GIAMMATTEI – EL DOCTOR QUE HEREDA UNA GUATEMALA CONVULSA

Carlos Torres Jiménez
Director de Proyecto
Politólogo e internacionalista

Los resultados son claros, el pasado 11 de agosto, Alejandro Giammattei ganó la segunda ronda electoral contra Sandra Torres, líder de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y líder en el primer balotaje celebrado hace un par de meses. El candidato del Partido Vamos, resultó ganador con un 57,95%, mientras que Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo un 42,05%. Estas elecciones fueron particulares, debido a que se inscribieron 19 partidos políticos, y a una serie de incidentes presentados durante la primera ronda electoral que obligaron al Tribunal Supremo Electoral a repetir el proceso de conteo en cuatro municipios y a suspenderlo en otro por falta de garantías y seguridad. La segunda ronda electoral se caracterizó además, por una escasa participación ciudadana, ya que únicamente un 42,70% de votos fueron emitidos por la población guatemalteca.

Las tareas de este médico, ex Director del Sistema Penitenciario de Guatemala (por las que estuvo en prisión 10 meses por su liderazgo en la “Operación Pavo Real”) y bombero, serán variadas en un país, que en cuestión de 4 años tuvo importantes cambios y al que, al igual que su predecesor, llegará sin una fracción de diputados suficiente para movilizar acuerdos en el Congreso.

El Dr Giammattei hereda de Jimmy Morales una serie de decisiones controversiales — la principal siendo la no renovación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) —. Dicho ente, termina su mandato el 3 de septiembre del presente año y en una entrevista para CNN, prácticamente aseguró que su gobierno no solicitará su retorno. Confirmó que buscará crear una Comisión contra la Corrupción con apoyo variado (Soy502; 2019). La corrupción se volvió central en el país del norte de América Central, al ver como en 2015, acciones coordinadas entre el Ministerio Público y la CICIG investigaron y arrestaron  a decenas de funcionarios públicos, entre ellos el entonces Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxanna Baldetti. 

Otro tema importante que hereda de la Administración Morales es la migración. El acuerdo firmado recientemente con el Gobierno de Estados Unidos genera preguntas importantes. Este acuerdo, crea en Guatemala un “tercer país seguro”, ha sido criticado por el potencial de empeorar una crisis humanitaria (BBC; 2019). Si a esto se suma que Guatemala es de los países que más migrantes envía a Estados Unidos por condiciones ligadas a la inseguridad, la falta de empleo y sobre todo la pobreza, algunos analistas han catalogado que Guatemala podría convertirse en una “gran cárcel” y lo más importante este que no soluciona las razones de fondo del por que los guatemaltecos migran (Prensa Libre; 2019).

¿Pero que esperar de  Alejandro Giammattei? Tras la entrevista con CNN (12 de agosto de 2019), hay varios puntos a considerar. Primero, parece focalizar sus esfuerzos en que la corrupción de su rival Sandra Torres sea debidamente procesada en tribunales. “Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que la señora (Sandra Torres) responda por los actos ilícitos que ha cometido”, este factor que puede vislumbrar una dificultad para negociar con la bancada legislativa más grande que pertenece a Torres (Soy502; 2019).   Esto, combinado con los llamamientos a mano dura contra el crimen hacen pensar que discursivamente el presidente electo tendrá una similar visión a la de Jimmy Morales (Nomada; 2019).

Otros temas son más difíciles de interpretar. En materia económica, el plan del candidato se basa en temas siempre mencionados: simplificación de trámites, atracción de inversión extranjera y mejora de infraestructura.  En temas sociales,  mucho de lo aportado se basa en construir infraestructura pendiente desde hace varias décadas. En temas de seguridad ciudadana, al igual que Morales, priva el discurso de la mano dura.  Sin embargo, los detalles no son claros; abundan los ¿qué?, pero no los cómo y los cuándo. (Plaza Pública; 2019).

A Guatemala le espera un nuevo presidente con retos comunes de hace décadas. Y parece que la solución es la misma que hace 10 años — una figura conservadora que guiará un mundo muy incierto —.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

García, J. (12 de agosto de 2019). Giammattei es el ganador y Guatemala se las verá con un Jimmy 2.0 o un autoritarismo más radical. Nómada. Recuperado de: https://nomada.gt/pais/elecciones-2019/giammattei-es-el-ganador-y-guatemala-se-las-vera-con-un-jimmy-2-0-o-un-autoritarismo-mas-radical/

Gráfico: (11 de agosto de 2019). Este es l plan de gobierno de Alejandro Giammattei. Plaza Pública. Recuperado de: https://www.plazapublica.com.gt/content/grafico-este-es-el-plan-de-gobierno-de-alejandro-giammattei

Redacción. (25 de julio de 2019). Crisis migratoria: ¿puede Guatemala convertirse en un “tercer país seguro” como quiere Donald Trump?

Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49097853

SA. Elecciones en Guatemala: los 3 grandes retos de Alejandro Giammattei como próximo presidente de Guatemala. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/bbc-news-mundo-guatemala/elecciones-en-guatemala-los-3-grandes-retos-de-alejandro-giammattei-como-proximo-presidente-de-guatemala/

Soy502. (12 de agosto de 2019). Así respondió Sandra Torres a las acciones en su contra. Soy502. Recuperado de: https://www.soy502.com/articulo/sandra-torres-envia-fuerte-mensaje-twitter-5313

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A 32 años de la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica: un panorama sobre la consolidación de las instituciones democráticas

Valeria Rodríguez Quesada
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y en de Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR) y Pasante de FUNPADEM.

En el período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, los países de Centroamérica han recorrido distintos procesos en la consolidación de sus sistemas políticos. Desde el caso costarricense, en el que las instituciones democráticas han permanecido incólumes desde inicios de los años cincuenta; democracias más tardías como lo fueron las experiencias de Panamá, Guatemala y El Salvador, hasta regímenes que aún pueden calificarse como semi democráticos, como se refleja en los casos de Honduras y Nicaragua.

Precisamente, uno de los ejes que se expresan en el Acuerdo de Esquipulas II, se refiere a la democratización. Dentro de este,  el texto señala:

“[Los gobiernos] realizarán, de manera verificable, las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas que garanticen la participación de partidos políticos y la efectiva participación popular en la toma de decisiones y aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los derechos ciudadano. (Acuerdo de Esquipulas II, 1987)”

No obstante, la frágil división de poderes, la corrupción y poca transparencia —especialmente en la ejecución de obras públicas—, la subrepresentación de mujeres, jóvenes y minorías étnicas que siguen sin alcanzar una participación política equitativa, el oportunismo político, y la poca participación popular siguen siendo flagelos que afectan a la región.Y aunque las problemáticas precedentes se refieren exclusivamente a la satisfacción y efectivo cumplimiento de derechos civiles y políticos, no debe olvidarse la relación intrínseca que estos mantienen respecto de las condiciones sociales de los individuos-agentes del sistema democrático necesarias para su ejercicio.

