Archivo de la categoría: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD

LA RELACIÓN ENTRE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA

Por Pamela Salazar Ramírez
Asistente Administrativa FUNPADEM

Para nadie es un secreto que el aumento de la delincuencia en nuestra sociedad, aunado a la problemática del crimen organizado y al consumo de sustancias psicoactivas (que parecen cobrar más adeptos en nuestra juventud), reflejan hechos alarmantes que se tienen lugar en nuestros centros educativos. Lo cual provoca que sea la juventud siendo la juventud la más afectada, cuyas consecuencias engrosan la información diaria de los medios de comunicación (Zúñiga, 2012).

Como consecuencia a lo anterior, se obtienen situaciones negativas como la deserción escolar, la violencia dentro de algunos de los centros educativos y la carencia de programas de prevención ejecutados por equipos interdisciplinarios. Durante el año 2015, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública registró 240 denuncias formales por situaciones de abuso o agresión entre estudiantes (MEP; 2016). Este problema involucra también a los padres de familia; actores claves en el proceso de socialización de sus hijos, y  también a las instituciones públicas y privadas, por lo que el trabajo en equipo es arduo y requiere de compromiso, unido a la comunicación que debe existir entre las partes involucradas.

Desde hace ya varios años se ha buscado imponer la revisión de bultos a la entrada de los centros educativos, pero el Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene la política de confiar la decisión al director de cada escuela o colegio. No todos aplican la revisión, otros lo hacen en los días siguientes a cada tragedia o escándalo, pero pierden interés con el tiempo, y muchos simplemente confían en la tranquilidad de sus comunidades. (La Nación, 2011).

El hecho de confiar esa decisión al director de cada escuela o colegio ha generado disconformidad ya que se podría considerar que velar por la seguridad de los estudiantes es una obligación irrenunciable y no una tarea optativa. Esto por cuanto el ingreso de armas o sustancias ilícitas portadas por estudiantes genera en la mayoría de los casos actos de violencia y tragedias, además de la colaboración de terceras personas cuando es requerido.

La revisión de mochilas y el fortalecimiento del protocolo de ingreso de particulares no impedirá del todo el ingreso de drogas y armas a los planteles. No hay sistemas de seguridad perfectos, y en los centros educativos estos procesos pueden ser aún más engorrosos, mas es imperante implementar alguna medida en aras de disminuir la violencia en los centros educativos. Entre ellas, cabe destacar una formación por parte de los docentes para adquirir aptitudes de prevención de la violencia y resolución de conflictos. Esta medida puede ser implementada a través de formación en materia de resolución de conflictos, enfoques de organización escolar basada en derechos humanos y educación para la paz (UNESCO; sf).

Actualmente, se debe aceptar que desde la Gran Área Metropolitana hasta el más lejano rincón de nuestro territorio, la comunicación de los adolescentes ya no es con sus padres, sino con sus pares o “amistades” mediante video juegos, filmaciones con celulares que después difunden por Internet y/o los famosos “chats” de la aplicación WhatsApp.

Ante estos casos, se deben realizar convivencias dirigidas a los educadores, como espacio de reflexión de las normas y valores, sobre la familia, la escuela y la comunidad, promoviendo la comunicación, así como a los programas preventivos y de sensibilidad antes que represivos, en donde haya una sociedad rica en valores con personas y profesionales responsables, con ética y deseosos de dar lo mejor de si al país.

Es el momento de fijar la mirada en las instituciones educativas ante el aumento de la demanda de los progenitores y los educadores, para dar respuesta a la problemática en el aumento del consumo de sustancias prohibidas por parte de grupos de estudiantes y manifestaciones violentas que de ellas se generan en los centros educativos; los educadores y educadoras deben retomar la autoridad y volver a enseñar en cuanto a los valores y la responsabilidad como lo hicieron en el pasado educadores y educadoras a quienes hoy se les agradece dicha formación.

Estamos a tiempo de retomar nuevamente los Centros Educativos y plantear las interrogantes a nuestra juventud en cuanto al lugar protagónico que representan en la sociedad el valor que subyace en sus derechos y deberes, a la vez, haciendo hincapié que los centros educativos no son campos de batalla, sino centros de formación de personas. 

Referencias Bibliográficas

Araya, R. (s.f.). Guía para la Elaboración de Planes de Gestión del Riesgo en Centros Educativos. Consultado el 17 de Mayo de 2017, en http://www.mep.go.cr/sites/default/files/gpgrce.pdf

La Nación. (2011). Seguridad en los centros educativos. Consultado el 17 de Mayo de 2017, en http://www.nacion.com/opinion/editorial/Seguridad-centros-educativos_0_1208679169.html

Radio La Primerísima & Diario La Extra. (2017). Costa Rica, copada por el crimen organizado. Consultado el 18 de Mayo de 2017, en http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/222203/costa-rica-copada-por-el-crimen-organizado-dice-diario

Ulloa, F. (s.f.). Seguridad Escolar: El caso de Costa Rica. Consultado el 17 de Mayo de 2017, en http://www.oas.org/dsd/Spanish/Desastresnaturales/Eventos/Presentation/Microsoft%20PowerPoint%20-%201.pdf

Ministerio de Educación Pública (MEP). 2016. MEP profundizará acciones contra el abuso y la violencia en los espacios educativos. Recuperado de: http://www.mep.go.cr/noticias/mep-profundizara-acciones-contra-abuso-violencia-espacios-educativos

UNESCO. (sf). Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf

Journalism: A state of emergency in Mexico

Lauri Álvarez
Pasante de FUNPADEM
Estudiante Universidad Nacional

The increasing violence against reporters in Mexico has led to an undermining of the concept “Freedom of Press”. Freedom of the Press is the cornerstone of a democracy and a free society both of which Mexico claims to be. Historically, Mexico was a one-party system in which the government monopolized the news industry. There was an unspoken mandate secured through large government funding that there would be no defamation of the government. Mexico transitioned to a democratic state in 2000 which extinguished state-regulated press. However, this supposed freedom of the press was coupled with violence against reporters (Fox; 2017).

In the 2017 World Press Freedom Index, Mexico was ranked 147th out of 180 countries with a score of 48.97 next to Syria and Afghanistan (RSF; 2017). This poor ranking reflects the lack of government accountability in the protection of its reporters and commitment to freedom of press. Over the past six years there have been 800 cases of violence against reporters brought to court but only two convictions (NY; 2017).  An anonymous Mexican law enforcement official said, “It isn’t that they can’t solve these cases, it’s that they don’t want to or aren’t allowed to…Dead journalists look bad for the government, but it’s even worse if they were killed as a result of their work” (ibid). The corruption that plagues the government and law enforcement officials sets a dangerous precedent that crimes against reporters will go unpunished.

