Archivo de la categoría: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Costa Rica aún en deuda con su niñez

Por Dayana Espinosa Patti
Internacionalista
Asistente Técnica en FUNPADEM

“Quien quiera que sea. Donde quiera que viva. Cada niño merece disfrutar de su infancia”

Con énfasis en que ninguna niña, niño o adolescente se quede atrás en el “tren del desarrollo”, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Costa Rica, presentó su informe de labores del año 2017. En él, se presenta la situación actual, las acciones realizadas, los retos y logros en favor de la niñez y adolescencia en el país.

¿Cómo está Costa Rica?

Costa Rica es un país de renta media alta que, en los últimos 30 años, ha cuadriplicado sus ingresos per cápita. Cuenta con una democracia establecida y en términos de desarrollo humano, en 2017 ocupaba el puesto 9 en América Latina y el Caribe y el 66 entre 188 países de todo el mundo. Sus indicadores sociales muestran que ha tenido progresos significativos en temas como la alfabetización, la cobertura en educación primaria y secundaria, la nutrición, el desarrollo integral, la inmunización y la reducción de la mortalidad infantil, entre otros (UNICEF, 2017)

Sin embargo, el país enfrenta problemas estructurales asociados a la distribución del ingreso, la exclusión social y la calidad de algunos servicios.

Pobreza

Pese a su crecimiento económico, los niveles de pobreza se han mantenido, acarreando además un aumento en la desigualdad. Es decir, que hay más riqueza, pero se concentra progresivamente en pocas manos: en 2017, la pobreza en Costa Rica tuvo rostro de mujer y niños, basado en que 20% de los hogares está en condiciones de pobreza (305 231 hogares), de ellos, el 5.7% vivía en situación de pobreza extrema y un 44, 8% tenía jefatura femenina; además se evidenció que la niñez y adolescencia son de los grupos que se ven más afectadas, ya que el 34% de las personas que vive en situación de pobreza en el país son niñas, niños y adolescentes (INEC, 2017).

Teniendo en cuenta lo anterior es importante destacar que de acuerdo al Censo Nacional de Población del 2011, dentro de ese grupo los más vulnerables son las niñas, niños o adolescentes afrodescendientes, de población indígena, migrante o con alguna discapacidad.

Educación

Partiendo de la visión de que la educación es vital para el desarrollo y que en Costa Rica representa uno de los principales pilares de la historia nacional, convirtiéndose en una de las primeras naciones en volverla obligatoria y ofrecerla de forma gratuita desde 1869 y que la meta siempre será que todos(as) tengan acceso a una educación de calidad acorde con sus necesidades, sus intereses y su desarrollo potencial, es que la exclusión escolar se ha convertido en uno de los principales retos del sistema educativo.

Aunque se ha logrado mejoría en el país, todavía existen muchos casos de niños en primera infancia que no se encuentran matriculados en el sistema educativo o de adolescentes que no logran terminar la secundaria y sin dejar a un lado la multiplicidad de los motivos, la realidad es que existe una aguda problemática personal, familiar y social asociada a dichos hechos que limita la formación y el desarrollo de esta población.

Los datos compilados en el informe muestran que existe una mayor proporción de exclusión escolar entre las poblaciones más vulnerables por su situación social y ubicación geográfica. Además se destacó que en la adolescencia los roles tradicionales de género contribuyen a que se excluya a los jóvenes del sistema educativo, bien sea en el caso de las niñas por embarazos precoces (datos del INEC, indican que en el 2016 se dieron 10.575 embarazos en adolescentes menores de 19 años) o porque los niños están siendo orientados a que se incorporen al mercado laboral de forma temprana.

Retos persistentes

UNICEF señala que Costa Rica tiene que trabajar más para lograr la universalización de la educación preescolar, ya que en la actualidad solo 6 de cada 10 niñas y niños menores de 7 años están matriculados. Asimismo, los esfuerzos se deben dirigir en contra de la exclusión escolar, sobre todo en la población adolescente donde solo 5 de cada 10 estudiantes matriculados en educación secundaria diurna logran graduarse.

Cumplir el derecho a una familia también continúa siendo un reto pendiente para el país, ya que existen 6 mil niños y niñas sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ubicados en diversas modalidades de protección que ofrecen las instituciones. Solo en el año 2017, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió 53.359 denuncias, por algún tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Finalmente es importante reconocer los esfuerzos que estas Instituciones realizan para promover y mejorar el bienestar de lo que es el presente y será el futuro del país y la importancia que tiene la cooperación internacional y la coordinación entre las instituciones y distintas Organizaciones para que progresivamente se logre reducir la desigualdad permitiendo que cada niña, niño y adolescente disfrute de su infancia y tenga una oportunidad justa.

Fuentes consultadas:

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2018. Informe Anual 2017.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2018. Encuesta Nacional de Hogares julio 2017. Resultados Generales. Año 6. San José, Costa Rica. ISSN: 2215-3381

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2011. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. San José, Costa Rica. ISBN: 978-9968-921-92-3

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2017. Informe Mundial sobre Desarrollo Humano: Desarrollo humano para todas las personas. Compilado en: http://hdr.undp.org/es/%22%20%5Ct%20%22_blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Labor Rights in Guatemala: A NEVER ENDING STORY.

Por Sarah Castrillo
Coordinadora de Programas FUNPADEM

Guatemala has ratified an international regulatory framework towards improving labor rights compliance, which includes among its main topics employment, working conditions, wage and salary policies, occupational safety and health, and social protection. This legal framework aims to guide the legislative development of the countries regarding the strengthening and the design of national strategies and public policies in order to generate decent work and comply with the CAFTA – DR regulations.

Although progress has been made in terms of compliance with labor rights, the gap between ratification of these instruments and their effective implementation remains a challenge (OIT, s.f.). An active promotion of international labor standards and a strong support for public institutions responsible for protecting the rights of workers is necessary, specifically the Ministry of Labor and Social Security (MINTRAB).

It is very important to state that the last effort that has been developed to census and investigate statistical data on labor compliance was done in 2012, through the Public Opinion Study on Decent Work and Informal Economy, by the Association of Research and Social Studies (ASIES) which is not a governmental entity. According to this survey, the performance of the labor market has been characterized by high unemployment, non-compliance with labor guarantees and greater informality. This is decisive in explaining the growing inequality and the stagnation of income poverty. Furthermore, the Campesino Development Committee (CODECA) developed a study regarding “Labor situation of agricultural workers in Guatemala” in 2013 which provided, together with the ASIES study a set of very upsetting data regarding different topics that the CAFTA-DR agreement covers it also identifies:

Table n. 1: Information regarding labor rights violations according to CODECA and ASIES studies, 2013.

 

Minimum Wage (ASIES, 2012)

The stipulated amount for the agricultural sector in 2018 is 2,992.37 quetzals per month (this amount is approximately $ 400 USD), including the salary bonus incentive implemented by the Guatemalan government (MINTRAB, 2018). However, the opinion study revealed that more than 90% of rural workers receive an amount considerably lower than the minimum wage required by law; and in the case of women, 97% earn below the minimum wage. This fieldwork also indicated that the “bonus 14”, equivalent to an extra salary at the end of The year, is a privilege of very few families; less than 10% of the people surveyed. This naturally contributes to the lack of development and resources to improve the live quality of those who live off agricultural activity, and hinders the efforts of reducing poverty and malnutrition. (Public Opinion Study on Decent Work and Informal Economy, ASIES, 2012)
Working hours (CODECA, 2013) In Guatemala the labor legislation states that the ordinary working day corresponds to 8 hours daily/48 per week. Based on the study only 14% of farm employees work a maximum of eight hours a day; 70% indicated that work between 9 and 12 hours but without receiving the payment of extra hours. The remaining 16% claims to work more than 12 hours a day. The lack of rest hours and vacations are also recurrent.
Employment and Social Security (CODECA, 2013) The study identifies that 36% of the total labor force in the sector is composed of women and children which according to the article 102 of the Guatemalan Constitution is forbidden. Also, it should be noted that 69% of the total number of farmworkers are indigenous people, who are the ones who are victims of the most labor rights violations since they usually have only verbal contracts (because of their very basic education, or their language barrier), which hinders its insertion in the Guatemalan Social Security system (IGSS). According to the Labor Code (Article 27), the work contract can be verbal in agricultural or livestock work or in temporary work that does not exceed 60 days, and that in case of conflict the burden of proof rests with the employer (Article 30).

Also 76% of field workers in the 14 departments sampled indicated that they didn’t had a formal written labor contract and an 90% indicated that they weren’t affiliated to social insurance at all.