Al respecto, O’Donnell señala:

Si los/as ciudadanos/as utilizan ampliamente sus derechos políticos y civiles, el contexto social tenderá a ser diverso y congenial a la democracia; por otro lado, dicho contexto social tenderá a promover tales actitudes y prácticas por parte de sus ciudadanos/as. Hay una circularidad obvia en las afirmaciones precedentes; pero es una circularidad útil, ya que reafirma la imbricación mutua y necesaria de los lados individual y social de diversos derechos, incluidos los políticos. (O’Donnell, 2004)

En este contexto, el panorama social de la región es desalentador. El Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible resume que “durante el período 2000-2013 Centroamérica no logró elevar significativamente los niveles de bienestar y progreso social de sus habitantes. Si bien mejoraron indicadores clave como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el acceso a servicios públicos y la cobertura educativa, se mantiene el desafío de garantizar condiciones de vida dignas para amplios sectores de población, sobre todo en los países del centro y norte del Istmo, que además son los más populosos. En ellos se concentran la pobreza, la exclusión social, la desnutrición crónica y la violencia” (Programa Estado de la Nación, 2016).

Partiendo de la premisa de que las condiciones que constituyeron la base para la germinación de la guerra siguen estando presentes y, aún más grave, que sus consecuencias son aún latentes en la consolidación de los sistemas políticos, es necesario comprender de qué forma las condiciones sociales han influido en la participación política de los sectores más excluidos de las sociedades de la región.

A este respecto, Maslow  propone una teoría psicológica mediante la cual es posible establecer una jerarquía de necesidades que los seres humanos buscan satisfacer sobre la base de una pirámide. En su base, se encuentran las necesidades fisiológicas, de origen biológico y orientadas hacia la supervivencia humana, tales como respirar, beber agua, dormir, la necesidad de sexo y reproducción, y la necesidad de refugio. El siguiente eslabón estaría conformado por las necesidades de seguridad y protección, que surgen cuando las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas y hacen referencia a la seguridad física (un refugio que proteja del clima), de salud (asegurar la alimentación futura), y de recursos (disponer de educación, transporte y sanidad necesarios para sobrevivir con dignidad). En las capas superiores se encuentran las necesidades de amor y pertenencia, las necesidades de estima y, finalmente, las necesidades de autorrealización.

A medida que la persona logra el cumplimiento de las necesidades más básicas, va escalando en la pirámide y busca la satisfacción de otras necesidades insatisfechas, hasta llegar a la necesidad de autorrealización. El inconveniente se encuentra cuando una persona ni siquiera es capaz de satisfacer las necesidades más básicas, como es el caso de un 47% de la población centroamericana que en el 2013 se encontraba bajo la línea de pobreza, y cerca de la quinta parte (18%) que vivía en condiciones de indigencia, o el hecho de que para el 2014 cerca de 6,5 millones de centroamericanos (59% de la población) tenían al menos una necesidad básica insatisfecha (Programa Estado de la Nación, 2016).

Ante esto, resulta necesario afirmar que una gran cantidad de la población se encuentra tan ocupada intentando asegurar las condiciones para satisfacer sus necesidades más básicas —esto incluye la necesidad de vivienda digna, la cual, según el mismo informe, es la principal carencia en la región—, que ni siquiera le es posible tomar parte en las discusiones políticas, ni mucho menos, ejercer los derechos civiles que se supuestamente se le atribuyen, pues estos formarían parte de capas superiores de una pirámide sobre la cual aún no logran escalar.

En el mismo sentido, Sáenz de Tejada afirma que

“Las posibilidades de desarrollo y consolidación de la democracia están relacionadas con el agente ciudadano, que puede comportarse plenamente como tal cuando –siguiendo el modelo marshalliano– tiene satisfechas un conjunto de necesidades básicas que le permiten actuar como parte activa en la sociedad política. En esta parte de la evaluación, las democracias centroamericanas dejan mucho que desear, en tanto que la pobreza, el analfabetismo y la exclusión siguen siendo una constante en la región”. (Sáenz de Tejada, 2005)

Es decir, que la consolidación de los sistemas políticos dependerá indefectiblemente de la garantía de condiciones de vida dignas que permitan el desarrollo pleno de la ciudadanía. En un contexto donde no ha sido posible la superación de los conflictos sociales más profundos que permitieron la germinación de guerras; la sola afirmación de los derechos de expresión, asociación y acceso a la información de carácter pluralista, será incapaz de potencializar las capacidades de los diversos sectores que conforman las sociedades centroamericanas.

Referencias bibliográficas:

Acuerdo de Esquipulas II (1987). Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Guatemala: 7 de agosto de 1987. Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf

Lehoucq, F. (2013). La democratización en Centroamérica desde sus guerras civiles: fortalezas y debilidades. Revista de Derecho Electoral. San José: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Recuperado de: https://www.tse.go.cr/revista/art/16/fabrice_lehoucq.pdf

O’Donnell, G. (2004). Notas sobre la democracia en América Latina. Buenos Aires: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: https://issuu.com/contenidosrd/docs/el-debate-conceptual-sobre-democracia.-pnud-2004

Orozco, M. (2006). Centroamérica: retos, conflictos y perspectivas en el siglo XXI. Washington DC: Diálogo Interamericano. Recuperado de:  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan026752.pdf

Programa Estado de la Nación (2016). Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Capítulo 1: Sinopsis. San José: Programa Estado de la Región. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/informe/?id=89555141-aef8-4341-b5c0-7777d70f5b51

Sáenz de Tejada, R. (2005) Democracias de posguerra en Centroamérica: reflexiones sobre Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales N.º 3. Vol. II, Julio 2005. Disponible en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan027277.pdf

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA EN LA NUEVA GEOGRAFÍA DE DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA

Kennys Maltêz Ruíz
Cordinador de la Dirección De Investigación
Asociación Yo Emprendedor

El emprendimiento e innovación en el desarrollo de las sociedades

Prácticamente, todas las teorías de desarrollo en las sociedades destacan el papel del “agente de cambio” como la fuerza que inicia e implementa el progreso en las diferentes dimensiones de la sociedad siendo el emprendedor quien ha sido reconocido como el agente de esos cambios en la historia. Por lo que suele afirmarse que, si una nación no tiene líderes emprendedores y/o personas empresarias en su base, el desarrollo económico y la promoción de crecimiento de oportunidad en el mercado y en la sociedad son muy difíciles de lograr. El emprendedor como consecuencia de su autorrealización y en la búsqueda del desarrollo local, conduce al progreso de su entorno en forma de encadenamiento que impacta de forma transversal muchas áreas comunes.