Norte, a newspaper published along the Mexican border of Juarez announced in April that it would be shutting down due to the increased violence against reporters and the lack of punishment towards the offenders (Telegraph: 2017). The closing of a newspaper can be deemed extremely problematic due to the perpetuation of an ignorant population from a lack of information. This environment of violence and uncertainty sparks the necessity of self-censorship or forced censorship which furthers the ignorance of a population. To further the problem, reporters who are not victims of violence are often co-opted or paid off by members of organized crime groups. This co-opting of the media results in a distortion of reality and a manipulation of perception. The net result is a population whose information is a creation of private, criminal, and political interests.

Until 2015, Mexico City was considered a relative safe-haven for those threatened by violence. The International Press Freedom Group housed more than 70 internally displaced journalists within the city. That sense of safety was shattered by the murder of renowned photo journalist Ruben Espinosa on July 31st, 2015, along with three women, including a young activist. Ruben was known for his advocacy work calling for investigations of the murders of fellow journalists (Telegraph: 2015). His death ignited a fear amongst journalists everywhere, as it became clear that there was no long any safe-haven.  This sense of pervasive danger was exacerbated by the top prosecutor’s labeling of the execution-style murder as a common place robbery (ibid).

The measure of a country’s freedom ultimately lies in the freedom it accords its press. A country may call itself a democracy but if its citizens aren’t receiving reliable information it is only a democracy in name not in fact. If Mexico truly wants to be a democracy it must start by allowing its press the freedom to report the facts perceived and provide checks and balances on the power of government.

Bibliographic References

Ahmed, A (2017, April 29). In Mexico, ‘It’s Easy to Kill a Journalist’. New York Times. Retrieved May 16, 2017 from: https://www.nytimes.com/2017/04/29/world/americas/veracruz-mexico-reporters-killed.html?_r=0

Pizzey-Siegert, N. (2015, August 10). Mexico’s journalists in fear after murder of reporter in ‘safe haven’ city. Fox News. Retrieved May 16, 2017, from: http://www.foxnews.com/world/2017/04/04/journalists-in-mexico-killed-in-record-numbers-along-with-freedom-speech.html

Press, A. (2017, April 03). Local Mexican newspaper closes citing killings of journalists. Telegraph. Retrieved May 16, 2017, from http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/03/local-mexican-newspaper-closes-citing-killings-journalists-

2017 World Press Freedom Index. (n.d). Reporters Without Borders. Retrieved May 16, 2017, from: https://rsf.org/en/ranking?#

 

EL TERRORISMO DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Por Juan Carlos Chacón Redondo
Pasante de FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas (UIA)

Si bien el terrorismo ha sido definido por la Real Academia Española (RAE) como aquella “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, el ser humano ha tergiversado este concepto otorgándole múltiples acepciones, no obstante, en los años más recientes se ha determinado que este es un fenómeno intangible (Orozco, 2007, p.116). Frecuentemente, los medios de comunicación en Occidente informan sobre los hechos más relevantes relacionados con atentados y ataques perpetuados por organizaciones fundamentalistas de países del Medio Oriente, mas este fenómeno no es ajeno a las fronteras latinoamericanas

De acuerdo con la definición de autores como Rodríguez (2012), este problema representa “una conducta encaminada a causar terror en la sociedad y debilidad en sus instituciones, utilizando para el desarrollo del mismo, métodos degradantes e inhumanos que atentan contra la vida (…) y la estabilidad del Estado” (p.87). Con lo anterior se evidencia que la idea que se nos ha vendido de que el terrorismo es causado mayoritariamente por organizaciones fundamentalistas del Medio Oriente, es tan solo otro sesgo mediático que pretende enmarcar a un enemigo en común, con la finalidad de ver a Occidente como el sector inocente y perjudicado de la situación actual que experimenta el mundo.

Sin embargo, sería un insulto ético, obviar que en Latinoamérica se han desatado múltiples sucesos de terror a lo largo de su historia.  Ejemplo de ello, es el caso de terrorismo de Estado desarrollado en Chile, donde se vieron violentados de manera severa los derechos humanos de los chilenos, en la época en que Augusto Pinochet lideraba en el poder. Un caso homólogo, es la situación actual que acontece en Venezuela, con el incremento en las protestas, las muertes y la violación a la democracia por parte del poder absoluto que representa Nicolás Maduro, quien evidenció recientemente su deseo de obtener aún más poder mediante una Asamblea Nacional Constituyente, acción que según BBC Mundo (2017) fue considerada como un “fraude constitucional”.

Aunque Venezuela representa el caso más extremo de la situación que acontece actualmente en el continente, no se debe olvidar, que en los últimos años el terrorismo se ha expresado en otras facetas como el secuestro, la extorsión, el tráfico de órganos, el narcotráfico y la gran cantidad de cárteles presentes en países como México y Colombia, los cuales realizan diversos actos violentos que generan disconformidad en la actual sociedad latinoamericana. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, s.f) cerca de 5 mexicanos son secuestrados cada día. Por su parte, el periódico El Tiempo (2016), menciona que en Colombia durante los últimos 46 años fueron secuestrados cerca de 32.733 ciudadanos.

De acuerdo con datos del sitio web Vision of Humanity (2016), sobre el índice global del terrorismo en los países anteriormente mencionados, se puede evidenciar el grado de terrorismo que experimentan los Estados-Nación de la región latinoamericana, situando a  México en la posición 50, a Venezuela en la 77 y el caso de Colombia que se ubica en el puesto 26 (siendo 163 el número de países involucrados en este indicador y el número con menor grado de terrorismo). Con lo anterior, se refleja que los acontecimientos actuales relacionados con actividades terroristas, no solamente se dan en Medio Oriente. Este índice evalúa inclusive los casos de Honduras (90), Guatemala (90) y El Salvador (130), representando éstos, escenarios en donde el terrorismo está presente cotidianamente.