Freedom of association (CODECA, 2013) Although the rights of freedom of association are stipulated clearly in the Guatemalan Constitution (in articles 34 and 102 respectively) the fact of not having labor contracts and not belonging to the Social Security system puts employers in an advantageous situation in which they can force, through threats of unjustified dismissal, workers who contemplate unions or associations.
Occupational health and safety

(CODECA, 2013)

This topic should be emphasized because of the imminent dangers in the agricultural industry. According to the study, 95% of farm workers indicate the absence of basic safety and hygiene measures to carry out their work with dignity. Poisonous animals, high temperatures, high-risk chemicals and lack of drinking water are just some of the problems they must live with on a daily basis.

Source: CODECA and ASIES (2013)

On the other hand, the government is trying to strengthen labor rights compliance trough an Agricultural Policy Plan, which is composed by 4 main axes: (1) Increase in productivity and generation of surpluses in family farmers, men and women, in subsistence, subsistence and surplus; (2) Marketing, access to markets, norms and regulations; (3) Renewable natural resources and climate change; (4). Institutional management. (Agricultural Policy 2016-2020).

Although the Guatemalan government is trying to strengthen labor rights compliance, its lack of financial and human resources and capabilities is hindering the process. In addition to the fact that there are no up-to-date statistics on labor matters, the human resources dedicated to the inspection and processing of labor fines can not cope with the amount of work that this topic represents (Guatemala has a total of 24 labor regional offices they only have 179 inspectors for 16.58 million people, which is very insufficient).

Among the main obstacles identified by the study “Tendency of employment” developed by ECLAC and ISEF in 2016; in the agricultural sector there are insufficient resources to carry out inspections in rural areas, such as lack of vehicles and fuel and delayed payment of travel expenses; as well as the insufficient information available to workers regarding their rights and the difficulty they have in identifying the employer.

The Guatemalan government promoted formal work by increasing MINTRAB’s budget (15.62%), and a substantial part of this increment was dedicated to strengthening the labor inspection department through the hiring of 100 new inspectors. However, they showed important gaps in knowledge and capacities to control labor rights, especially the rights of agricultural workers (OHCHR report, 2012). To this situation its important to add that the professional profile that the MINTRAB requires from an inspector is that they are law students or have a law degree, unfortunately this means that many of the inspectors have between 3 and 10 years of being part of the IGT without having completed their career.

In 2015 the Unique Protocol of the IGT was published, which includes special guidelines to verify the rights of agricultural workers, however, it is worth noting that the budget that MINTRAB received for its inspection department was reduced that same year. The issue of the sanctioning power of the IGT is also a problem since a ruling of the Constitutional Court of August 3, 2004, declared unconstitutional the power to impose administrative sanctions, attributed to the IGT for a reform of the Code of Conduct.

Also, even when the IGT can develop a sanctioning resolution it is not a binding one, the judicial court is the entity entitled to it. For this reason, the IGT must transfer the cases to the Labor Court to grant the final sentence; however, the labor court can reopen the case and carry out again the entire conciliation process that was previously carried out in the instances of the IGT. This generates a duplicity of functions, but also the substantial problem that is currently evident in labor matters which corresponds to the moratorium of the processes in the judicial process. Since the ordinary positions of judges in offices of unique competence in labor matters are insufficient for the workflow that this subject generates.

Table n.2: Ordinary seats of judges in the offices of unique competence in labor matters according to instance between 2005 – 2010.

Instance and competence 2005 2006 2007 2008 2009 2010
First instance
Labor court 8 9 11 13 22 22
Second instance
Appeal rooms 4 4 4 4 4 4
Total 12 13 15 17 26 26

Source: Own elaboration based on the information provided by the National Center for Judicial Documentation and Analysis (CENADOJ)

Based on all the information previously displayed it is easy to state that the Guatemalan government is trying very hard to increase labor law compliance, nevertheless, the actual country conditions are impeding it.

Bibliography

ASIES. (2012). Estudio de opinión pública sobre trabajo decente y economía informal. July 20, 2018, de ASIES Website: https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/estudio-de-opini–n-p–blica-asies-2012-final.pdf

CODECA. (2013). Situación laboral de trabajadores/as agrícolas en Guatemala. July 30, 2018, de CODECA Website: https://www.servindi.org/pdf/situacion_laboral.pdf

FIDA. (2016). Tendencia del empleo agropecuario en Guatemala. Juy 22, 2018, de CEDAL Sitio web: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40724/S1601055_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guatemalan Agriculture Ministry . (2016). Política Agropecuaria. July 18, 2018, de Guatemalan Agriculture Ministry Website: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Guatemala/Publicaciones/Poli%CC%81tica_Agropecuaria_-BAJA-.pdf

Natiana Gándara. (2017). Ganaderos y agro quieren menos impuestos, el debate entre SAT y el Congreso. 27 July 2018, de Prensa Libre; Website: https://www.prensalibre.com/economia/economia/modificacion-de-ley-genera-rechazo-fiscal

 

 

 

Índice de Paz Global: Análisis de Centroamérica

Por Karla Rodríguez Barrantes
Licda. en Criminología
Especialista en Prevención de la Violencia y Seguridad

El Índice de Paz Global (IPG), es una herramienta que utiliza el cruce de variables para establecer una clasificación de los países en función del nivel de paz en que viven sus personas ciudadanas, basado en una percepción enfocada en las condiciones propias de seguridad, que se manifiestan en un territorio, en un momento determinado. El estudio califica 163 países, donde la calificación 1 es la que representa los países más pacíficos y la 163  el menos pacifico. Respecto al estudio económico de la violencia se destaca que 1 es la posición con mayores costos de la violencia representa y el 163 el que representa menor costo de la violencia.

A partir de este ranking que genera Global Peace, se busca establecer un análisis de la realidad centroamericana, profundizando en la comprensión de las tendencias, patrones y factores que impulsan a la paz en los países centroamericanos. Haciendo énfasis en los beneficios económicos y sociales que aporta a un país el construir sociedades pacíficas.

Guatemala

El IPG presenta un panorama optimista para Guatemala, pues hay una mejora en comparación a los tres años anteriores. El nivel de paz de Guatemala para el 2018  mejora en 6 puntos. En los dos años anteriores el país estaba en la posición 117  y en el 2018 llega a la posición 111 de un total de 163. La mejora se debe, a que en las categorías de medición de conflictos domésticos e internacionales y militarización, el país redujo sus indicadores, impactando en su posición general en el ranking global.

De acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Gobernación de Guatemala, se presentó una reducción en los homicidios del 15% entre enero y mayo 2018 en comparación con los mismos meses del año anterior. Y  de acuerdo a El Nuevo Diario,  se presenta una reducción en los casos de Violencia intrafamiliar de un 16,5% en los primeros cinco meses del 2018.

Sin embargo, de acuerdo al IPG el impacto económico de la violencia es de $26,873.4 millones (2017 PPP),  esto equivale al 16% del PIB, posicionando al país en el ranking 25, de los países con mayores costos económicos de la violencia.

Honduras

Situado en el puesto número 118 del ranking de Paz Global, este país presenta un aumento en sus índices de violencia. Este puntaje representa una desmejora significativa ya que en años anteriores el país había presentado avances importantes, generando esfuerzos para reducir la violencia. Estos esfuerzos se evidenciaron cuando en el 2017 logró el puesto número 106, después que en 2016 estuvo en el 111. Sin embargo, no se pudo mantener el esfuerzo y esto repercutió en el resultado de este año con una baja de 12 puntos (del 106 en 2017 al 116 en 2018).

Algunas de las acusas de esta situación (El Heraldo, 06 de Junio 2018), se deben a la violencia post electoral que se dio después del mes de noviembre 2017, la variación se genera por las protestas en las calles que desembocaron en vandalismo y violencia. Situación que se puede valorar como específica de un momento determinado, ya que en marzo del  2018, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), informó de una reducción de un 12% de los homicidios en el primer semestre del 2018.

De acuerdo al informe IPG,  el impacto económico de la violencia en Honduras es de $15.339.9 millones (2017 PPP), obtiene  el puesto número 11 (de 163), en el ranking  de los países con mayor costo económico de la violencia.

Nicaragua 

Este país se encuentra en el puesto número 68 de IPG, representando una mejora sustantiva. Entre el año 2016 al 2017 Nicaragua presentó un empeoramiento de sus condiciones, posicionándose en el puesto 74, y respecto al 2018 se produjeron factores importantes que permitieron que nuevamente el país obtuviera una mejor calificación, representada en una mejoría de 6 posiciones (del puesto 74 en 2017 al puesto 68 en 2018).

De acuerdo al estudio este país presenta baja en 2 de los 3 índices de calificación, como los son  militarización 1.6 de 5, sociedad y seguridad 2.6 de 5 y en conflictos domésticos e internacionales marca 1.4, lo que genera un mejor posicionamiento. Se debe destacar que el IPG del 2018, no contempla los conflictos que se desatan en el país por las protestas presentes desde Abril del 2018 que han causado la muerte de más de 300 personas. (Ver el blog Nicaragua, un Estado ausente en cumplimiento de sus derechos humanos: solidaridad mundial en las Redes Sociales disponible en https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/).