En este sentido, si se analiza rápidamente el panorama de la economía global se puede observar que la economía se está revitalizando gracias a los esfuerzos que desarrollan las empresas como una fuerza significativa para el desarrollo mundial. Como el liderazgo que desempeñan los emprendedores que contribuyen a las actividades de innovación, investigación y desarrollo a través de la creación de empleo, aumento de la productividad y la formación de nuevas industrias; que podrían eventualmente convertirse en oportunidades de desarrollo y bienestar social.

Contexto económico y la inserción de Centroamérica

A nivel global, Centroamérica se perfila como una región exportadora de materias primas en el mundo (BBVA; sf), y por lo tanto se puede decir que el sector externo ha jugado un papel importante en la dinámica de la región, especialmente para financiar importaciones de alta tecnología y a pesar de que existe gran disponibilidad de recursos naturales en Centroamérica que han contribuido al desarrollo de la región, este no es el escenario de desarrollo que se busca. Al contrario, Centroamérica se encuentra tal y como lo afirma Gwynne (2014) en gran medida caracterizada por su pertenencia a la periferia de la economía mundial, en gran medida dependiendo de los centros mundiales de producción de bienes de consumos y de los consumidores de sus productos primarios.

Se pretende que Centroamérica cambie el patrón de desarrollo de alto riesgo producido (las exportaciones de recursos naturales y materias primas de bajo valor agregado mayoritariamente) y es importante reaccionar a metas con medidas fijadas en el mediano y largo plazo. Estas metas por ende tienen que estar basadas en la adopción de patrones de crecimiento con bases establecidas en una industria de mayor valor agregado, traducido en palabras sencillas en el desarrollo de empresas de base tecnológicas e innovadoras que aporten empleos de calidad para la ciudadanía de la zona. Esta importante oportunidad de desligarse del sector primario hacia un sector con un alto valor agregado solo puede ser logrado si los países desde Guatemala hasta Panamá son capaces de garantizarnos una “triada de beneficios” que se extienden en educación de calidad, sistemas nacionales-regionales de innovación y emprendimiento, así como una estrecha y comprometida participación entre la academia, el gobierno y las empresas privadas.

El papel del emprendimiento en Centroamérica

Debido al alto número de jóvenes en la región, existen grupos de innovadores de alto potencial que tienen un impacto en la creación de puestos de trabajos y según Global Entrepreneurship Monitor (GEM), como el ente referente a nivel mundial en temas de emprendimiento, Centroamérica se encuentra constantemente en la generación y consolidación de nuevos negocios, así como en la búsqueda de soluciones a posibles problemas existentes en la zona. Esta entidad considera que se puede lograr un gran salto en temas de competitividad e innovación, lo cual impactaría en el desarrollo económico y social de los países del istmo (GEM; 2016).

Sin embargo, el diagnóstico no es el mismo para todos los países de la región.  A pesar de que se consideran grandes avances en el ecosistema de El Salvador, Costa Rica y Guatemala; otros países como Honduras y Nicaragua aún no aparecen en la lista de los ecosistemas emprendedores de Centroamérica (GEM; 2016). En esta línea se encuentra una gran desarticulación entre los principales actores de los sistemas y aquellos pertenecientes al marco institucional asociados a las políticas de apoyo, que son apenas básicas.

Consideraciones Finales

En la actualidad y con los procesos de globalización cada vez más arraigados el mundo se ha convertido en una economía de conocimiento donde el grado y la velocidad con que una sociedad absorbe las nuevas tecnologías obtiene y comparte información a escala mundial crea y difunde nuevos conocimientos, determina su capacidad para operar y competir (BID, 2011).

Para permanecer en el entorno y no sufrir daño, los Estados centroamericanos deben satisfacer las demandas del contexto mundial mejorando la forma en que emprenden y utilizan la innovación como uno de los recursos claves para el desarrollo de las economías. Sin embargo, todo esto no es posible lograrlo si desde los gobiernos no se crean programas para capacitar a emprendedores potenciales sobre el papel de innovación en respuesta a las necesidades existentes en el mercado. Desde la academia, se deben identificar las necesidades tendenciales a través de procesos de investigación. A la vez, las empresas dispondrán de capital privado, lo cual permitirá generar recursos y nuevas formas de conocimiento. Solo a través del desarrollo de esta triple hélice (gobierno, academia y sector privado) y la apuesta hacia una económica de valor agregado asociado a los procesos de emprendimiento e innovación se espera que la nueva geografía económica en la región sea posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BID. Banco Interamericano de Desenvolvimento. La Necesidad de Innovar: El camino hacia el progreso de América Latina y el Caribe. 2011. Disponible en: <http://craig.com.ar/biblioteca/La%20necesidad%20de%20Innovar.%20Camino%20hacia%20el%20Progreso%20-%20BID.pdf&gt;.

CEPAL. (2019). Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2018 y Perspectivas para 2019. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44485/1/S190116_es.pdf

https://www.gemconsortium.org/

Ferreiro, C. (sf.). América Latina, rica en materias primas. BBVA. Recuperado de. https://www.bbva.com/es/america-latina-rica-materias-primas/

GWYNNE, R. N.; CRISTOBAL, K. Latin America Transformed: Globalization and Modernity. 2. ed. Nova Iorque: Routledge, 2014

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2016). Latin America and Caribbean Regional Repport. Recuperado de:

https://www.gemconsortium.org/

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CENTROAMÉRICA

Paulina Víquez Mora
Estudiante en Nutrición de la Universidad Hispanoamericana

El concepto de Seguridad Alimentaria es creado en la década del 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico y físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales de las personas, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un Derecho Humano.

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional es un estado en el cual “todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” (Léon, Martínez, Espíndola, & Schejtman, 2004).

Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.”

