rica tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas.

La realidad de los 24 territorios indígenas costarricenses es diversa. El correcto estudio de las necesidades básicas de los pueblos indígenas es esencial. Por ende, la consulta a los pueblos indígenas es vital para cubrir estas necesidades y crear políticas públicas en pro de la calidad de vida de estas personas.

Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando una decisión legislativa o administrativa puede afectarles directamente. Esta consulta debe ser previa, libre e informada. Sin embargo desde la rectificación de Costa Rica de este instrumentos internacional en el año 1993 no se cumple lo relativo a la consulta previa indígena del convenio, principalmente porque no se había construido  los procedimientos  de coordinación y aplicación:

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art. 6 del Convenio 169 de OIT)

No obstante, el actual gobierno costarricense inició esfuerzos para construir ese mecanismo de coordinación y aplicación del Artículo 6 del Convenio 169, así como el empoderamiento político de estos pueblos indígenas. Los primeros pasos están contenidos en la directriz ejecutiva N 042-MP denominada “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, donde se establece una plataforma de diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas para elaborar un mecanismo nacional de consulta. Parece que la gran deuda de voluntad política ante asuntos indígenas de 23 años empieza a saldarse.

A pesar de las críticas que ha tenido el actual gobierno, este proceso es un gran atino a la dedicación, visión e inclusión de todos los habitantes de Costa Rica.

Bibliografía

Gobierno de Costa Rica (s.f) Preguntas frecuentes sobre consulta indígena. Consultado del sitio web:  http://www.consultaindigena.go.cr/preguntas-generales/

OIT. (1989, 06). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 . OIT. Consultado el día  30 de Setiembre del 2016, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf

UNICEF. (2007). Conocimientos y Percepciones de la población sobre Pueblos Indígenas en Costa Rica. Costa Rica: UNICEF-Costa Rica.

 

 

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