Sin duda alguna, esta situación impactará gravemente la posición de este país en el Índice de Paz Global del próximo año.

De acuerdo al IPG el impacto económico de la violencia en Nicaragua  es de $4.012.0 millones (2017 PPP), por lo que  obtiene  el puesto número 58  en el ranking de impacto económico de la violencia.

Costa Rica 

Este país ocupa el mejor puesto en el Índice de Paz Global a nivel centroamericano, ya que ocupa el puesto número 40. Sin embargo, representa una desmejora sustancial, ya que el año anterior se posicionaba en puesto 34, por lo que para el 2018 experimenta el mayor descenso de los últimos 4 años (-6 puestos).

Costa Rica  presenta resultados en el tema de militarización de 1.7, en conflictos domésticos e internacionales marca 1.2 y en sociedad y seguridad presenta una puntuación de 2.2, este último resultado es lo impacta más en el puntaje general.

De acuerdo al informe el impacto económico de la violencia en Costa Rica   es de $10.808.7 millones (2017 PPP), obtiene  el puesto número 65  en el ranking de impacto económico de la violencia

Panamá

Está en el puesto 50 del ranking de paz mundial, de los 163 países analizados. Ha desmejorado en una posición, ya que en 2017 y 2016 ocupó el  puesto 49. La peor posición que ha ocupado este país fue la 73, pero a raíz de esfuerzos progresivos se ha logrado visualizar a Panamá como un país más pacífico.

La puntuación que más impacto en la baja de un puesto para Panamá fue en los resultados de militarización de 1.6 (0.1 más que el año anterior), respecto a sociedad y seguridad se bajó un a 2.4 (0.1 menos que el año anterior), mientras que conflictos domésticos e internacionales se mantuvo la puntuación de 1.2.

De acuerdo al informe el impacto económico de la violencia en Panamá es de $9.223.3 millones (2017 PPP), obtiene el puesto número 84, en el ranking de impacto económico de la violencia.

Cuadro 1. Resumen de las posiciones a nivel centroamericano

# País Posición Variación
2017 2018
1 Guatemala 117 111 +6
2 Honduras 106 118 -12
3 Nicaragua 74 68 +6
4 Costa Rica 34 40 -6
5 Panamá 49 50 -1

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

En el Índice de Paz Global 2018 se establece que Centroamérica sigue siendo la cuarta región más pacífica del mundo, a pesar  de que en los últimos ocho años se ha presentado aumentos importantes en la tasa de homicidios. La región enfrenta una compleja situación que requiere importantes avances en temáticas de desarrollo humano y la generación de políticas de integración regional, que deben estar basadas en la capacidad colectiva, en procura de su adecuada aplicación.

Algunos de los principales retos que enfrentan los países centroamericanos de acuerdo al IPG, se enfocan en hacerle frente al crimen organizado,  el narcotráfico, la corrupción  y las pandillas. Por lo cual, una vez más, es importante resaltar la urgencia de contar con estrategias integrales a nivel regional para el trabajo en conjunto contra el crimen organizado.

Asimismo, la necesidad de fortalecer los Estados de Derecho de la mayoría de los países con el fin de aumentar la democracia, libertad y justicia, y evitar situaciones como las que han ocurrido en Honduras y ocurren en Nicaragua.

Bibliografía

El Nuevo Diario (2018). Violencia intrafamiliar se redujo 16,5 por ciento en Guatemala. Disponible en: https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/466073-violencia-intrafamiliar-se-redujo-16-5-ciento-guat/

El Heraldo (2018). Honduras retrocede 12 puntos en el índice de paz global. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/pais/1185286-466/honduras-retrocede-12-puntos-en-%C3%ADndice-de-paz-global

Gobierno de la República de Guatemala (2018). Gobernación registra reducción de un 15% en homicidios. Disponible en: http://mingob.gob.gt/gobernacion-registra-reduccion-de-un-15-en-homicidios/

Gobierno de la Republica de Honduras (2018). Directora del Observatoria de la Violencia de la UNAH: “Reducción de los homicidios se debe a las buenas estrategias que el Gobierno ha desarrollado”. Disponible en:  http://www.presidencia.gob.hn/index.php/seguridad/4417-directora-del-observatorio-de-la-violencia-de-la-unah-reduccion-de-los-homicidios-se-debe-a-las-buenas-estrategias-que-el-gobierno-ha-desarrollado /

Vision of Humanity (2018). Índice de Paz Global 2018. Disponible en: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf

Datos Macro (2018). Índice de paz Global en Guatemala 2018. Disponible en: https://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global/guatemala

Datos Macro (2018). Índice de paz Global en Nicaragua 2018. Disponible en: https://www.datosmacro.com/demografia/indice-paz-global/nicaragua

 

 

Nicaragua, un Estado ausente en cumplimiento de sus Derechos Humanos: solidaridad mundial en las Redes Sociales

Por Pamela Salazar Ramírez
Asistente Técnica de FUNPADEM
Bachiller en Relaciones Internacionales (UIA)

El hermano país centroamericano se encuentra desde el pasado 18 de abril de 2018 consumido en una profunda crisis, marcada por el descontento social, la caída de la economía y la polarización de sectores. Consecuencia de un Gobierno que lleva prolongándose por once años consecutivos en el poder y que, según mencionan algunos opositores, se encuentra en el “principio de su fin”.

Luego de más de 72 días de protestas, se han contabilizado más de 350 personas fallecidas, 2.500 personas heridas, 329 secuestrados(as) y alrededor de 68 personas torturadas, esto según un informe difundido por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) el 11 de Julio de 2018. A pesar, de lo alarmante de estas cifras y la fuerte presión internacional, aún no se visualiza una salida pronta a la crisis, pues el presidente Daniel Ortega se ha negado a dejar su silla presidencial.

A diferencia de otras crisis en el país, esta vez se evidencia un claro agotamiento del apoyo al gobierno de Daniel Ortega que lleva en el poder de manera ininterrumpida desde el año 2007. Sin embargo, desde la elección del 2011, el Gobierno ha mostrado un constante deterioro de la independencia de poderes, del respeto a los derechos humanos y de las libertades individuales. Además, han aumentado los presos políticos y la situación económico-social en los últimos tiempos ha venido en decadencia.

El gobierno nicaragüense, además de caracterizarse por su populismo y autoritarismo, también es nepotista. La Sra. Rosario Murillo, además de ser la esposa del Presidente Ortega, oficia el cargo de vicepresidenta, y tiene un alto nivel de poder dentro de la estructura del Estado. Una gran parte de la familia de Ortega forma parte del poder. Seis de sus hijos, los hombres exactamente, se encuentran en cargos clave de Nicaragua:

  • Rafael Ortega Murillo: Controla la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo.
  • Laureano Ortega Murillo: Maneja Pro Nicaragua, entidad negociadora del Canal de Nicaragua.
  • Maurice, Daniel Edmundo y Carlos enrique Ortega Murillo: Controlan tres canales de televisión, además de la Nueva Radio Ya, Radio Nicaragua y Radio Sandino.
  • Juan Carlos Ortega Murillo: Controla el Canal 8 de televisión.

Quien no posee ningún cargo es Zoilamérica Narváez Murillo, la hijastra de Ortega, que en su momento lo acusó de supuestos abusos sexuales y por consecuencia hoy reside exiliada en Costa Rica.

Violencia contra el pueblo a manos del Gobierno

Diferentes activistas, así como organizaciones sociales, han denunciado crímenes de lesa humanidad como el caso de la familia que se encontraba dentro de una casa que fue incendiada por los grupos paramilitares en Managua, además de los abusos y tortura[1] contra hombres y mujeres, inocentes, que han sido detenidos y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, más conocida como la Cárcel El Chipote.

Los paramilitares, sin duda alguna son los encargados de sembrar el mayor miedo en las calles y en todo el país debido a sus acciones de violencia extrema, vandalismo y tortura en algunos casos. Estas personas cuentan con cargos delictivos y son acusados de saquear e incendiar la ciudad; sumado a que el Gobierno es quine les brinda las armas para que se hagan presentes en las calles. El pueblo nicaragüense ha descifrado que son delincuentes y criminales con la misión de cometer los asesinatos y las agresiones del día a día.

Lo jóvenes nicaragüenses sin duda alguna se han convertido en el grupo más representativo de estas manifestaciones, así como las víctimas principales. Se trata de una generación que no se siente representada en ninguno de los estratos del poder; jóvenes que se alejaron del miedo de salir a exigir a las calles, que llaman la atención con cantos revolucionarios, que convierten las universidades en sus trincheras y que, sobre todo, imploran por la salida del presidente, creyendo por una genuina lucha de que es posible vivir en un país más justo y con un gobierno menos autoritario.