Generalidades

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ella se plantea, como segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Como se puede observar desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como un derecho individual y una responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…” Por otro lado, casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) desarrolló aún más estos conceptos, haciendo hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación…”, y especificando “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” (Léon, Martínez, Espíndola, & Schejtman, 2004)

Dentro de las consecuencias de estos convenios internacionales se encuentra que en la actualidad, para considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, el costo de adquirir suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada no debe ser tan alto, que se pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos. (Léon, Martínez, Espíndola, & Schejtman, 2004).

Inseguridad alimentaria en Centroamérica

La evolución de los indicadores de inseguridad alimentaria y nutricional presentan situaciones muy diferentes. En cuanto a la subalimentación, mientras países como Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana han recibido recientemente el reconocimiento de la FAO por haber reducido a la mitad su porcentaje de población subalimentada, en otros, como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, la proporción ha aumentado en los últimos años. Pese a los avances, aproximadamente el 18% de la población de la región continúa subalimentada, porcentaje que sitúa a la región bastante por encima de la media de América Latina y el Caribe, con un país, Guatemala, con una incidencia considerada como alta y dos países (Nicaragua y República Dominicana) con valores moderadamente altos (CEPAL; 2017).

Los problemas de desnutrición en los países se ven paradójicamente acompañados por un aumento en la incidencia del sobrepeso y la obesidad. La desnutrición y la obesidad son problemas con una tendencia ascendente y a menudo coexisten en un mismo país, una misma comunidad e incluso un mismo hogar. Hay tres países (Belice, Costa Rica y República Dominicana) que presentan cifras de obesidad en menores de cinco años mayores al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (FAO, 2011)

El acceso económico a los alimentos está fundamentalmente determinado por el costo de los alimentos y los ingresos monetarios disponibles para adquirirlos. Lo cual plantea una correlación entre pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional que se ve confirmada por los datos estadísticos disponibles. Violando aún el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 96, la región centroamericana presenta una tasa de pobreza del 47%, muy superior al promedio de ALC del 29%, con tres países (Guatemala, Honduras y Nicaragua) entre los cinco más pobres del continente (junto con Haití, el más pobre, y Paraguay). De la misma manera, el porcentaje de pobreza extrema o indigencia en Centroamérica (20%) supera ampliamente el de ALC (12%). (FAO, 2011)

Aunado a lo anterior, todas las Canastas Básicas Alimentarias (CBA) en la región (con la excepción de Belice, donde no se cuenta con datos para el análisis) mantuvieron una tendencia creciente en 2012. Al estimar el poder adquisitivo de los salarios mínimos agrícolas en la región del SICA sólo en Costa Rica los hogares dedicados a labores agrícolas pueden acceder a más de una CBA (1.7 CBA en diciembre de 2012), lo cual asegura condiciones favorables en términos de Salud Nutricional (SAN). En el extremo opuesto se encuentra Nicaragua en donde un salario mínimo no llega a cubrir media CBA (0.45 CBA para ser precisos), por tanto, dos miembros del hogar deben trabajar para cubrir las necesidades alimenticias básicas. En el resto de los países este coeficiente registra 0.89 en Guatemala, 0.82 en El Salvador, 0.80 en Panamá y 0.65 en Honduras. (FAO, 2013)

Conclusión

La carencia de una alimentación adecuada se manifiesta de una manera crítica y aguda en las hambrunas que periódicamente afligen a diversas poblaciones vulnerables, y en efectos nocivos acumulativos de subnutrición, obesidad y falta de nutrientes específicos. Por lo cual, la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es el centro de crecientes discusiones y esfuerzos, desde el nivel local hasta el global. El estado actual de la seguridad alimentaria y nutricional es el resultado complejo de actividades, procesos y factores que operan desde el nivel doméstico hasta el macroeconómico e internacional, y que conjuntamente pueden constituir el sistema alimentario. Desde una visión en pro del desarrollo sostenible e incluyente, se debe tener como objetivo lograr la asequibilidad de los alimentos, la diversidad en su consumo , la nutrición y salud de la población, y la sostenibilidad ambiental.

“El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades” (Kofi Annan, ONU, 2002)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEPAL. (2017). Seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica y la República Dominicana: explorando los retos con una perspectiva sistémica. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/42588-seguridad-alimentaria-nutricional-centroamerica-la-republica-dominicana

FAO. (2011). Seguridad Alimentaria y Nutricional Conceptos Básicos Programa Especial para la Seguridad Alimentaria – PESA – Centroamérica. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf

FAO. (2013). Centroamérica en Cifras datos de Seguridad Alimentaria Nutricional. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-at771s.pdf

Léon, A., Martínez, R., Espíndola, E., & Schejtman, A. (Mayo de 2004). Pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6077/1/S0410044_es.pdf

MEJORAR LA MEDICIÓN DE LA POBREZA: UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y MULTIDIMENSIONAL

Sergio Sánchez López
Pasante FUNPADEM
Estudiante en Maestría en Desarrollo Internacional Universidad de Copenhague

Introducción

El concepto de pobreza ha sido fundamental en la agenda internacional de desarrollo desde que el Banco Mundial lo promoviera enérgicamente en los años 70 del siglo pasado. Desde entonces, la conceptualización de la pobreza ha cambiado radicalmente, partiendo del enfoque de las necesidades básicas (Streeten; 1981) de los años setenta hasta la comprensión más sofisticada de la pobreza como una privación multidimensional, no sólo de los ingresos sino también de las capacidades, los derechos y las prestaciones (Sen; 2000). Sin embargo, esta agenda no ha sido tradicionalmente determinada por las personas sujetas a la categorización de pobres pese a que los discursos políticos contemporáneos promueven la inclusión política, la participación de la población en los diálogos sobre políticas y el reconocimiento de la necesidad de que los países se apropien de las estrategias de reducción de la pobreza (Green; 2006).

Pobreza y desarrollo

No hay consenso sobre la definición de pobreza, aunque a menudo se entiende como una “aguda privación de bienestar” (Banco Mundial 2001:15). Por lo tanto, un requisito preliminar es seleccionar el espacio para la medición del bienestar. Por ejemplo, los indicadores de ingresos o consumo se han utilizado tradicionalmente para identificar y medir la pobreza (ibíd., 16). Sin embargo, una razón importante para considerar una gama multidimensional de privaciones de bienestar es que los diferentes aspectos de la pobreza interactúan y se refuerzan mutuamente (ibíd., 15). El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el PNUD en 1990, fue el primer intento de crear un índice mundial multidimensional de bienestar que incluyera aspectos como salud, educación y riqueza.