A lo largo de la historia, Latinoamérica ha sido participe de actos terroristas que suponen un panorama incierto sobre lo que acontece realmente en las sociedades del continente, además  el hecho de que la información  sea manipulada, otorga mayor poder  a aquellos que controlan  las fuentes de información. Los acontecimientos que toman lugar en Venezuela, hoy en día, ejemplifican un escenario complejo en donde las protestas, el poder político exacerbado, las muertes, el control de los medios de comunicación y la perversión hacia los derechos de los ciudadanos denotan claramente la falta de voluntad política tanto nacional como internacional por actuar de manera diplomática con respecto a la coyuntura actual. Otro escenario es El Salvador, en donde la realidad supone una atmósfera tensa y enrevesada, por ejemplo es el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, la cual, si bien, supone una mejora en la seguridad nacional para los salvadoreños, no representa una relación equitativa entre lo que se dice en la teoría con respecto a lo que ocurre en la práctica y a pesar de que se ha tratado de erradicar el problema “no se habla de cómo resolver los problemas graves de pobreza y desigualdad que generan la violencia”(BBC Mundo, 2015).

En síntesis, se debe abordar el tema mediante mecanismos de diálogo que incentiven la resolución de los conflictos de manera pacífica, priorizando la prevención de la violencia, minimizando las persecuciones, las muertes injustificadas y la incidencia de organizaciones criminales,  de manera tal que se garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos. Por último, los organismos internacionales deben actuar respondiendo de manera democrática y ética, ante las necesidades que presenten los ciudadanos por  acciones que atenten contra la dignidad humana, la seguridad individual, los intereses colectivos y la vida misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASBBC Mundo. (25 de agosto 2015). ¿Qué significa que declaren terroristas a las maras en El Salvador?. Consultado del sitio web http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150825_el_salvador_pandillas_mara_terrorista_an

BBC Mundo. (2 de mayo 2017). El presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Consultado del sitio web http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863

El Tiempo (27 de diciembre 2016). Los secuestros en Colombia se redujeron un 92% desde el 2000. Consultado del sitio web http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-secuestros-en-colombia-en-el-2016-42728

Orozco, J. (2007). ¿Hacia una globalización totalitaria?. Consultado del sitio web https://books.google.co.cr/books?id=JwmTJrv1YvUC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=terrorismo+es+intangible&source=bl&ots=2Q_adQNNN-&sig=UudFWSSkivdMcrVXX05BY8nQpEM&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=terrorismo%20es%20intangible&f=false

Real Academia Española. (s.f). Terrorismo. Consultado del sitio web http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=terrorismo

Rodríguez, T. (2012). El terrorismo y nuevas formas de terrorismo. Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México. Consultado del sitio web http://www.redalyc.org/pdf/676/67622579005.pdf

Universidad Nacional Autónoma de México. (s.f). Secuestros en México. Consultado del sitio web https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/secuestros-en-mexico

Vision of Humanity.(2016). Índice Global de Terrorismo. Consultado del sitio web http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/

Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del 2017: Un Balance sobre Centroamérica

Por Juan Carlos Chacón- Pasante FUNPADEM
y Hazel Villalobos – Gerente Técnica FUNPADEM

En este mes se publicó el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del 2017 realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este informe evalúa los esfuerzos de los países en la lucha contra el tráfico de drogas y el fortalecimiento de la seguridad.

A nivel de Centroamérica el informe reporta un avance en los esfuerzos de los países en la lucha contra el narcotráfico principalmente las alianzas subregionales, sin embargo señala grandes retos que abordar en fortalecimiento de capacidades y lucha contra la corrupción. A continuación se presentan los principales resultados por país de la región:

Guatemala

Estados Unidos trabaja conjuntamente con las autoridades guatemaltecas para mejorar la capacidad del Gobierno en brindar la seguridad y la justicia.

  • Avances:

Para el año 2016, Guatemala alcanzó un positivo y notable progreso en la lucha contra las organizaciones criminales demostrando una mejora en la capacidad institucional e inter-institucional y la cooperación regional.

  • Desafíos:

La corrupción desenfrenada, la desconfianza del pueblo en las instituciones gubernamentales, persistencia de  crímenes violentos, y recursos presupuestarios para combatir el narcotráfico limitados.

Además la sostenibilidad de los resultados alcanzados en el 2016 depende de un fortalecimiento de las leyes mediante reformas, y la agilización de los procesos judiciales por parte de las instituciones de justicia, para así mejorar la cooperación y la interinstitucionalidad, otorgando un adecuado apoyo financiero a aquellos organismos y ministerios relevantes para el país.

El Salvador

El informe señala que El Salvador fortaleció su capacidad para combatir el narcotráfico en 2016.

  • Avances:

Según el informe las autoridades han demostrado una mayor capacidad para llevar a cabo investigaciones complejas, así como una efectiva coordinación, compartiendo información entre organismos y contrapartes extranjeras con el fin de desmantelar a las estructuras del crimen organizado. Asimismo, el Gobierno salvadoreño comprende que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana es esencial para promover el crecimiento económico del país, enfatizando en el enfoque continuo en el PESS y la participación en La Alianza Regional para la Prosperidad.

  • Desafíos:

La aplicación satisfactoria del Plan El Salvador Seguro (PESS), una mayor  atención a la delincuencia organizada, el fortalecimiento del liderazgo del Gobierno en la prevención del delito, la seguridad y el Estado de Derecho, la disminución del riesgo de corrupción mediante un mejor desempeño y contratación de los funcionarios del sector de seguridad y justicia basada en el mérito.

Además, deben realizarse reformas sostenibles al sistema penitenciario para aprovechar los avances temporales mediante la implementación de medidas que permiten asegurar que las organizaciones criminales no estén operando dentro de las cárceles.

También se deben hacer esfuerzos para mejorar las operaciones de interdicción, especialmente la de drogas, lavado de dinero y otros aspectos relacionados al contrabando.

Honduras

El gobierno de Honduras avanzó en el año 2016, para hacer frente a las deficiencias presentes en la seguridad ciudadana y en las instituciones de justicia. En respuesta a esto, Estados Unidos recalibró su asistencia para dar un nuevo impulso a los esfuerzos para reformar su fuerza policial (civil) y mejorar la capacidad de fiscalía.

  • Avances:

El Gobierno de Honduras tomó medidas para desmantelar e interrumpir algunas organizaciones de narcotraficantes, entre ellas la extradición de narcotraficantes de alto perfil, el despliegue de las fuerzas de seguridad en las partes del país sometidas al control y la captura de altos líderes de este tipo de organizaciones. Los resultados son positivos, ya que las extorsiones, los secuestros y los homicidios dolosos disminuyeron a partir del año 2015. Por otra parte, las impresiones de los ciudadanos con respecto a la policía nacional de Honduras están mejorando.

Nicaragua

Nicaragua, en cooperación con Estados Unidos y otros países trabajaron para luchar contra el tráfico de drogas en el año 2016.