Presión internacional y el papel de las Redes Sociales

Con respecto al papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este está más encaminado hacia la posibilidad de poner en evidencia y visibilizar los excesos del gobierno de Ortega, que además los comete a través de los aparatos del Estado y de algunos colectivos que gozan oficialmente del auspicio y la cobertura del Poder Ejecutivo.

En el caso del papel desempañado por la Organización de Estados Americanos (OEA), se observan algunos pasos para concretar las acciones de sus diferentes órganos, y así ayudar a superar la grave crisis social y política que existe hasta el momento. Sin embargo, su papel en general ha sido considerado por la comunidad internacional como un “silencio ensordecedor” ya que el mensaje de la OEA no ha mostrado una posición concreta que condenen la represión contra el pueblo, la fuerza injustificada, o bien, los graves abusos y el uso de fuerza excesiva por parte de la policía.

Dichos eventos han tenido una evolución rápida y las denuncias también han sido numerosas gracias a que desde las distintas partes del país se han publicado y compartido imágenes y videos tanto en Facebook como a través de Twitter, las cuales han tenido también mucha difusión en RRSS a nivel internacional.

Conclusión

Una de las recomendaciones para la salida, es adelantar la celebración de elecciones libres y transparentes (la fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales es en el año 2021), con un escenario electoral donde se espera que no gane Ortega ya que, si bien tiene una base de sustento que son los sectores más bajos, ese apoyo ha ido disminuyendo, permitiendo que haya la posibilidad de un cambio de Gobierno. Sin embargo, Nicaragua no cuenta actualmente con un líder opositor que se encuentre a la cabeza de las manifestaciones y que muestre interés por tomar las riendas del poder nicaragüense.

Ante la situación, el adelantar el proceso electoral en un ambiente político donde no se visualiza un candidato opositor fuerte y consolidado, parece no ser la mejor opción a la crisis democrática de este país. Sin duda, se debe de trabajar en posicionar una fuerza opositora con líderes transparentes, democráticos y con convicción de crear un nuevo modelo de gobierno en el país, sustentado en la paz y la democracia. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amnistía Internacional (2018). Nicaragua: Aumenta la violencia y la represión estatal a pesar de los múltiples esfuerzos de diálogo. Recuperado de: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/06/nicaragua-aumenta-la-violencia-y-la-represion-estatal-a-pesar-de-los-multiples-esfuerzos-de-dialogo/

La Vanguardia (2018). Nicaragua da un paso a favor del diálogo nacional, pero la violencia no cesa. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180621/45297424554/nicaragua-da-un-paso-a-favor-del-dialogo-nacional-pero-la-violencia-no-cesa.html

Marvena, E. (2018). En Nicaragua, los defensores de derechos humanos son los ojos y oídos de las víctimas del conflicto. Recuperado de: https://es.globalvoices.org/2018/06/18/en-nicaragua-los-defensores-de-derechos-humanos-son-los-ojos-y-oidos-de-las-victimas-del-conflicto/

MDZ Mundo (2018). La situación de violencia política es extrema en Nicaragua. Recuperado de: https://www.mdzol.com/video/800412-la-situacion-de-violencia-politica-es-extrema-en-nicaragua/

Periódico La Prensa (2018). CIDH pide que se proteja defensores de derechos humanos en Nicaragua. Recuperado de: https://www.prensa.com/mundo/CIDH-proteccion-defensores-derechos-Nicaragua_0_5041745776.html

Tapia, A. (2016). Daniel Ortega coloca a siete de sus hijos en cargos clave en Nicaragua. Recuperado de: http://www2.latercera.com/noticia/daniel-ortega-coloca-a-siete-de-sus-hijos-en-cargos-clave-en-nicaragua/

Vargas, D. (2018). Aumenta a 351 muertos en Nicaragua por represión de Ortega, revela Asociación Pro Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.ameliarueda.com/nota/aumenta-351-muertos-nicaragua-protestas-segun-informe-asociacion

[1] Esto a pesar de que la tortura está prohibida a nivel internacional, y además desde el año 2005, Nicaragua ratificó la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Panorama post-electoral mexicano

Por Amin Bensofia Gurgi 
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Latina – Pasante en FUNPADEM

El pasado 01 de julio  se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México. El generalizado desencanto, lejos de incentivar al abstencionismo, motivó a los mexicanos a movilizarse a las urnas para darle el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y representante de la alianza política “Juntos Haremos Historia”. López Obrador llega a la presidencia con más de un 50% del total de los votos, más de un 20% que su contendiente, el panista Ricardo Anaya, cabeza de la coalición “Por México al Frente”.

Son diversos los factores que influyeron para llevar a López Obrador a la presidencia de México. La actual fue su tercer campaña presidencial, habiendo sido la del 2006 su primer experiencia. Durante este período, más allá de su, en ocasiones, cuestionable carácter, no se le ha descubierto ningún caso de corrupción a pesar de haber ocupado cargos de suma relevancia (BBC, 2018). Además, durante su período como jefe de Gobierno de la capital entre el 2000 y el 2005 impulsó diversos proyectos sociales e infraestructurales que suman a su credibilidad (ibíd.). Otro factor a considerar es el voto enojado, es decir, el estado generalizado de desaprobación de millones de mexicanos con la política de los últimos tiempos y que exigen un cambio radical. Esto ha llevado a que por primera vez en más de treinta años, México esté dando un giro hacia un gobierno, en teoría, más de izquierda (BBC, 2018).

A pesar de las promesas de un cambio radical, el panorama no es tan sencillo para el nuevo presidente electo de la nación mexicana. Los diversos problemas que hereda López Obrador parecen ir más allá de lo que cualquier gobierno pueda solucionar en seis años. Uno de los retos fundamentales será el de hacerle frente con transparencia a la inseguridad que ha azotado al país durante los últimos tiempos. El 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México, contabilizando la escandalosa tasa de homicidios de 29,168 homicidios según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto representa un 22% más que en el 2016, prueba clara de que lejos de mitigar la violencia, los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido fútiles en gran medida. El crimen organizado ha evolucionado de diversas formas y ya no se limita solo al narcotráfico. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad prevé que este 2018 será aún más violento que el 2017 (BBC, 2018).

Otro problema que hereda el nuevo gobierno es el de la creciente pobreza y desigualdad en las diversas esferas de la sociedad mexicana. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México hay casi 55 millones de personas en condiciones de pobreza. Los tratados de libre comercio actualmente no favorecen a los más necesitados y el crecimiento lento de la economía llevan a pensar que se deberá considerar una renegociación de los acuerdos comerciales, especialmente con Estados Unidos (BBC, 2018). Las reformas puestas en vigencia durante el gobierno de Peña Nieto, tales como la polémica reforma energética, también representarán un tema de cuidadoso análisis para el nuevo gobierno.

A pesar de identificarse con la izquierda en materia ideológica, más allá de haber formado alianzas con diversos actores del sector privado, hay quienes han tildado a López Obrador como el Trump de México debido al carácter populista de su discurso (UNIVISION, 2018). El tono radical y en ocasiones “autócrata” que ha caracterizado muchos de los discursos y desmanes del candidato, como cuando perdió la elección pasada, le han llevado a la no muy justa comparación con el mandatario estadounidense (ibíd.). Queda por verse hasta donde pueda realmente el nuevo gobierno cumplir las promesas de su candidatura, como la de poner a los pobres primero, en un momento de incertidumbre política. Lo cierto es que gran parte de México ve este cambio como un aire de esperanza frente al continuismo que ha estancado gran parte del anhelado desarrollo de la nación.

Referencias Bibliográficas: 

BBC, (03 de Julio del 2018). Qué hizo bien (y qué mal) López Obrador cuando gobernó CDMX. Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44694222

BBC, (03 de Julio del 2018). López Obrador gana en México: las 3 bombas de tiempo que hereda como sucesor de Enrique Peña Nieto. Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44573697.

UNIVISION, (03 de Julio del 2018). El triunfo del “Trump mexicano”. Recuperado de: https://www.univision.com/noticias/opinion/el-triunfo-del-trump-mexicano

 

Colombia sigue siendo Uribista (pero ahora hay portillos para la izquierda)

Carlos Torres Jiménez
Director de Proyecto de FUNPADEM
Politólogo

Colombia sigue siendo Uribista (pero ahora hay portillos para la izquierda)

Al igual que en sistemas de partidos más consolidados, lo que ha venido ocurriendo en Colombia desde el 2002 es el colapso gradual de un bipartidismo consolidado  en el siglo XIX, al dominio sobrecogedor de una figura: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y actualmente Senador. Desde el 2002 y tras una seguidilla de exitosas misiones militares como la sonada liberación de Ingrid Betancourt, la caída gradual de varias cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y un mejoramiento de las condiciones económicas le brindaron un realce al estatus de Uribe que ha sido clave en el desarrollo de la política de este país.