La discusión sobre Desarrollo Humano fue fundada conceptualmente por la teoría del enfoque de las capacidades del economista y filósofo indio Amartya Sen. En su influyente libro “Desarrollo y Libertad”, Sen explica el concepto de desarrollo como un proceso de expansión de las libertades o capacidades reales que una persona disfruta para llevar el tipo de vida que valora (Sen 2000:3). Así, al reconocer la diversidad de las necesidades y prioridades humanas, Sen propone crear una medida de la pobreza que tenga en cuenta que el bienestar no sólo es multidimensional, sino que también es experimentado y entendido por los individuos en función de sus valores y contexto.

Un enfoque participativo para medir la pobreza en El Salvador

Con el objetivo de incluir las experiencias de las personas en situación de pobreza en su medición nacional, El Salvador inició el proceso de creación de un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) basado en el método Alkire-Foster (2011) -que también se inspira en el enfoque de capacidades de Sen (2000)- a finales de 2009. Este es el primer proceso participativo para definir las dimensiones de un IPM realizado por un país (OPHI 2017). Para ello, se realizó un estudio cualitativo y, a partir del análisis de grupos focales con habitantes de 20 comunidades en pobreza, se identificaron las principales deficiencias en sus vidas desde su perspectiva y se convirtieron en un indicador del IPM del país (ibíd.).

Como resultado de este proceso participativo, El Salvador ha sido el primer país en incluir indicadores de seguridad física y ambiental en su IPM. Estos indicadores innovadores forman parte de una nueva dimensión más amplia llamada “hábitat” que se incorporó cuando las personas que viven en la pobreza expresaron que el entorno que les rodea -caracterizado por la vulnerabilidad a los riesgos ambientales y la inseguridad, entre otros- era un signo de pobreza (PNUD 2014). Aunque novedosos, estos indicadores son esenciales en un país que tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo (PNUD 2013) y el suministro anual de agua per cápita peligrosamente cerca de quedar por debajo de la demanda (CEPAL 2010). La dimensión “hábitat” incluye la falta de lugares de ocio (que afectan al 29,8% de los hogares), la incidencia de la delincuencia (13%), las restricciones en las actividades diarias debido a la inseguridad (54,4%) y la exposición a los daños y riesgos medioambientales (7,7%). Además, no sólo sabemos ahora que el 33,4% de los hogares salvadoreños son multidimensionalmente pobres (privados al menos en ⅓ de los indicadores). Este IPM también reveló que la gran mayoría de los hogares en situación de pobreza multidimensional se encuentran en zonas rurales, tienen personas adultas con un bajo nivel de educación, carecen de acceso a la seguridad social y al saneamiento, y sufren de hacinamiento, así como de subempleo o inestabilidad laboral (STPP y MINEC-DIGESTYC 2015).

Implementación en Centroamérica

A pesar de que no existen aún vínculos directos con la formulación de política social en El Salvador (PNUD 2018), los resultados de este IPM tienen un enorme potencial como herramienta de planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. En otros países de la región centroamericana, la implementación de IPM nacionales, sin haber seguido una metodología tan participativa para conformar los indicadores como en El Salvador, está facilitando la identificación de interconexiones entre las privaciones o las trampas de pobreza, grupos de población y áreas geográficas vulnerables, así como la estimación de los recursos necesarios.

El Gobierno de Costa Rica, por ejemplo, utiliza su IPM nacional para definir los contenidos prioritarios de la política social y para distribuir la inversión pública a nivel territorial y sectorial según las dimensiones con mayores carencias (MPPN, 2018:21). Honduras utiliza su IPM nacional como medida oficial de pobreza para monitorear el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS): erradicar la pobreza en todas sus formas. Además, el IPM nacional ayuda a avanzar en otros ODS como el de Seguridad Alimentaria (ODS2), Educación (ODS4), y el de Agua y Saneamiento (ODS6) (SCGG-INE, 2016). De igual manera, Guatemala utiliza provisionalmente su IPM nacional como medida de pobreza para monitorear los ODS (Gobierno de Guatemala, 2017).

Panamá, además de contar con un IPM nacional para toda la población, lanzó en 2018 el primer IPM de niños y adolescentes en América Latina, seleccionando las dimensiones e indicadores en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, las legislaciones y políticas nacionales y un gran número de consultas públicas (MEF, 2018). Por último, cabe mencionar que Nicaragua, representando una excepción en la región, carece de un IPM nacional.

Gráfico 1. Porcentaje de Pobres Multidimensionales en Centroamérica.

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Multidimensional Poverty Peer Network.

Conclusión

La réplica del proceso participativo de El Salvador y el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias de implementación efectiva de los IPM nacionales entre los países de la región centroamericana tiene el potencial de fomentar el empoderamiento de los ciudadanos en las diversas fases del ciclo de políticas públicas. Estableciendo un diálogo entre los ciudadanos y las autoridades, y creando una colaboración eficiente hacia una perspectiva y comprensión local de la pobreza y el desarrollo. En definitiva, la implementación de un IPM participativo, como herramienta oficial de medición, de información para asignación de recursos, así como de seguimiento y evaluación de los programas sociales, supondría avanzar en el camino hacia la reconstrucción del contrato social y la legitimidad de las instituciones públicas en los países del istmo.

Referencias bibliográficas:

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Streeten, P. (1981). The Distinctive Features of a Basic-Needs Approach to Development. In Development Perspectives (pp. 334-365). Palgrave Macmillan, London.

Un día para recordar la importancia del control sobre el tráfico ilícito de armas: 9 de julio

Brandon Mata Aguilar
Bachiller en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional
Estudiante de Investigación Criminal, Colegio Universitario de Cartago
Asistente técnico de FUNPADEM

Después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de seguridad ha sido modificado a lo largo de los años, iniciando su transición más importante enfocados en ideas y doctrinas innovadoras en esta materia señala Cheyre (2015, pp. 54 ). El concepto inicialmente estaba estrechamente ligado al ámbito militar, posteriormente emprende un proceso de “ampliación gradual” en el cual se identifica la necesidad de incluir aspectos económicos, societales y medioambientales como componentes básicos de la seguridad total”. (Óp. Cit 2015, 54) Pasando del concepto clásico o tradicional de seguridad a una visión desde el enfoque de seguridad humana.

En la actualidad se incluyen actividades como: el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la aparición de grupos subversivos y, por supuesto, el tráfico ilegal de armas. (Francisco Rojas citado en Cheyre 2015, 57). Varias de estas actividades tienen presencia en la región Centroamericana, por lo que la aparición y desarrollo de las consideradas “nuevas amenazas” no es ajena a la región.

