DISCUSIONES SOBRE LA LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA EN EL SALVADOR

Por Diego Acuña Picado
Técnico e investigador de FUNPADEM

El 13 de julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de ese país (promulgada el 20 de marzo de 1993). Esta ley absolvió los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante la Guerra Civil de El Salvador desde 1980 a 1993, concediendo amnistía de manera “amplia, absoluta e incondicional” (Decreo No. 486, 1993). Este aspecto fue reprochado en ese momento por el órgano de la Corte Suprema de Justicia; ya que si bien es cierto el derecho internacional permite que los países adopten amnistías, esto no quiere decir que el órgano legislativo se encontrara en potestad de decretarla bajo esas condiciones, y por último señaló también que en tales condiciones se desconocía la protección de derechos, investigación e identificación de los responsables materiales e intelectuales y las sanciones adecuadas que permitieran a las víctimas, acceso a la justicia (Sala declara inconstitucional la Ley de Amnistía, 2016).

En retrospectiva, la Guerra Civil de El Salvador inició el 10 de enero de 1981 y finalizó 11 años después (el 16 de enero de 1992). En esta participó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de ese entonces, dejó aproximadamente 75.00 fallecidos y 7.000 desaparecidos (BBC; 2017). Los efectos de la guerra salvadoreña son hoy visibles no solo con las muertes, desapariciones y las terribles consecuencias que una guerra civil por si sola conlleva, sino que también, a través de un país sumido en la violencia, una frágil institucionalidad, y estancado en su desarrollo socioeconómico en general.

Actualmente, hay un proyecto legislativo, llamado “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional”. Este proyecto, busca establecer penas alternativas para aquellas personas acusadas que confiesen delitos y cuenten  la verdad sobre lo ocurrido, y dejaría sin efecto las penas impuestas a aquellas personas condenadas a 10 años de cárcel o menos. Mientras que, aquellas personas que poseen condenas de más de 10 años deberán cumplir sanciones de “trabajo de utilidad pública”; por un período máximo de 10 años (Human Rights Watch; 2019. Además en el mismo proyecto se establece que en un plazo de cinco meses a partir de su entrada a vigencia, la Fiscalía General de la República creará un único listado de casos a ser investigados y procesados judicialmente. Esto, quiere decir que el Fiscal con base en una serie de criterios (como la extrema gravedad, representatividad, viabilidad y patrones, comportamientos o prácticas de violencia más ofensivas), podrá determinar cuáles casos continuarán a ser juzgados con base en los nuevos criterios establecidos.

El proyecto de ley ha sido propuesto al finalizar un año de trabajo por un cuestionado grupo de diputados, conformado por ex- – guerrilleros y militares retirados (EFE; 2019). Esto, evidentemente, hace que existan iuna serie de cuestionamientos en torno a si verdaderamente este grupo era el adecuado para estudiar las implicaciones de la ley de anulación de la ley de amnistía. Recientemente, la Comisión Política del Congreso de El Salvador convocó a víctimas de la guerra para así escuchar su postura con respecto a la ley ya mencionada. No obstante, actualmente la iniciativa no cuenta con el suficiente apoyo legislativo para ser aprobada. Diversas entidades internacionales como la Uni`´on Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han opuesto de manera vehemente a la amnistía.

Algunos de los casos que serían reabiertos han tenido implicaciones históricas en El Salvador, como la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de Óscar Arnulfo Romero (¡980) y el asesinato de padres jesuitas; todos casos con graves daños a los derechos humanos.

Las leyes de amnistía han sido siempre discutidas de manera muy amplia, ya que suponen un mecanismo mediante el cual un país puede continuar con su desarrollo una vez terminada una guerra interna. En el caso salvadoreño, implica que muchos crímenes en el país – aunque hayan acontecido hace mucho tiempo – queden impunes. Los es desde una perspectiva de derechos humanos de las víctimas es inaceptable, ya que las víctimas ni sus familias tendrán una verdadera restauración del daño, condiciones necesarias para cerrar los capítulos sangrientos como estos, principalmente  en este país centroamericano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Legislativa. Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. (1992). Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). De la Locura a la Esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. Recuperado de: http://www.cultura.gob.sv/wp-content/uploads/2016/02/De-la-locura-a-la-esperanza.pdf

SA. (31 de mayo de 2019). El Salvador: Preocupante proyecto de ley sobre justicia transicional. Human Rights Watch. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2019/05/31/el-salvador-preocupante-proyecto-de-ley-sobre-justicia-transicional

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sala declara inconstitucional la Ley de Amnistía. (2016). Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sala-declara-inconstitucional-la-ley-de-amnistia/195142/2016/

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