El pasado 17 de junio, en segunda ronda, el candidato del Centro Democrático Iván Duque, un desconocido tecnócrata fue electo con más del 54% de los votos elegibles contra su rival, el ex guerrillero Gustavo Petro (Manettlo, F. 2018). Esto marca el quinto proceso electoral en que un candidato uribista es electo presidente.  Más aún, desde el 2002, Uribe es el referente de la política colombiana: sus opiniones son el punto en el que giran las discusiones políticas en Colombia.  Por ejemplo, el plebiscito para aprobar o rechazar los acuerdos de Paz de octubre de 2016 giró hacia el “NO” por gran influencia del expresidente. De la misma forma,  el ascenso de Duque viene por su apoyo, en efecto cuando comienza la campaña el futuro presidente contaba con 9% y una vez que recibe el apoyo de Uribe, crece al 40% (BBC Mundo, 2018)

 ¿Cuáles factores  explican el triunfo uribista

Muchos analistas  mencionan que  Uribe  llevó a Colombia una estabilidad no vista en casi 5 décadas de conflicto armado. Acá juega un importante rol  la ayuda internacional de los Estados Unidos a través del Plan Colombia.   Es precisamente durante el periodo del Presidente Uribe donde los principales triunfos se logran contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Las muertes de  los comandantes “Raul Reyes”, “Alfonso Cano”   y “Mono Jojoy”, líderes  de este movimiento armado y sumado desmovilizaciones de guerrilleros. (BBC, 2010)

Segundo, Colombia es, ante todo, una sociedad conservadora. El histórico binomio Liberal-Conservador que ha teñido la política colombiana desde el siglo XIX  se desdibujó en la década del 2000 particularmente por el impulso contra la guerrilla y el impulso a la apertura económica. Colombia creció económicamente y fue un contrapeso a la ola izquierdista en América Latina, particularmente a la Venezuela liderada por Hugo Chávez.

Tercero, al igual que en muchos países de la región,  un repunte de iglesias cristianas no católicas favorecen la visión social impulsada por Uribe.  El 20% de los colombianos se denominan cristianos no católicos, según el  Consejo Evangélico de Colombia. (El Tiempo, 2017). La mayoría mueven mensajes claros en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo,  rechazo al aborto y apoyo a la familia tradicional.  Este bloque es clave para Uribe, que concuerda con esta visión por medio de la no discusión de estos temas.

Por último, la izquierda en Colombia fue secuestrada por la agenda de los grupos guerrilleros. Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional  (ELN) y el extinto Movimiento 19 de abril (M19)  profesaban  una agenda leninista por medio de la toma del poder de forma violenta. Esto, ha impedido a nivel nacional el avance amplio de un grupo de izquierda.

El cambio gradual

A pesar de esto, el avance del candidato “castrochavista” (como lo denominó los grupos afines a Duque) es clave. Gustavo Petro, ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá  demuestra que los movimientos de izquierda se van abriendo espacio en la política colombiana.  (BBC Mundo, 2018)

Existe una razón clave: hay éxitos a nivel local que hacen que partidos de la izquierda tengan opciones. Desde la década de los noventa, la reconversión de las ciudades de Medellín y Bogotá han hecho  que sus líderes sean bien vistos por un creciente número de colombianos. El hecho que Petro haya capturado los votos que capturó en ambas rondas, refleja un cambio importante en la impresión de los colombianos con los movimientos progresistas  en el país.

Otro factor pasa por el Presidente Santos. Si bien es cierto, su plataforma electoral fue ligada al gobierno de Uribe, el plantear diálogos de paz con las FARC han creado la posibilidad de aceptar algún nivel de los partidos de izquierda.   Su logro fue premiado con un Nóbel y su mensaje  al menos cuenta con alguna simpatía en la población. Se puede esperar que la formación de la FARC como partido político puede eventualmente contribuir gradualmente a un deshielo de la población con la izquierda.

Referencias Bibliográficas

Profile Alvaro Uribe, BBC News 2010 (28 de julio de 2010). Recuperado de:  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-10788697

Elecciones en Colombia: Ivan Duque será Presidente tras derrotar a Gustavo Petro. BBC Mundo (18 de junio de 2018). Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44516032

Iván Duque, presidente electo de Colombia: “Esa paz que añoramos tendrá correcciones. El País  (18 de junio de 2018) Tomado de: https://elpais.com/internacional/2018/06/18/colombia/1529272882_814333.html

¿Cómo son las iglesias cristianas en Colombia?.  El Tiempo (7 de enero de 2017)   Recuperado de: http://www.eltiempo.com/cultura/gente/iglesias-cristianas-en-colombia-41383

MODELO MIGRATORIO EN CENTROAMERICA, ¿UTOPÍA DE LA INTEGRALIDAD MIGRATORIA?

Por Valeria R. Alcázar con el apoyo de Rafael Semeraro
Pasante FUNPADEM /Asistente Técnico y Comunicación

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Las migraciones internacionales son uno de los grandes temas en la agenda política, económica y social de los países del mundo; la región Centroamericana representa un horizonte preocupante, puesto que, la gran cantidad de alarmas y conflictos internos dentro de los Estados son un factor importante que impulsa las migraciones. El nivel de desigualdad, la falta de oportunidades y la inseguridad son el principal factor a tomar en consideración por los centroamericanos al migrar.  Según una investigación de Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica, el panorama causa un malestar principalmente en la población joven, quienes manifiestan malestar por la distribución de la riqueza en sus países, además están inconformes con la respuesta de los gobiernos, la investigación señala que: el 76% de los jóvenes salvadores consultados manifestó interés por irse a vivir a otro país, el 61% de los hondureños, el 50% de los costarricenses, el 49% de los guatemaltecos y el 47% de los nicaragüenses piensan igual. Según Sandoval, las estadísticas evidencian que la migración se ha convertido en la gran alternativa de las sociedades centroamericanas ante las condiciones de vida en sus países, lo que a su criterio evidencia una situación angustiante más que preocupante (Sandoval, C, 2017).

Una de las situaciones más alarmantes de la migración se refleja en la importante presencia de flujos migratorios por parte de los países; Honduras, Guatemala y El Salvador, que están entre los países con más homicidios en el mundo; el nivel de violencia en sus capitales hace que sean consideradas como las “capitales mundiales del homicidio” (Infobae, 2016). Asimismo, datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revelan que cada vez son más los casos de violencia en estos países, lo que ha provocado un repunte en el número de solicitantes de asilo por parte de los centroamericanos. De acuerdo con las cifras del organismo, el año pasado habían en todo el mundo unos 294.000 refugiados o solicitantes de asilo originarios de la región; solo en el 2017 se registraron 130.500 nuevas peticiones de asilo o refugio de centroamericanos, un 38% más que en el 2016 (Della, R, 2018).

En muchos casos emigrar se convierte en una obligación para poder sobrevivir. Esta decisión cambia el estilo de vida del migrante y también repercute en el Estado receptor, muchos gobiernos alegan que la dinámica social cambia y se vuelve más compleja; en ocasiones, incluso, puede perjudicar el manejo de la seguridad ciudadana por parte del Estado; representa también un contrapeso en la economía al tiempo que perjudica los ingresos para la población autóctona, inclusive cuando usualmente los migrantes tienen salarios menores.  También algunos migrantes son prófugos de la justicia en sus países, al llegar al Estado receptor se puede convertir en nuevos focos de inseguridad y violencia lo que genera un sentimiento de intranquilidad, mientras que, otros tantos buscan, únicamente, mejores oportunidades y sufren el estigma de la generalización. Esto ha llevado a que muchos Estados filtren a los migrantes regulares mediante factores tales como etnia, educación, habilidades, o sí tienen familiares o no en el país receptor (Lopicich, B, 2016).  En el contexto actual de las migraciones se puede entrever un modelo de migración “conveniente” sobre el beneficio y necesidad que puede recibir el Estado de sus migrantes regulares; la migración puede traer consigo alertas en cuanto a enfermedades, seguridad, empleo, etc.

Los Estados son, sin duda, moralmente libres de admitir tantos inmigrantes, o tan pocos, como les plazca. Más sin embargo, esto no quiere decir que sean moralmente libres para utilizar cualquier criterio a la hora de decidir a quién admiten (Carens, J.H., 2002); por lo anterior, el nivel de entendimiento por parte de los Estados en la admisión y clasificación de cierta clase de migrantes, representa un panorama que otorga un espacio en donde las mismas sociedades pueden cuestionarse, en medio de comportamientos irracionales contra la vulnerabilidad de los migrantes, su recibimiento y permanencia dentro del Estado receptor. En algunos casos, las condiciones de vida del migrante terminan siendo aún más alarmantes que la del territorio donde provienen.