  • Avances:

El Gobierno nicaragüense implementa una estrategia integrada para desarrollar políticas y programas para reducir la demanda de drogas, combatir el narcotráfico y mejorar la coordinación institucional.

  • Desafíos:

Continuar con el esfuerzo de monitorear el espacio aéreo, terrestre y marítimo en la vulnerable costa del Caribe y las regiones fronterizas del Pacífico del país, que siguen siendo las principales vías para el narcotráfico internacional. Prestar una mayor atención a la ampliación de la cobertura de los programas de prevención de drogas y la instalación de programas rehabilitación de drogas. Además, realizar esfuerzos más fuertes y consistentes para cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la región.

Por último, abordar mejor la corrupción institucional y la falta de independencia judicial para mejorar los esfuerzos del control de drogas en suelo nicaragüense.

Costa Rica

A pesar de los esfuerzos del país para lograr fortalecer la lucha contra el narcotráfico, existen desafíos fiscales que amenazan con socavar los avances logrados en materia de seguridad y justicia de los últimos años.

  • Avances:

Costa Rica ha logrado fortalecer la cooperación con socios regionales, en donde se resalta el exitoso compromiso que tiene este país con Panamá y Colombia en el tema de la lucha contra el crimen organizado.

  • Desafíos:

Burocracia compleja y cambios de liderazgo en puestos clave del sector seguridad y justicia que vuelve más lento el proceso de instalación de capacidades para combatir los principales desafíos que atentan contra la seguridad de la Nación. Se destaca la corrupción como un problema persistente en la sociedad costarricense. Además, se debe de fortalecer la seguridad fronteriza tanto marítima como terrestre para luchar eficazmente contra el tráfico de drogas.

Dentro de las prioridades que Costa Rica debe abarcar, se plantean tres principales:

  1. Profesionalización de las instituciones policiales y judiciales, junto con la implementación de medidas que velen por la reestructuración y la anticorrupción.
  2. Uso de técnicas avanzadas de investigación dirigidas al crimen organizado.
  3. Promulgar leyes que limiten la acción de las bandas organizadas y sus ingresos en el territorio. La estadística muestra que Costa Rica fue una de las tres vías principales para el traslado de cocaína hacia los Estados Unidos en el 2016.

Panamá

De acuerdo con el informe el gobierno panameño continuó apoyando operaciones coordinadas e investigaciones de lucha contra el narcotráfico en 2016.·      Avances:Panamá sigue siendo considerado como uno de los líderes regionales en la interdicción y las incautaciones de narcóticos, además el Presidente Varela ha expresado su deseo por ampliar aún más el liderazgo regional del país. Desafíos:La magnitud general de la amenaza de las drogas supera la capacidad de los servicios de seguridad de Panamá para manejarlo solo, por lo que se ve obligado a que países como Estados Unidos intervengan para la implementación de reformas. La burocracia y la incapacidad, son dos de los elementos principales que obstaculizan la capacidad del sistema judicial para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales o para procesar con eficacia a los criminales más conocidos.       

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2017). International Narcotics Control Strategy Report. Consultado el 8 de marzo del 2017: https://www.state.gov/documents/organization/268025.pdf

 

Tasas de Homicidios en Centroamérica del 2006 al 2016: Balance de una década

Por Hazel Villalobos
Gerente Técnica FUNPADEM
Especialista en Seguridad y Prevención de la Violencia

A pocos meses de conmemorarse los 30 años de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, aún se puede observar como la paz plena y duradera aún está lejos de llegar a esta región del mundo.  Se ha considerado a Centroamérica como la región más violenta del mundo, esto a pesar de que en ninguno de los países existe un conflicto armado declarado.   Los esfuerzos para lograr la pacificación de la región, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de los estados de derecho se ven cercenados con el surgimiento de nuevas amenazas internas principalmente relacionadas a las violencias del crimen organizado y a la delincuencia (Urcuyo, 2009 p 44)

Balance de una década

En la primera década del siglo XXI, la violencia aumentó considerablemente en la región. Las tasas de homicidios se disparan en varios países, principalmente los del Triángulo Norte.  Sobre este tema, el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 indica que el promedio total de la región centroamericana es de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tres veces más alto que el promedio mundial. (Orozco et al, 2010).

Sin embargo, la segunda década de este siglo la violencia parece disminuir y es a partir del año 2012 que la mayoría de los países centroamericanos empiezan a reportar disminuciones en sus tasas de homicidio doloso, siendo la excepción del caso: El Salvador y Costa Rica (ver tabla N1)

Tabla N1Screen Shot 2017-01-19 at 11.16.24 AM.pngFuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Insigh Crime y UNODC. Para el año 2013 los datos provienen de PNC (GU), IML (ES), UNAH(HO), PN (NI), OIJ (CR) y Ministerio de Seguridad (PA).

Guatemala: A partir del 2012 la tasa de homicidios en este país empieza a registrar una disminución constante, pasando de 39.9 en el 2012 a 27.3 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2016. La tasa de homicidios del 2016 es la más baja de la última década.

Honduras: Del 2010 al 2014 fue el país más violento de Centroamérica, llegando a tasas de homicidios dolosos mayores a 90 puntos. Sin embargo a partir del 2012 se inicia registrar una disminución que alcanza su ímpetu en el 2016 con 59.1 puntos (32.3 puntos menos que el 2012).

La tasa de homicidios dolosos más baja de esta década la registra en el 2006.

El Salvador: Desde el 2015 El Salvador es considerado como el país más violento de la región. En el período 2011-2013 registró la disminución más significativa de la violencia, esta tendencia se le atribuyó a la Tregua pactada entre las dos pandillas más grandes y violentas de este país: M18 y MS-13.

Aunque en el período 2015-2016 la tasa de homicidios se redujo en 21.7 puntos, aún este país triplica la tasa de homicidios que tenían en el año 1999 (36 por cada 100.000 habitantes). La tasa de homicidios dolosos más baja de esta década la registra en el 2012.

Nicaragua: Este país centroamericano es el que registra una gran mejoría en la última década, convirtiéndose desde el 2014 en el país más seguro de la región.  Nicaragua redujo en un 50% su tasa de homicidios en un lapso de siete años, pasando de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2009 a 7 en el 2016. El año 2016 registra la tasa de homicidios dolosos más baja de la década.

Costa Rica: En el año 2006 Costa Rica era el país más seguro de la región, una década después es el cuarto más violento de Centroamérica. A partir del 2007 hasta el 2009 registró un aumento de la violencia, sin embargo en el período del 2010 – 2012 la tasa de homicidios dolosos disminuye considerablemente.