Contexto histórico del Día Internacional de la Destrucción de Armas (9 de julio)

La celebración del Día Internacional de la Destrucción de Armas (9 de julio) se cimienta en el año 2001, cuando en el estado de Nueva York (Estados Unidos de América) se celebró entre el 09 y el 20 de julio la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. 

Tras realizar en total 23 sesiones las cuales ameritaron diversas discusiones y procesos de negociación se aprobó por unanimidad el texto final del “Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos” contenido en el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (Naciones Unidas, 2001).

A partir de ese momento se logró visibilizar el tráfico ilícito de armas como un generador de violencia entre personas, tanto a nivel interno como externo, pues los Estados reconocieron que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras como un obstáculo para la disminución de la violencia (Naciones Unidas, 2001 pp. 6).

Asimismo, se identificó la necesidad de implementar acciones en el ámbito jurídico, con el fin de desarrollar un marco legal concreto y apropiado para tipificar el tráfico ilícito de armas y las acciones conexas a la actividad a nivel nacional, regional y mundial. Finalmente, se delegó en el Estado la responsabilidad de salvaguardar sus armas y regular aquellas del ámbito privado, así como los procesos relacionados con el comercio de armas.

En relación con los ámbitos de acción, a nivel regional las acciones se centraron en la creación de un espacio de cooperación el cual se cimenta en un marco legal vinculante para los Estados. Estas acciones se desarrollan tanto, desde la adopción de nuevos instrumentos, como en el endurecimiento de los instrumentos jurídicos existentes. A su vez, dichas acciones deberían establecerse a través de mecanismos de cooperación transfronteriza y trabajo conjunto interestatal. Por último, a nivel mundial se destacan aspectos como la participación de nuevos actores en el ámbito de seguridad.

Por lo que se reconoce sutilmente que no es un tema exclusivo del Estado; si no que, en el proceso se requiere de la participación de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y actores no gubernamentales como todo actor partícipe de sociedad civil.

Tabla 1.

Síntesis de acciones a desarrollar por los Estados para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, por plano

TIPO DE PLANO	NACIONAL	REGIONAL	MUNDIAL
ACCIONES	Implementar los instrumentos jurídicos necesarios para la tipificación penal de estas actividades.	Facilitar el proceso de creación de instrumentos vinculantes entre Estados que para abordar de forma integral el tráfico ilícito de armas.	Cooperación con organismos internacionales como Naciones Unidas.
	Regular y fiscalizar el comercio, tenencia, distribución, almacenamiento de armas y actividades conexas.	Establecer mecanismos de cooperación transfronteriza.	Recolección y distribución de información relacionada.
	Responsabilizarse por la tenencia de las armas que pertenezcan al Estado.	Adopción de medidas a nivel regional y subregional con el fin de endurecer el marco jurídico.	Aumento de la capacidad de los Estados para la cooperación en detección y localización de acciones en materia de tráfico ilícito.
	Velar por la correcta destrucción de armas confiscadas, expropiadas y/o entregadas voluntariamente.	Aumentar la transparencia entre Estados con el fin de combatir el tráfico ilícito.	Facilitar la cooperación y participación de actores de sociedad civil en actividades relacionadas.

Nota. Fuente: Elaboración propia con dados de Naciones Unidas (2001 pp. 8-11)

Importancia del Día Internacional de Destrucción de Armas: Centroamérica

Celebrar el Día Internacional de Destrucción de Armas permite recordar a las distintas entidades públicas y privadas el compromiso adquirido para erradicar cualquier tipo de violencia. En este caso particular, aquel generado a partir de el tráfico ilícito de armas.

El informe Destrucción de armas en Centroamérica y el Caribe: panorama de la destrucción de armas de fuego en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana (Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, SF, págs. 9-10), del cual FUNPADEM fue partícipe, señala que en los países de Centroamérica (entre el 2011 y 2015) se incautaron aproximadamente 67. 520 armas. Dicha cantidad es exorbitante y dentro de las razones que permitieron la acumulación esta cantidad de armas, se identifican: 1) la falta de atención del Estado al fenómeno; 2) la falta de atención de las instancias judiciales y fiscalías al tema; y, 3) la poca claridad de las legislaciones nacionales en relación con la destrucción (Ibidem, pp 10). Por lo que aún restan mejoras y acciones que permitan cumplir con los compromisos adquiridos para el abordaje integral del fenómeno.

Por otra parte, el aporte realizado por Carmen León permite evidenciar que a nivel centroamericano los principales tipos de armamento que se trasiegan están estrechamente ligados con el contexto histórico pues parte del armamento que se trafica proviene de los conflictos regionales de carácter militar desarrollados durante la década de los años 80. (León-Escríbano, 2011, pág. 80) Además de este tipo de armamento también destaca el trasiego de armamento que puede poseerse de forma legal (como pistolas 9mn y revólveres) hasta armamento de carácter militar (como lanzacohetes) cuya procesión no es permitida siquiera por vía legal. (Ibídem.)

Por último, es importante destacar la pertinencia de que estas estos fenómenos, que atentan contra la paz social, sean abordados de forma conjunta por actores estatales y no estatales. El tráfico de ilícito de armas en la región es un generador de violencia claro; ejemplo de ello es que, grupos criminales organizados, fuerzas irregulares, delincuencia común organizada, redes de tráfico, entre otros actores que operan en la región (León-Escríbano, 2011) han tomado posesión de estos mercados para desarrollar actividades ilícitas conexas a lo largo de la región centroamericana generando así un incremento en los índices delictivos y una perturbación de la paz social en la región. Con base en lo anterior y debido a la complejidad de la situación, podría afirmarse que la problemática no puede ser solucionada por un solo actor, es necesario que las instituciones trabajen en conjunto para realizar un aporte desde el campo de experiencia correspondiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cheyre, J. (2015). Las Amenazas a la Seguridad en América Latina. Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 51-73. Recuperado de: https://gcg.universia.net/article/view/999/amenazas-seguridad-america-latina

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. (SF). Destrucción de armas en Centroamérica y el Caribe: panorama de la destrucción de armas de fuego en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana. Recueperado: de http://www.funpadem.org/app/webroot/files/publication/files/289_destruccio_ndearmascompletofinal.pdf

León-Escríbano, C. (2011). Tráfico ilícito de armas y municiones: Guatemala y la región centroamericana. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 77-92. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/5526/552656554005.pdf

Naciones Unidas. (2001). Informe de las Naciones Unidas Sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. Recuperado de: http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/Documents/PoA_Spanish.pdf

EL ANCLA DE CENTROAMÉRICA: LAS PROTESTAS Y EL DESCONTENTO CIVIL QUE PARECEN INTERMINABLES.