Las distintas concepciones de las que se aprovechan los encargados de la migración y extranjería por parte de los gobiernos para justificar estos comportamientos discriminantes, nacen de las perspectivas que tienen con respecto al incremento de los flujos migratorios internacionales, en ocasiones, esto representa un problema para garantizar los Derechos Humanos de esta población. La conceptualización de recepción de inmigrantes, abre paso a una posición donde la cuestión principal radica en plantearse qué tipo de argumento de selección o discriminación en la venia de los migrantes es admisible desde un punto de vista ético y moral.

Muchos migrantes en tránsito por Centroamérica ven vulnerados sus derechos por parte de agentes migratorios estatales, otros por parte del crimen organizado. Muchos migrantes se encuentran en un viaje o un escenario inconcluso, donde existen grandes retos a enfrentar y donde hay pocas manos estatales dispuestas a ayudar. Más allá de la problemática  propia del proceso migratorio irregular y  de sus consecuencias, se debe de abordar la migración con un enfoque de Derechos Humanos, el migrante no dejan de ser una persona con deseo de superación y  de encontrar mejores condiciones de vida y sobrevivir. Los Estados deben hacer una revisión minuciosa de sus políticas migratorias para asegurar que las mismas no conlleven ningún tipo de discriminación. 

Referencias Bibliográficas

Carens, J.H (2002) “Inmigración y justicia: ¿A quién dejamos pasar? Universidad de Toronto. Recuperado de: http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/568/569

Della, R. (23 de Mayo del 2018) La violencia hace repuntar el número de refugiados centroamericanos. EL PAÍS. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/05/22/america/1527007946_295095.html

Infobae, 2016. Honduras, El Salvador y Guatemala, “capitales mundiales del homicidio” Recuperado de: https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/10/14/honduras-el-salvador-y-guatemala-capitales-mundiales-del-homicidio/

Lopicich, B. (2016) Una mirada ética a la migración BCN. Recuperado de: https://www.bcn.cl/observatorio/bioetica/noticias/una-mirada-etica-a-la-migracion

Sandoval, C. (2017) Investigación, “Centroamérica Desgarrada”. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. Recuperado de: http://www.academia.edu/36445058/Centroam%C3%A9rica_Desgarrada.pdf

 

Derechos Laborales en poblaciones en condición de vulnerabilidad. Caso de Guatemala, Honduras y El Salvador

Por Hazel Villalobos Fonseca, con el apoyo de:
Kristel Fallas, Marisol De La Vega, Amin Bensofía y Valeria Alcazár

La situación de las poblaciones en condición de vulnerabilidad ha estado marcada por la marginalización y discriminación en Centroamérica. En efecto, esta región es una de las zonas con mayores retos en la consolidación de un Estado de Derecho y una democracia real, activa e inclusiva. La participación política de las personas en condición de vulnerabilidad es mínima (y a veces nula) en estos países centroamericanos, reflejándose en grandes retos para el disfrute plenos de sus derechos, especialmente los derechos laborales.

El Salvador

Los grupos en condición de vulnerabilidad con mayores retos para el acceso a un trabajo decente en El Salvador son las mujeres, poblaciones LGTBIQ, pueblos indígenas y los jóvenes. Con respecto a las mujeres, el Informe de la Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno (2015) destaca que los principales derechos laborales violentados a las mujeres en este país son:

  • Salario mínimo (bajos salarios).
  • Desigualdad salarial (los niveles de ingresos económicos que las mujeres perciben son de un 14% menos que los hombres y en la zona rural la cifra alcanza el 22%).
  • Participación económica de las mujeres (en el año 2013 era del 49.3%, mientras que en los hombres era del 80.7%, por lo que el estudio consideró que si la tendencia continua igual se necesitaría 80 años para que alcance la misma tasa que el sector masculino).
  • Trabajos precarios (jornadas laborales extensas y sin enfoque de salud y seguridad).

Los sectores socioeconómicos que poseen mayores denuncias sobre violaciones a los derechos laborales de las mujeres son las maquilas, servicios de trabajo doméstico y el sector agroexportador.

Para las poblaciones LGTBI se resalta el difícil acceso a un trabajo decente, siendo una de las principales poblaciones que sufren la discriminación en los centros de trabajo. La negativa de su reconocimiento y la persecución, principalmente en zonas rurales del país, hace que esta población sufra de explotación laboral y sexual, jornadas laborales extensas y trabajos en condiciones precarias (principalmente en salones de belleza y sector agroexportador). Además, se identifica que es una de las principales poblaciones en condición de vulnerabilidad con mayor participación en el sector informal.

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2016) señala una disminución del trabajo infantil en El Salvador, sin embargo, aún persisten retos importantes. El informe (La Prensa Libre, 2017) señala que “rostro” del trabajo infantil es “mayoritariamente masculino” y rural, dado que el 75 % de los menores de edad que trabajan son hombres y el 63.9 % de esta población vive fuera de las ciudades. Del total de niños y adolescentes que trabajan, y que representan el 6.3 % de la población entre cero y 17 años, 42,723 tienen menos edad que la permitida por la legislación -16 años-, mientras que 89,181 realizan “trabajo infantil peligroso”.

Por otro lado, las personas en condición de discapacidad y las poblaciones indígenas son de los grupos mayormente invisibilidades. El difícil acceso a la justicia, el poco reconocimiento de sus derechos laborales y la explotación laboral son constantes en el país. De hecho, muchas veces son tratados como ciudadanos de “segunda categoría”.

Guatemala

En el caso de Guatemala las poblaciones en condición de vulnerabilidad que sufren mayores violaciones a sus derechos laborales son las poblaciones indígenas, mujeres, NNA y LGTBI.

Las poblaciones indígenas en Guatemala representan un 42% de los 16 millones de habitantes de este país. Sin embargo, el 60% vive sumido en la pobreza, la discriminación racial, marginalización y explotación laboral (Publinews, 01 Mayo 2018). Son considerados mano de obra barata (no se respeta el salario mínimo), sujeto a largas jornadas laborales y como producto cultural para el turismo, además de ser una de las poblaciones más propensas a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral (Informe 2017 del Procurador de Derechos Humanos). Otro de sus derechos laborales mayor violentados, is freedom of assoociation debido a que el sistema de sindicato que opera en este país es el sindicalismo vertical y el acceso al sistema judicial es muy difícil para esta población. Además de la persecución a los líderes sindicales indígenas la cual solo en este mes ha cobrado la vida de dos líderes sindicales indígenas y defensores de los DDHH (El Diario, 10 de Mayo 2018)

El Procurador de los Derechos Humanos (01 de Mayo 2018) aseguró que en Guatemala continúa la discriminación y las desigualdades laborales, por lo que se debe trabajar en la inclusión laboral basados en el principio de igualdad. Según el procurador no existe igualdad de oportunidades un ejemplo de ello es que la población adulta no consigue empleo aunque tengan experiencia, al igual que la población LGBTI, pues no existen políticas inclusivas y en relación a las mujeres la desocupación es más acentuada (4,2) que según la OIT ha incrementado en los últimos años.

La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans en Guatemala, señala que el 76 por ciento de las mujeres trans se dedica al trabajo informal como una forma de sobrevivencia y no como opción laboral. Las maquilas, salones de belleza, bananeras, cafetales y mercados es donde se identifican mayores violaciones a sus derechos laborales siendo las largas jornadas laborales, condiciones precarias y el no cumplimiento del salario mínimo los principales derechos violentados. Además, existe, un miedo en acceder a la justicia pues no conocen los mecanismos y creen que existe mucha impunidad al respeto.

Con respecto a los derechos de los NNA, Guatemala es el país centroamericano en el que más niños, niñas y adolescentes trabajan. Entre las ocupaciones que emplean los menores destacan: elaboración de fuegos artificiales, recolección de café, picar piedra, agricultura y recolección de basura.

Honduras

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Honduras forma parte con otros países en donde existen una de las mayores brechas de género en la tasa de participación laboral”. En el año 2017, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), atendió, cerca de 550 denuncias por violaciones laborales contra las mujeres que van desde falta de condiciones equitativas, despidos ilegales, hostigamiento físico, psicológico y sexual.  Siendo, las empleadas domésticas el grupo de trabajadoras que más se les violenta sus derechos laborales.  Trabajadoras de maquilas en Honduras enfrentan jornadas diarias de hasta doce horas, condiciones inseguras de trabajo y salarios por debajo del mínimo. (Situación de derechos humanos en Honduras por CIDH, s/f).

Situación similar sufren los NNA, donde cerca de medio millón de niños(as) se ven obligados a trabajar (2016).  La mayor concentración del trabajo infantil se encuentra en el área rural con un 68,2%, 74.4% son niños y el 25.6% niñas; las áreas económicas con incidencia de trabajo infantil son: la agricultura, silvicultura, caza y pesca con el 52.6% (INE, 2016)

Con respecto a los pueblos indígenas, un censo realizado por organizaciones indígenas en el 2007, la población indígena y afrodescendiente sería el 20%, de la población. La tasa de desempleo para la población indígena mayor de 18 años es del 44,7%. El 83,6% de las personas desempleadas son mujeres. El ingreso promedio de los indígenas equivale a un 36,8% del promedio mensual nacional y enfrentan una situación de discriminación que los hace vulnerables a condiciones laborales injustas y precarias. Las áreas socioeconómicas donde emplean estas poblaciones son trabajos relacionados con el campo, agricultura, pesca, e incluso con servicios domésticos.