Esta mejoría duró muy poco y desde el 2013 se observa un aumento en los homicidios dolosos, siendo el 2016 el año más violento en la historia de este país.

Panamá: Este país comparte un caso de éxito similar al de Nicaragua en cuanto a la disminución de tasa de homicidios. En un lapso de siete años disminuyó su tasa de homicidios en casi un 60% pasando de 22.6 en el 2009 a 9.3 en el 2016.

El año 2016 registra la tasa de homicidios dolosos más baja de la década.

Regional: A pesar, de que en la mayoría de los países de la región registran una disminución de su tasa de homicidios desde el 2012, aún el promedio total de la región centroamericana es de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes, mucho mayor  a la media mundial.

2017: re direccionando esfuerzos para disminuir la violencia

Existen muchas hipótesis que tratan de explicar la tendencia a la disminución de la tasa de homicidios de algunos países centroamericanos; algunas positivas como la mayor inversión de las políticas sociales, la ayuda de la cooperación internacional, la tregua entre maras, el mayor involucramiento de la sociedad civil , etc; y otras nada positivas y hasta polémicas como el subregistro de homicidios y el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad ciudadana.  Por lo cual, sería de gran apoyo que académicos, decisores y funcionarios de los gobiernos realicen investigaciones a profundidad en busca de las verdaderas razones. Esto permitiría identificar buenas prácticas , fortalecerlas y replicarlas en otros espacios.

Los esfuerzos nacionales y regionales deben de seguir, pero esta vez deben estar re direccionados a seguir disminuyendo la tasa de homicidios en el Triángulo Norte, en detener el aumento de la violencia en Costa Rica y seguir manteniendo la disminución de la violencia en Nicaragua y Panamá.

Además, es de mucha importancia que la cooperación internacional y los organismos regionales abarquen integralmente la violencia en la región, aunque es cierto que la tasas de homicidios que registran los países del sur son mucho menores que las de los países del Triángulo Norte, la violencia no considera fronteras. Un caso claro de esto es la situación que actualmente afecta a Costa Rica.

Referencias Bibliográficas

Acuerdo de Esquipulas II (1987). Disponible en http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Esquipulas%20II.pdf

Insight Crime (17 Enero 2017) Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2016. Consultado el día 17 de Enero del sitio web http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016

PNUD (2009-2010) Índice de Desarrollo Humano para América Central “Abrir espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano”

UNODC  (s.f) Intentional homicide count and rate per 100,000 population,by country/territory  2009- 2012. Disponible en http://www.insightcrime.org/images/PDFs/UNODChomicides.pdf

Urcuyo, C (2009) Seguridad: un reto para la gobernabilidad democrática. En Trejos, M (comp.) El Salvador: La integración Regional: Instrumento de Desarrollo Nacional. Las crisis y la seguridad.-1 ed- San José, CR. 2009.

En Centroamérica aún existe la esclavitud

Pamela Salazar Ramírez
Asistente Administrativa FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales, UIA.

A nivel regional, Centroamérica es la zona que presenta los mayores índices de desigualdad, exclusión y violencia. Muchas personas se han visto forzadas a huir de sus países para combatir de alguna forma la pobreza y el riesgo de perder la vida a falta de comida, servicios de salud, educación y/o seguridad. (Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, 2009).

Estas condiciones han favorecido para que miles de personas centroamericanas sean víctimas de esclavitud. Flagelo que muchas veces pasa imperceptible para las autoridades de estos países de la región. De acuerdo a los datos de la fundación australiana Walk Free, en Centroamérica existe alrededor de 96.900 personas que están bajo alguna forma de esclavitud, siendo los países del Triángulo Norte los que registran más víctimas (ver tabla N1).

Tabla 1. Cantidad de víctimas de esclavitud en Centroamérica según Walk Free Foundation (2016).

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En Costa Rica por ejemplo, los casos más frecuentes de esclavitud son de ciudadanos chinos continentales, quienes son traídos por otros conciudadanos quienes les prometen un “paraíso laboral”, ingresándolos al país sin documentos. Sin embargo, cuando llegan a su destino la realidad es otra y son forzados a trabajos inhumanos en condiciones deplorables. En El Salvador, la esclavitud se da principalmente en las labores de campo y la prostitución de jóvenes que son llevadas (algunas son secuestradas) de las zonas rurales a las ciudades (Carrillo, 2016).

En Honduras, la pederastia o pedofilia es la forma más frecuente de esclavitud que afecta a la niñez. Las víctimas, son principalmente niñas que son raptadas por organizaciones criminales que las vende como objetos sexuales a extranjeros, lo que comúnmente se le llama “turismo sexual infantil” (Vergara, 2016).

Se presume que la mayor causa de la esclavitud que se presenta en el istmo es por razones de deuda. Las víctimas especialmente son aquellas personas que inmigraron hacia los Estados Unidos y fueron descubiertas en estado ilegal y posteriormente deportadas. Estas personas adquirieron una deuda significativa para pagar su viaje a EEUU y al fracasar, regresaron sin nada y con un compromiso por pagar. La manera que encuentran para solucionarlo es la de servir a una organización criminal en condiciones esclavistas. (OIM, 2013).

Cabe destacar que las pésimas condiciones que se sufren en estas actividades ilícitas afectan por igual a hombres, mujeres, adolescentes y niñez; sin embargo, las mujeres y las niñas son las más afectadas. El respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y el derecho a una vida digna no deberían entrar en discusión, sin embargo las organizaciones criminales se aprovechan de las necesidades de estas personas para esclavizarlas.

Hasta que tengamos una Centroamérica más próspera, con mayores y mejores oportunidades socioeconómicas para las clases más bajas y poblaciones en condición de vulnerabilidad, flagelos como la esclavitud no se extinguirán.

Referencias Bibliográficas

Carrillo, A. (2016). Centroamérica: la trata de este otro lado del mundo. Tomado el 03 de Enero de 2017, de http://www.revistapueblos.org/?p=21380

OIM. (2013). Trata de personas con fines de explotación laboral en Centroamérica: Síntesis Regional. Tomado el 09 de Enero de 2017, de http://www.crmsv.org/documentos/OIM-Trata%20de%20Personas%20con%20Fines%20de%20Explotaci%F3n%20Laboral%20en%20CA.pdf

Vergara, B. (2016). ¿Esclavitud en América Latina? Cómo en 2016 la explotación infantil sigue vigente. Tomado el 05 de Enero de 2017, de http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/10/04/824707/Esclavitud-en-America-Latina-Como-en-2016-la-explotacion-infantil-sigue-vigente.html

Walk Free. (2016). What is modern slavery? Tomado el 09 de Enero de 2017, de https://www.walkfree.org/modern-slavery-facts/

¿CÓMO SE ABORDA LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA?