Alexandra Abarca Víquez
Estudiante de Relaciones Internacionales y Psicología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)
Pasante de FUNPADEM

En los últimos meses, el descontento ciudadano ha incrementado en algunos países de Centroamérica. Oposición a reformas de educación, salud, temas fiscales, transparencia en procesos electorales, la prensión del Estado y otros, son algunos de las banderas con las que marchan por las calles vanos sectores sociales de estos países. Renuncia de altos mandatos gubernamentales, retiro de proyectos de ley o instalación de mesas de diálogos son algunas de las consecuencias de estas manifestaciones. Sin embargo, lamentablemente, algunas de estas manifestaciones se han envuelto en la violencia social y han ocasionado heridos y hasta muertes en algunos de estos países. A continuación, se presenta un resumen de lo acontecido por cada país.

Guatemala: Proceso electoral 2019

La población rechaza los resultados de las elecciones pasadas, debido a diferentes irregularidades en el proceso electoral. Entre ellas la entrega de papeletas marcadas hasta problemas con el software utilizado para el mismo (Alvarado, V, 2019). Esto provocó que hubiera manifestantes en las calles de Guatemala expusieran sus molestias ante las situaciones de corrupción. Según García (2019) agentes antimotines se enfrentaron a manifestantes que buscan que se repitan las elecciones. 

Honduras: Polarización desde el 2009.

Este país centroamericano suma semanas de manifestaciones y disturbios violentos, aunque se ha llegado a distintos acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de la población. Aún así, el descontento de los manifestantes se mantiene, incluso dictando la renuncia del actual presidente: Juan Orlando Hernández (S.a., 2019). Dicho paro indefinido ha dejado como consecuencia heridos, bloqueos de vías y centros educativos, vandalismo e incluso al menos tres muertos. Una parte del pueblo hondureño duda de la legitimidad de la reelección del actual mandatario. Esta situación se ha endurecido con la represión militar de parte del gobierno para terminar con dichas protestas.  

Nicaragua: 443 días de manifestaciones hasta el 5 de julio de este año

Es imposible dejar de lado la situación que el país de Nicaragua sigue viviendo con la crisis sociopolítica que inició en abril 2018, el pueblo nicaragüense sigue luchando por su libertad, y la libertad de sus presos políticos. Las protestas en contra del mandatario Daniel Ortega aún persisten y la represión en contra de estos también. La presión internacional persiste por las graves violaciones de derechos humanos. La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, solicitó a la Unión Europea y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega (Ocaña, D, 2019).  

Costa Rica: Economía y Educación.

Desde el 4 de febrero del 2018 (pasadas elecciones presidenciales en este país) la sociedad civil costarricense se ha percibido fraccionada por distintos pensamientos en torno a la toma de decisiones y políticas públicas. Desde el inicio del mandato del actual presidente de Costa Rica: Carlos Alvarado Quesada; ha puesto como prioridad combatir el déficit fiscal que el país posee (de aproximadamente un 6% del PIB del país) esto ha generado, un descontento de varios sectores. En efecto, desde el pasado 20 de junio, diversos movimientos sindicales y grupos sociales como estudiantes y pescadores, entre otros. Se han manifestado en las calles con distintitos propósitos, entre ellos: la renuncia del Ministro de Educación Pública (MEP); debido al descontento de la población durante este año en su cargo y su toma de decisiones a la educación del país. Entre otras peticiones se encuentran: revisión integral de los programas educativos, una moratoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y retiro de la corriente legislativa de los proyectos de ley que afecten al sindicalismo, entre otros (Lara, F, 2019). Aunque parece que las protestas son interminables y algunas muy violentas, el presidente de Costa Rica ha reiterado su compromiso para instalar mesas de diálogo.

Es de suma importancia, que los países centroamericanos encuentren las vías para llegar al diálogo. En muchos de estos países, se ha dejado de escuchar el pueblo, y, reviviendo de nuevo las crisis sociopolíticas que caracterizan la década de los 70´s y 80´s a Centroamérica. La represión indiferencia pueden recrudecer si los diferentes actores no ceden a negociar.

El papel de la sociedad civil, los organismos internacionales y los países cooperantes, es fundamental en este proceso. El llamado y el acompañamiento al diálogo y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y la denuncia deberían ser los pilares de las acciones de estos tres actores en la región centroamericana. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Lara, J. (2 de julio de 2019). Dirigentes exigen negociar valores cristianos y otras 17 peticiones. 07-02-2019. La Nación. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/dirigentes-exigen-negociar-valores-cristianos-y/72JF2YW5LNAKJJGWVHUISPWNMY/story/

SA. (22 de junio de 2019). Protestas en Honduras: al menos 3 muertos en las movilizaciones en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. BBC. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48730781

García, O. (19 de junio de 2019). Manifestantes que rechazan resultados electorales se retiran de ingresos a la capital. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala-ciudades/ingreso-a-la-ciudad-paralizado-por-manifestaciones-en-rechazo-a-resultados-electorales/

LO QUE SE DEBE RECORDAR EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGRAS EN CENTROAMÉRICA

Diego Acuña Picado
Técnico e investigador
Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)

El pasado 26 de junio se celebró el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fecha que conmemora la lucha contra el tráfico y abuso de las drogas. Según la UNODOC (2012), la definición de “crimen transnacional organizado” incluye  todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales. Esta fecha para Centroamérica posee especial relevancia debido al contexto actual en el que se desenvuelve, y las violentas características que marcan sus sociedades.

Centroamérica, es una de las regiones más violentas del mundo, a pesar de no haber ninguna guerra declarada en la región. Así, por ejemplo, El Salvador es el país más violento y posee una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes, asediada por una constante lucha contra las pandillas en el país; realidad que no es ajena a Honduras o Guatemala tampoco, y que poseen 40 y 22,4 homicidios por cada 100.000 habitantes respectivamente (ver tabla 1). Por lo cual, en la medida que el narcotráfico se sigue extendiendo en Centroamérica, va a existir de manera ineludible violencia en la región. Más aún cuando se añaden elementos como falta de legitimidad de los gobiernos centroamericanos por parte de sus ciudadanos – como el más reciente caso de Honduras – alimentada por los reiterados casos de corrupción de la región y su débil institucionalidad.