El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) estima que más del 10% de la población del país es LGBTI. A esta población se les dificulta encontrar un empleo en donde sean aceptados y respetados tales como son, puesto que existen gran cantidad de perjuicios en la sociedad por lo cual su participación en el sector informal es alta.

Grandes retos para lograr una cultura de cumplimiento laboral

Estados de derecho aún en construcción, los altos índices de violencia, los altos índices de desempleo, el boom demográfico y la centralización de servicios hace que la situación de Guatemala, Honduras y El Salvador para garantizar los derechos humanos mínimos a estas poblaciones en condición de vulnerabilidad sea compleja y multidimensional.

El implementar una cultura de cumplimiento laboral que les permita a estas personas disfrutar plenamente de un trabajo decente necesita la implementación de estrategias integrales sustentadas en la coordinación interinstitucional estrecha.  Además de voluntad política y especialmente legislativa, con el fin de contar con un marco normativo e institucional robusto. Aunado, a la divulgación y sensibilización de la población en general, el fortalecimiento de los servicios de los Ministerios (Secretarías) de Trabajo, así como la descentralización de los servicios y de mejores mecanismos de justicia pronta y cumplida para las violaciones de los derechos laborales de estas poblaciones.

Es un largo camino por recorrer, sin embargo con el aporte de la institucionalidad pública, el sector privado, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de sociedad civil y la cooperación internacional, se podrán obtener resultados duraderos y sostenibles en el tiempo.

Fuentes consultadas 

CONAPETI (2014) Informe sobre Trabajo Infantil en Guatemala 2014. Disponible en http://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/TI-GUATEMALA-ENCOVI2014.pdf

El Diario (10 de Mayo 2018) Asesinan a otro líder indígena campesino en Guatemala, el segundo en dos días. Disponible en : https://www.eldiario.es/politica/Asesinan-indigena-campesino-Guatemala-segundo_0_769924160.html

El Faro ( 30 de Junio 2017) Nace la Asociación Federada LGBTI para defenderse… hasta de la procuradora. Disponible en https://elfaro.net/es/201706/el_salvador/20587/Nace-la-Asociaci%C3%B3n-Federada-LGBTI-para-defenderse-hasta-de-la-procuradora.htm

Hernandez, M (2017) Pueblos Indígenas de El Salvador: La visión de los invisibles. Disponible en https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/138-157.pdf

La Prensa Libre (24 de Junio 2017) El trabajo infantil en El Salvador disminuyó el 6.25 % en 2016. Disponible en https://www.laprensagrafica.com/economia/El-trabajo-infantil-en-El-Salvador-disminuyo-el-6.25–en-2016-20170624-0026.html

Nodal (13 de Octubre 2017) Guatemala tiene el mayor índice de trabajo infantil en la región. Disponible https://www.nodal.am/2017/10/guatemala-mayor-indice-trabajo-infantil-la-region/

Prensa Latina (01 de Mayo 2018) Discriminación y desigualdades dominan panorama laboral en Guatemala. Disponible en http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=175064&SEO=discriminacion-y-desigualdades-dominan-panorama-laboral-en-guatemala

Publinews (01 de Mayo 2018) Relatora de la ONU sobre indígenas examina situación en Guatemala. Disponible en https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/05/01/relatora-la-onu-indigenas-examina-situacion-guatemala.html

Tercera Información (18 de Mayo 2018) PDH presentó Informe 2017 desde una perspectiva de género y pueblos indígenas. Disponible en: http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2018/05/18/aumenta-trata-de-personas-en-guatemala

Transparencia Activa (10 de Marzo 2015) Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las mujeres. Disponible en: http://www.transparenciaactiva.gob.sv/violaciones-a-los-derechos-laborales-hacia-las-mujeres-es-el-delito-mas-denunciado-contra-maquilas/

\Valencia Extra (22 de Mayo 2018) Ribó respalda la labor de las asociaciones sindicales de Guatemala. Disponible en http://valenciaextra.com/es/ribo-respalda-asociaciones-sindicales-guatemala/

 

Análisis basado en Género+

Ser hombre y hablar de género es un reto que me permito abordar desde la experiencia de la sociedad civil; hablar de género no debería de ser algo exclusivo para una mujer, en mí, la empatía generada de la observación, la vivencia y el dialogo me empodera, no pretendo saber la vivencia en carne propia, no puedo, sin embargo puedo hacer un análisis objetivo de factores, sus causas y consecuencias.

Rafael Semeraro Kluge
Asistente Técnico y Comunicación FUNPADEM
Codirector de Proyecto Violeta

Dentro del contexto centroamericano, la dinámica de la interacción entre hombres y mujeres,  en todos los niveles de la sociedad, en algunos más que otros, es particularmente problemática, aspectos tales como el machismo, que genera masculinidades tóxicas, hace que las mujeres, históricamente, fueran replegadas a las labores del  hogar y la maternidad. Este machismo genera ciclos de violencia intrafamiliar que luego se replican de padres a hijos.

Las escasas oportunidades de superación personal, educativa y laboral con las que cuentan las mujeres, genera una dependencia económica hacia el hombre, aunado al hecho de que el salario remunerativo de las actividades laborales es generalmente más bajo para ellas en comparación que al de ellos.

Una fuerte presencia religiosa lo que acentúa la tasa de natalidad y, más grave aún, el embarazo adolescente; latinoamericana es la región del mundo donde la religión católica está más arraigada; histórica y religiosamente, el rol principal del matrimonio es aquel dedicado a la procreación, por lo que los métodos anticonceptivos no gozan de apoyo en muchas iglesias, instituciones alrededor de las cuales gira la vida en muchas comunidades, especialmente las rurales.

A nivel de acceso a puestos públicos, políticos y/o de injerencia social, se han caracterizado por ser puestos generalmente ocupados por hombres, la paridad de género es un término relativamente reciente en la región centroamericana, imperando entonces la dominación del machismo estructural en comunidades y sociedades,  de igual manera, las papeletas o formulas, son generalmente encabezadas por hombres y su patriarcado.

Visibilizando la problematica

Definitivamente, no es lo mismo ser mujer “blanca” que mujer afrodescendiente o indígena; pues estos grupos de minorías ya tienen las vulnerabilidades propias de su “étnica o raza”; ser mujer en zona urbana o rural también es muy distinto, el acceso a estudio o empleo tiende a ser menor en la zona rural, el machismo es más “radical” en lo rural, y la religión puede tener más injerencia; la suma de todas estas características da por resultado un caldo de cultivo que profundiza, aún más, la desigualdad entre hombres y mujeres.  Por ejemplo, los niveles de indigencia femenina en las ciudades son mayores en la población indígena, la cual se ve obligada a generar una migración interna (o externa) producto de violencia doméstica, situación muy propia en los territorio indígenas producto de los altos índices de alcoholismo del que sufre la población masculina, entre otros; ellas huyen de sus casas con sus hijos, puesto que, difícilmente tenga conocimiento, o acceso a métodos anticonceptivos; finalmente se ven obligadas a trasladarse a ciudades o lugares más poblados para pedir comida o dinero en las calles; inclusive, puede que no tenga conocimiento del idioma español (analfabetismo), puede ser incluso, que no se encuentre registrada lo que le imposibilita el acceso a servicios básicos (salud y educación).

Continuando con este panorama de posibilidades, surge también el escenario de la población lgbti+ y la diversidad u orientación sexual. No es lo mismo la discriminación que una mujer cisgénero sufre, a la que una mujer lesbiana, y menos aún, la que experimenta una mujer trans (trangénero o transexual), esta última realidad más propensa a sufrir los azotes generados por la heternormatividad, el machismo estructural y la religión, que en su conjunto hacen que pertenecer al colectivo lgbti+ sea particularmente difícil en Centroamérica.

Otro escenario, es el que vive la persona migrante, máxime si se encuentra en condición irregular; los casos de matrimonios arreglados para optar por una residencia son comunes. Las cifras centroamericanas en cuanto a trata y tráfico son alarmantes, y no es casualidad que porcentualmente las mujeres sean las más afectadas por estas actividades. Una situación común en las migraciones es cuando la persona no conoce el idioma, a nivel centroamericano esto no es tan común, por la estandarización del español, sin embargo, es una posibilidad que se puede dar, especialmente, con población indígena.

¿Qué sucede en el hipotético caso de una mujer con más de una de estas vulnerabilidades?