Por
Diego Acuña, Asistente Técnico FUNPADEM
Hazel Villalobos, Gerente Técnica FUNPADEM

En la última década, la región centroamericana se ha visto involucrada en una constante lucha contra la violencia producto del crimen organizado. Los países del Triangulo Norte han centrado su lucha principalmente contra las pandillas  como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. Esto ha provocado que los decisores de estos países hayan apostado por estrategias, principalmente de “mano dura” —que no son necesariamente efectivas— para combatir los flagelos de la violencia.

En tal sentido, los tres países han realizado una serie de esfuerzos para disminuir las altas cifras de violencia en sus países, no obstante el alcance de los resultados han sido muy modestos. Reflejo de ello son las altas tasas de homicidios por cada cien mil habitantes en El Salvador (2016: 81,7), Honduras (2016: 58,8) y Guatemala, (2016: 27,3) que superan grandemente los 10 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra a partir de la que la Organización Mundial de la Salud considera  la violencia como epidemia (Estepa; 2016).

A pesar de que en El Salvador se logró disminuir la cifra de homicidios entre el 2015 y el 2016,  de 6.656 a 5.278 (1.378 homicidios menos) pasando de una tasa de homicidios de 102,4 a 81,7 (Reuters, 02 de Enero 2017), su abordaje sigue siendo aún cuestionable. La apuesta del gobierno salvadoreño fue combatir a las pandillas de forma coactiva incorporando al ejército en su lucha contra las pandillas, impulsando la remilitarización de la seguridad ciudadana. En torno a este tema se discute también que el descenso puede atribuirse al cese al fuego externado por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en marzo del año anterior (BBC; 2016). Ya que en ocasiones anteriores las treguas entre las pandillas en este país han provocado un considerable descenso en los homicidios, como lo fue en el caso del 2012, donde la cantidad de homicidios se redujo a la mitad.

Por otra parte, la reciente iniciativa por parte de Honduras, Guatemala y El Salvador de crear la “Fuerza de Tarea Trinacional”, una alianza militar-policial trinacional  para combatir de manera conjunta el crimen organizado y detener las pandillas, prueba una vez más que estos países aprueban y promueven la remilitarización de la seguridad ciudadana , que va contra el espíritu de los Acuerdos de Paz (pactados hace casi tres décadas atrás). Los países han primado el fortalecimiento de los ejércitos y les han dado un rol protagónico en la lucha contra las pandillas en sus países, esto a pesar de lo pactado[1] en el proceso de paz  a finales de la década de los ochentas.

A pesar de que la lucha contra el crimen organizado trasnacional requiere de iniciativas que aborden la problemática como un fenómeno trasnacional que sobrepasa las fronteras de los países, las últimas decisiones de estos países apuntan solamente a estrategias coactivas a través del ejército para combatir la violencia. Por ello, la lucha contra el crimen organizado trasnacional debe ser integral tomando en consideración el diseño y ejecución de políticas públicas sociales eficientes destinadas a promover la educación y el empleo formal, el fortalecimiento de las policías nacionales civiles y un recio involucramiento de los gobiernos locales en las comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estepa, H. (2016). La fuerza militar conjunta con la que Centroamérica quiere acabar con las ‘maras’. El Confidencial. Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-28/alianza-militar-centroamerica-lucha-maras_1305966/

BBC Mundo. (2016). ¿Qué hay detrás de la dramática reducción en el número de asesinatos en El Salvador en el ultimo mes? Recuperado de:  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160504_el_salvador_asesinatos_baja_cifra_abril_maras_ps

El Heraldo (12 de Diciembre 2016) Reducción de 1.31 puntos en a tasa de homicidios de 2016 proyectan autoridades. Recuperado de:

http://www.elheraldo.hn/pais/1025688-466/honduras-reducci%C3%B3n-de-131-puntos-en-la-tasa-de-homicidios-de-2016

Reuters (02 de Enero 2017) El Salvador reduce 20,7 pct homicidios en 2016 por efectividad de medidas de seguridad. Recuperado de: http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN14M12U

Terra (01 Enero 2017) Guatemala cerro 2016 con 258 homicidios menos que 2015. Recuperado de https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/guatemala-cerro-2016-con-258-homicidios-menos-que-2015,fd3dfb71203c3e8932f23c88252f9011q0w9gype.html

[1]  “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica” (1986) suscrita por todos los países centroamericanos, señala, entre varias cosas, que para lograr la paz en la región es necesario adoptar medidas nacionales en materia de seguridad y desarme, indica además que la superioridad militar como objetivo político de los Estados constituye no solo una amenaza a la seguridad nacional sino también un factor desestabilizador en la región.

 

El lado oscuro de ser mujer indígena en Guatemala

Por  Pamela Salazar Ramírez
Asistente Administrativa FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales, UIA.

Guatemala es el segundo país en el mundo con mayor porcentaje de población indígena, sólo por detrás se encuentra Bolivia (El País, 25 de Noviembre de 2016). La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2014), muestra que el 79% de los indígenas y el 76% de la población rural son pobres; donde las mujeres indígenas son las más afectadas por el rechazo, las diferencias económicas (salariales) y la discriminación racial.

Las tasas de analfabetismo que enfrentan los adultos mayores indígenas llegan hasta un 40%. Su nivel educativo es muy bajo, con sólo cuatro años cursados en promedio, las mujeres indígenas generalmente completan menos de dos años de estudios completos. Para aquellos que logran permanecer en la escuela, la calidad educativa a la que tienen acceso es pésima; los maestros carecen de la preparación adecuada, además de que los recursos que necesitan para estimular su aprendizaje, como libros de texto y tecnología es escasa (Cooperación para la educación, 2016).

De acuerdo al Informe Violencia contra las mujeres indígenas en Guatemala, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 2007, la mayoría de mujeres indígenas no logran culminar el nivel primario, principalmente por las condiciones de pobreza en que viven y la falta de cobertura educativa que tienen en el país.

El Informe también expresa que los bajos niveles educativos que presentan, impiden que las mujeres indígenas de Guatemala tomen conciencia de sus derechos humanos y puedan obtener mejores oportunidades de empleo. Al mismo tiempo esto limita su capacidad para negociar con los empleadores y aumenta su vulnerabilidad a la violencia tanto en la ámbito público y privado.