La violencia

A nivel centroamericano las oleadas de violencia de género se han incrementado, según Naciones Unidas, 14 de cada 100.000 mujeres son asesinadas por razones de género en El Salvador, le sigue Honduras, donde 11 de cada 100.000 mujeres mueren y los femicidios aumentaron un 263% de 2005 a 2013; además, Honduras ocupó en 2015 el primer lugar en femicidios a escala mundial; en Nicaragua, 20 mujeres murieron en el primer trimestre de 2016. (Naciones Unidas, 2016).

La invisibilización que los medios de comunicación le dan a los femicidios y feminicidios resulta indignante, la falta de políticas públicas para atacar esta situación es unas de las principales falencias de los gobiernos, lo anterior en buena parte por marcos regulatorios débiles y estadísticas escasas, por ejemplo, no existen datos oficiales sobre mujeres trans en Costa Rica, solo se cuenta con las estimaciones que la ONG Transvida contabiliza, que rondan las 1000, la mayoría mujeres trans en condición de vulnerabilidad y muchas de ellas trabajando en el comercio sexual.

Existe un temor generalizado a denunciar, la violencia domestica puede llevar a la muerte, solo en Costa Rica, y según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, se presentan por día 132 solicitudes de medidas de protección, un promedio de 2 feminicidios mensuales, con una preocupante oleada en los últimos meses, según el medio costarricense CrHoy, para marzo del 2018 ya se habían contabilizado 12 femicidios.

A nivel de apreciación, el género es una composición binaria, que se debe abordar desde ambos enfoques, femenino y masculino, punto y aparte de la sistematización estructural de la violencia que ha tenido el hombre sobre la mujer. La lucha feminista es hoy igual de valida que ayer, la emancipación del machismo sobre la construcción social masculina es imperantemente necesaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Programa Estado de la Nación 2017. Informe Estado de la Nacion, Capitulo 2 Equidad e integración social, Páginas 77 y 94. Recuperado de: http://estadonacion.or.cr/2017/descargas.html

Observatorio de Genero del Poder Judicial. (s.f) Poder Judicial.  Recuperado de  https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/..

Cabezas, Y. (26 de abril de 2018). ¡Una mujer víctima más! Hombre mató a su expareja, una joven de 20 años. CrHoy. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/una-mujer-victima-mas-hombre-habria-matado-a-su-expareja-de-20-anos/

  1. (26 de abril de 2018). Violencia hacia la mujer en Centroamérica. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Recuperado de: https://www.ieepp.org/boletines/mirador-de-seguridad/2017/Marzo/34-violencia-hacia-la-mujer-en-centroamerica/

 

 

EL RÉGIMEN ORTEGUISTA NICARAGUENSE: LA ANTÍTESIS DE LA DEMOCRACIA

Diego Acuña Picado
Asistente técnico e investigador de FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

EL RÉGIMEN ORTEGUISTA NICARAGUENSE: LA ANTÍTESIS DE LA DEMOCRACIA

Desde el pasado 17 de abril a raíz de una serie de reformas a los aportes a la Seguridad Social del país, una serie de protestas y manifestaciones se han realizado en diferentes partes del país centroamericano. La cifra de muertos y heridos hoy es incierta. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza 63 muertos y una cifra hasta el momento desconocida de heridos (La Prensa; 2018).

El pasado 16 de abril, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), anunció una serie de medidas que implicaban un incremento sustantivo a los aportes que la población nicaragüense realiza a la Seguridad Social, a través de la Resolución 1/317 bajo la “necesidad de mejorar el balance financiero del sistema de pensiones del INSS”. Con estas medidas, el Gobierno esperaba recaudar 250 millones de dólares, para ayudar a subsanar el déficit con el que el INSS cuenta actualmente. No obstante estas medidas fueron revocadas el pasado 22 de abril (El Nuevo Diario; 2018).

Población Medidas propuestas
Empleadores Aumenta la contribución en un 3,5%. En julio sube un 2%, un 1% en el 2019, y un 05,% en el 2020.
Trabajadores Aumenta el aporte laboral en un 0,75%.
Jubilados Se recorta en un 5% el monto de su pensión.
Futuras pensiones Se reducen en promedio un 11,8%.

Fuente: El Confidencial, 2018.

¿Cómo inició?

Los nuevos aportes que el sector trabajador debe realizar según lo establecía la Resolución 1/137, podían haber eventualmente conllevado a un aumento exponencial de informalidad y despidos en razón de los altos costos de mantener las exigencias establecidas, lo cual representa también un desincentivo para el sector privado nicaragüense, y de inversión, más allá de las reformas al INSS.

Las represiones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) no se hicieron esperar. El Gobierno de Daniel Ortega ordenó enviar tropas del Ejército a la ciudad de Estelí (a 185 kilómetros de Managua). Los enfrentamientos entre la PNC y el Ejército, contra la ciudadanía, continuarán, entretanto no se llegue a un acuerdo fructífero con el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada). Este órgano, externó su disconformidad ante la decisión aprobada por el Gobierno a través de la Resolución 1/317. A pesar de que Daniel Ortega extendió una oportunidad de diálogo con el COSEP, esta entidad la rechazó, mientras no se cumplieran una serie de requisitos, entre ellos, el cese inmediato de la represión de la PNC, como de los grupos afines al FSLN, la liberación inmediata de los apresados durante las protestas, y reestablecer en Nicaragua la irrestricta  libertad de prensa y expresión.

¿El principio del fin?

Las circunstancias actuales del país nicaragüense, son apenas un reflejo fehaciente de síntomas evidentes de disconformidad social, y de un régimen antidemocrático corroído y endeble ante las exigencias de su población. De finalizar su período presidencial el siguiente 10 de enero de 2022, Daniel Ortega habría ostentado el poder durante más tiempo que Anastasio Somoza García, Anastacio Somoza Debayle y a Luis Somoza Debayle. Ciertamente, el régimen orteguista, a diferencia de otras latitudes, no ha tenido que recurrir a la opresión – hasta hoy – para defender su régimen, pero si ha manipulado los diferentes poderes del Estado y sus instituciones para mantenerse en el poder. En el 2010,  se declaró “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua que no permitía la reelección de sus presidentes. Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez consecutiva el pasado 26 de noviembre de 2016, negándose a que estos comicios fueran sujetos a observación  internacional, y aun existiendo en el padrón electoral, personas fallecidas para votar ¿son estas prácticas de un régimen democrático legítimo? (ver ‘‘El día en que Nicaragua repitió su historia’’, en: https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/2016/11/09/el-dia-en-que-nicaragua-repitio-su-historia/)

La cantidad contabilizada de muertos y heridos, y las acciones del régimen orteguista, antagonizan los principios de pluralismo político, transparencia y universalidad que suponen regir a una democracia estable. El presidente Daniel Ortega, se encuentra sujeto ahora a distintas presiones, por lo que le quedan solamente dos caminos. Ceder ante las presiones sociales y del COSEP, y revocar, o modificar la Resolución 1/317, o ejercer aún más medidas de naturaleza coercitiva a su población para reprimirla, lo que generaría una mayor cifra de muertes, heridos, e inestabilidad social. Aun así, la disconformidad social, no solo entorno a este tema, sino ante muchos otros se encuentra presente, y el régimen orteguista se muestra endeble y fraccionado ante las exigencias de su población[1].

Nicaragua urge de una oposición robusta que sirva como contrapeso al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de una población involucrada, con capacidad de incidir políticamente, de que su Constitución Política sea aplicada, y no modificada según decisiones antojadizas del presidente o vicepresidenta para mantenerse en el poder, de una separación entre los tres poderes del Estado, y de un ente electoral independiente capaz de llevar a cabo procesos electorales participativos y transparentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olivares, I. (17 de abril de 2018). Gobierno impone “paquetazo” de aumentos al INSS. El Confidencial. Recuperado de: https://confidencial.com.ni/gobierno-impone-paquetazo-de-aumentos-al-inss/

Resolución del Consejo Directivo del INSS. (16 de abril de 2018). La nueva radio ya. Recuperado de: https://nuevaya.com.ni/resolucion-del-consejo-directivo-del-inss/

Salinas, C. (22 de abril de 2018). Aumenta la tensión en Nicaragua en la cuarta jornada de protestas contra el Gobierno de Ortega. El País. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/04/22/america/1524366151_556411.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Salinas, C. (22 de abril de 2018). Los empresarios de Nicaragua rechazan la oferta de diálogo de Ortega. El País. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/04/22/america/1524356795_072762.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Loáisiga, L. (22 de abril de 2018). Daniel Ortega anuncia que revoca reformas al INSS. El Nuevo Diario. Recuperado de: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/461829-daniel-ortega-inss-protestas-nicaragua/

[1] La población lo ha evidenciado derribando “árboles de la vida”, o cantando “Daniel; Somoza, son la misma cosa”, quemando imágenes de Rosario Murillo y Daniel Ortega y derribando la estatúa de Hugo Chávez.

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