Igualmente, una de las causas de la violencia contra la mujer indígena es el analfabetismo, ya que se encuentran marginadas y de esta manera no pueden exigir sus derechos, sufriendo de la indiferencia de las políticas del Estado guatemalteco (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2007).

Cuatro pueblos con identidad y cultura propia conforman este país centroamericano: mayas, garífunas, xincas y ladinos. Aunque el país todavía no ha sabido canalizar la inminente presencia de este sector de la población, el resultado es la desigualdad y la pobreza. De esta manera, los ladinos y los indígenas han presentado tensiones históricas aún no resueltas en un país cuya población posee el 41% de personas de alguna etnia; y casi un cuarto de su población son mujeres indígenas.

El estatus de superioridad de los “blancos” (como los denominan los indígenas), y las enormes dificultades que afronta el pueblo maya se unen a la condición de supremacía del hombre y la circunstancia de inferioridad de la mujer indígena por su doble condición de vulnerabilidad: ser mujer e indígena. En Guatemala, las mujeres indígenas no sólo se ven afectadas por los índices más bajos de bienestar económico y social, sino que además no tienen otra alternativa que lidiar con una sociedad machista.

En las áreas rurales, con un porcentaje mayor que el de la ciudad, las guatemaltecas indígenas deben seguir y/o cumplir una serie de reglas que son impuestas moralmente por la sociedad. Algunas de ellas son el no poder asistir a la escuela, no poder trabajar o bien, no poder participar de reuniones o grupos para la toma de decisiones. Esto le sucedió a Nicolasa Julajuj de la etnia kaqchikel, quién relata que una de sus hijas sufre un tipo disfunción al hablar y cuando viajó a la Ciudad de Guatemala en busca de tratamiento para su hija, el médico la recibió pero al verificar su procedencia indígena, el traje típico que portaba y su escaso español, la aisló completamente, además que le negó el tratamiento y las medicinas (El País, 25 de Noviembre de 2016).

Sus hermosos trajes típicos, señal de su identidad maya, y el gran analfabetismo que sufren por la misma opresión machista, son los dos principales factores por lo que estas mujeres indígenas son víctimas del racismo y la marginación. Testimonios como el de esta indígena, y muchos otros, ponen en evidencia las injusticias y los abusos que miles de ellas enfrentan para salir de la pobreza extrema y para velar por el reconocimiento y protección de sus derechos. Sin embargo, a pesar de las dificultades por su condición de género, afirman sentirse orgullosas de ser lo que son: mujeres y a la vez indígenas (El País, 25 de Noviembre de 2016).

Guatemala, y el resto de Centroamérica, deben de fortalecer la lucha contra la discriminación y la marginación que viven día con día este sector en sus propios territorios. Es alarmante ver como para muchos centroamericanos, estas personas son “indios” que solo merecen estar en sus tierras sin las mismas oportunidades que los demás. Muy por lo contrario, son estas personas quienes realmente merecen que se les brinden esas oportunidades de desarrollo y de mejoramiento de su calidad de vida, son seres humanos igual que todos y con las mismas capacidades para sobresalir en Centroamérica y en el resto del mundo si así se lo proponen.

Referencias Bibliográficas

Centro de Noticias ONU. (2011). Guatemala: Mujeres indígenas padecen triple discriminación, afirma ONU. Tomado el 29 de Noviembre de 2016, de http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=21619#.WDxfOKLhDzI

CEPAL. (2014). Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y pendientes para la garantía de sus derechos. Tomado el 06 de Diciembre de 2016, de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0E6D82A7037121775E9A2D4585D6B55F?sequence=1

Cooperación para la Educación. (2016). La pobreza y la educación. Tomado el 06 de Diciembre de 2016, de http://www.coeduc.org/es/guatemala/pobreza.html

Haro, J. (2016). Periódico El País. Mujer e indígena: segregación segura. Tomado el 28 de Noviembre de 2016, de http://elpais.com/elpais/2016/11/24/planeta_futuro/1479982631_515774.html

Instituto Nacional de Estadística. (2016). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Tomado el 06 de Diciembre de 2016, de https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/condiciones-de-vida

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2007). Violencia contra las mujeres indígenas en Guatemala, páginas 59-60. Tomado el 06 de Diciembre de 2016, de http://www.ohchr.org.gt/documentos/publicaciones/Estudio%20sobre%20violencia%20dom%C3%A9stica%20hacia%20mujeres%20ind%C3%ADgenas.pdf

 

 

EL FENÓMENO MUNDIAL QUE AMENAZA A LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA

Raquel Céspedes Ortiz
Pasante FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

En América Latina y el Caribe existe una importante brecha entre la violencia de género y las respuestas estatales. Según el informe sobre “La regulación del delito de en América Latina y el Caribe” de las Naciones Unidas, el 50% de los femicidios se concentran en 25 Estados a nivel mundial, de los cuales 14 países pertenecen a la región latinoamericana (Garita, A. s.f.; 14).

Cabe aclarar que los términos femicidio y/o feminicidio se han venido usando en el ámbito internacional indistintamente del debate político-jurídico conceptual al respecto (Garita, A. S.f.; 16). Incluso en la región latinoamericana se suma el concepto de homicidio agravado dependiendo de la legislación de cada país. Sin embargo, lo que interesa resaltar es el preocupante aumento que registra la región en casos de ¨homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de ser mujer¨, sin importar la tipificación penal que utilice cada Gobierno.

De acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expuestos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe del 2015, dentro de los países con mayor presencia de asesinatos a mujeres por razones de género se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Las tasas más altas a nivel regional corresponden a El Salvador y República Dominicana. Mientras que Argentina y Guatemala se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 femicidios cada uno en el 2014. En promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en Latinoamérica (2016; 1).

Lo más grave es que una mayoría de los casos quedan en la impunidad, según el reporte sobre “Prevenir los Conflictos, Transformar la Justicia, Garantizar la Paz” de las Naciones Unidas (2015; 7).

Asimismo, In Sight Crime de la Oficina de las Naciones Unidas para Droga y el Delito (ONUDD) señala que los femicidios ocasionados en el ámbito de las relaciones de pareja constituyen la forma más dramática de violencia contra la mujer. Así como el crimen organizado transnacional asociado a pandillas, trata de blancas y acciones del narcotráfico. También denuncia la impunidad generalizada en los casos de trata de personas, el temor a denunciar los crímenes y la gran rentabilidad del mercado hasta de US $320 millones al año solo en la región de América Latina (2016; 1). Lamentablemente esto hace que la victimización femenina sea una realidad sin resolver.

Aunque 20 países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes que castigan la violencia contra las mujeres, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), indica que solo 8 países del continente asignan recursos específicos en el presupuesto nacional y cuentan con herramientas jurídicas idóneas para combatir la violencia de género. Además, escasean las estadísticas oficiales (invisibilización del fenómeno) y los sistemas judiciales suelen ser lentos.

Alcanzar la autonomía de las mujeres es imprescindible para enfrentar este fenómeno mundial. Esta es definida por las Naciones Unidas como “el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En ese sentido, existe una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente” (2005; 114). Si esto se logra entonces las féminas pueden lograr decidir sobre su propia vida, el derecho a una vida sin violencia, sobre su salud sexual y reproductiva, generar recursos y disponer de ellos con libertad, y participar en las instancias de toma de decisiones (OIG, 2014; 12).

Urgen acciones direccionadas a fortalecer los mecanismos de denuncia, servicios de apoyo a las víctimas así como mejorar el registro de datos en la región. Además la incorporación en el sistema educativo de herramientas para la prevención de este y otro tipos de violencia. En la educación está la clave de la prevención.

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). Feminicidio. 23 de noviembre de 2016. En: http://www.cepal.org/es/infografias/feminicidio.

Insightcrime. (2016). ¿Por qué Latinoamérica tiene las tasas de feminicidios más elevadas del mundo? 23 de noviembre de 2016. En: http://es.insightcrime.org/analisis/por-que-latinoamerica-tiene-tasas-feminicidios-elevadas-mundo.

Naciones Unidas. (2015). Prevenir los conflictos, transformar la justicia y garantizar la paz. Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En: http://wps.unwomen.org/en.

Naciones Unidas. (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.05.II.G.107.

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (2014). Informe anual 2013-2014. ”El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe” Santiago de Chile.

Garita, Ana I. (s.f.). La regulación del delito de en América Latina y el Caribe. Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres Ciudad de Panamá, Panamá. En: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf.

Hacinamiento: El problema penitenciario de Centroamérica

Por Josué Abarca Anchía
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas
Pasante FUNPADEM

La ONU define el hacinamiento carcelario como el momento en que la tasa de ocupación supera el 100% de la capacidad de  diseño u operativa de un centro carcelario. Este problema de dimensiones globales azota hoy más que nunca a los sistemas penitenciarios centroamericanos, y es considerado como una violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pues las necesidades y garantías básicas de los reos como sus derechos a la salud, privacidad, satisfacer sus necesidades fisiológicas, e incluso estudiar; se tornan violentas e inseguras.

En Centroamérica, el hacinamiento en los centros penitenciarios se ha generado debido a factores como la carencia de infraestructura, el uso irracional de la prisión preventiva, inflexibilidad en la ejecución penitenciaria, las capturas ilegales y masivas de personas como solución a los problemas de seguridad ciudadana, políticas represivas de “mano dura”, de “guerra contra la delincuencia” y la lógica del “enemigo interno” y “contención de la marginalidad”. Estos factores han propiciado una hipertrofia legislativa en la materia penal dentro de los Estados centroamericanos, lo cual ha generado la creación o el aumento las penas privativas de libertad. (Ulloa & Araya, 2016, pág. 5)

El problema del hacinamiento carcelario ha generado una apatía estatal y social, pues desde el punto de vista político-electoral, el trato humanitario de las personas privadas de libertad no es un atractivo de votos para candidatos políticos. Esto debido a que parte de la población centroamericana considera que las cárceles son espacios oscuros donde se encuentra lo “peor de la sociedad”, “ciudadanos de segunda categoría” los cuales deben de ser aislados de la sociedad.

Si bien parte de la población centroamericana no tiene interés por la situación de las personas privadas de libertad, los pactos internacionales que protegen los derechos humanos obligan a los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es por ello, que la situación inhumana en que viven miles de personas en los centros penitenciarios debe de ser tratada con urgencia por los países de la región, pues no hay excepción en la región, todos los países cuentan con cárceles con cifras alarmantes de hacinamiento.

El hacinamiento genera que dentro de los centros penales se propicie la violencia,  lo cual acaba provocando que en lugar de ser un reformatorio, estos se conviertan en escuelas de criminalidad generando barreras al acceso de las pocas oportunidades labores y estudiantiles que se les ofrece a los privados de libertad. Asimismo, el hacinamiento interfiere con los procesos de reinserción social de los reos, pues con las grandes masas acumuladas de personas es imposible clasificar a los internos.

Los Estados centroamericanos no deberían considerar la construcción de más cárceles como su principal solución al hacinamiento, pero tampoco deben desecharla por completo; al contrario de tener esta como su única respuesta al tema, se deben de integrar reformas a las leyes estatales en las que se consideren:

  • El desarrollo de una política de atención al sistema penitenciario, tanto gubernamental como civil, con tendencia a la reinserción del recluso a una sociedad más justa, democrática y participativa.
  • Asignación de un presupuesto adecuado para el funcionamiento de los centros penales, que permita ampliar la cobertura y la atención en servicios de reclusión.
  • Relegar la pena de prisión a aquellos casos que verdaderamente lo ameriten, procurando la estimulación y efectiva utilización de sanciones no privativas de libertad.
  • Tomar en consideración soluciones alternativas a los conflictos como lo son: “La suspensión del proceso de prueba”, ”la conciliación”, y cualquier otra solución alternativa.

Finalmente, la población centroamericana debe de entender que ante un sistema penitenciario saturado, la creación de más cárceles genera un circulo viciosos en el que provocará que estas se vuelvan a llenar de reos, por lo que se le debe de recordar a la población que las cárceles son como los basureros; pues: “La gente quiere más cárceles y más basureros, pero lejos de su mirada general”. (Artavia, 1999, pág 284)

Referencias Bibliográficas

Artavia, P. (1999). Una reflexión sociológica de la problemática penal costarricense: ¿Ceder derechos a cambio de seguridad? San José: UCR.

Matías, P. (2007). ANÁLISIS JURÍDICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO GUATEMALTECO. Guatemala: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

OEA. (2011). INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS. Washington D.C: OEA.

OEA. (2013). INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN HONDURAS. Washington D.C: OEA.

OEA. (S.F). Situación actual del sistema carcelario guatemalteco. Washington D.C: OEA.

Paredes, J. (S.F). El Salvador: Situación del Sistema Penitenciario. San José .

Robles, O. (2011). El HACINAMIENTO CARCELARIO Y SUS CONSECUENCIAS . Revista Digital de la Maestria de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

Ulloa, J., & Araya, M. (2016). Hacinamiento carcelario en Costa Rica: una revisión desde los Derechos Humanos. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, 1-32.