Tabla 1.

Tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes (2008 – 2018) en Centroamérica

País	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación tasa 2008-2018
Guatemala	46,1	46,5	41,6	38,6	39,9	34,03	37	29,5	27,3	26,1	22,4	-19
Honduras	60,8	70,7	81,8	91,4	90,4	79	66	59	59	42,8	40	-21
El Salvador	51,7	70,9	64,1	69,9	41,2	43,7	61	102,9	81,2	60	51	-1
Nicaragua	13	14	13,5	12,5	11,3	9,	8,7	8	7	7	NA	NA
Costa Rica	11,3	11,4	11,3	10	8,5	8,7	9,5	11,4	11,8	12,1	11,72	0,42
Panamá	18,4	22,6	20,6	20,3	17,3	17,3	15	11,1	9,3	9,2	9,6	-9

Nota. Fuente: Villalobos, H. Elaboración a partir de datos obtenidos de Insigh Crime y UNODC. Para el año 2013 los datos provienen de PNC (GU), IML (ES), UNAH(HO), PN (NI), OIJ (CR) y Ministerio de Seguridad (PA). Para el año 2017 se consultaron el Observatorio de la Violencia de la UNAH (Honduras), Insigh Crime (enero 2017). Los datos del 2018 se tomaron del Ministerio de Seguridad Pública de CR, Ministerio de Seguridad de Panamá, Policía Nacional Civil de Guatemala, Observatorio de la Violencia de la UNAH (Honduras) y Policía Civil de El Salvador.

Si bien es cierto, el trasiego de drogas en los años ochenta era pequeño y estable, el “efecto globo” ocasionó que el mercado de la cocaína no pudiera realizar su trasiego de manera directa hacia Estados Unidos y desde Colombia, sino que tuviera varios intermediarios en ese trayecto; convirtiendo a Centroamérica en un puente para llegar al norte del continente (Villegas; 2014). El trasiego de drogas y el narcotráfico en Centroamérica, es una problemática que no se encuentra relegada a las fronteras de un solo país, por lo que debe ser abordada de manera regional.

Como un ejemplo, puede ser m mencionado el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que involucra a El Salvador, Guatemala y Honduras y se plantea como una iniciativa que busca generar proyectos y políticas conjuntas a favor del desarrollo en el ámbito económico, político y social de la región. En principio, bajo términos de seguridad pública se busca fortalecer los programas de prevención de la violencia familiar y comunitaria; a partir del apoyo del sistema educativo se pretende promover el comportamiento positivo en los niños, y la disminución del involucramiento de esta población en las pandillas. La atención a jóvenes es una de sus prioridades, la cual se visualiza a través de la promoción de programas de asistencia multisectorial que incluye atención psicológica para controlar adicciones y prevención de consumo. Asimismo, los programas de salud sexual y reproductiva, nivelación escolar, capacitación y formación laboral y registro; pretenden disminuir la incidencia de los conflictos en el desarrollo psicológico y social de estos jóvenes (Triángulo del Norte; 2014; 14)

Sin embargo, los resultados aún no se visualizan con fuerza en Centroamérica. Y las consecuencias del narcotráfico son cada vez mayores en estos países. Por eso, se deben focalizar esfuerzos en programas preventivos para la juventud, la coordinación regional y la creación y renovación de mecanismos para el intercambio de información, y el fortalecimiento en general de las instituciones de la región a fin de contar con mecanismos eficaces para el combate contra el consumo de drogas y su tráfico ilícito.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10889. (SF). Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte. ACNUR. Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10889.pdf
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Villalobos, H. (11 de enero de 2019). Tasa de homicidios dolosos de Centroamérica. Balance General 2008 -2018. Recuperado de: https://pensandodesdecentroamerica.wordpress.com/2019/01/11/tasa-de-homicidios-dolosos-de-centroamerica-balance-general-2008-2018/

Villegas, C. (12 de diciembre del 2013). La economía ilícita del narcotráfico en Centroamérica. Análisis del Mercado de la Cocaína y las respuestas políticas de los Estados. Universidad de Costa Rica. Recuperado de: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000273.pdf

GUATEMALA: DE LA ALGARABÍA EN 2015 A LA APATÍA EN 2019

Carlos Torres Jiménez
Director de Proyecto
Politólogo e internacionalista

Hace, cuatro años, posterior a un convulso año donde la Comisión contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) destapó una serie de eventos que trajeron abajo al presidente y la vicepresidenta (2015), los guatemaltecos dieron una lección de civismo; en casi un 80% se presenciaron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. Cuatro años después, algunas cosas se mantienen igual. La corrupción y la inseguridad siguen presentes. Pero más del 40%de los votantes, optaron por no emitir su voto (s.a, 2019). ¿Cómo explicar este fenómeno?

La ex primera dama Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo 25% de los votos y pasará a segunda ronda por segunda vez consecutiva (en la primera perdió contra el actual presidente Jimmy Morales) (s.a, 2019). Luchará contra Alejandro Giammattei de VAMOS, un médico que dirigió el sistema penitenciario de Guatemala y que ha intentado llegar a la presidencia 4 veces, todas con partidos distintos. Los resultados nos indican una dispersión masiva de los votantes guatemaltecos, donde el regionalismo, las diferencias urbano-rural y el factor étnico juegan un papel importante. 

Tabla 1.

Conteo Votos, Principales partidos (en %)

Partido	Candidato o candidata	Porcentaje de votos recibidos
UNE	Sandra Torres	25,7%
Vamos	Alejandro Giammattei	13,9%
Humanista	Edmundo Mulet	11,9%
MLP	Thelma Cabrera	10,3%
PAN Podemos	Roberto Arzú	6%

Nota. Elaboración propia con base en la Prensa Libre (Vicente, A, 2019).

Por otra parte, el Congreso seguirá fraccionado, una tendencia en los comicios de Guatemala. De los 160 congresistas electos, UNE de Sandra Torres lidera con al menos 44 escaños, 24 más que VAMOS. Lo destacable es que hasta 18 fuerzas podrían encontrarse representadas en el Congreso según los resultados de las elecciones (s.a., 2019). Sigue una tendencia fuerte en la política de Guatemala que el Partido que llevó a Alvaro Colom a la presidencia y que actualmente busca colocar a Torres en la primera magistratura tiene una representación fuerte en el Congreso y en las Alcaldías.

En agosto, vendrá la segunda ronda. Esto se presta para un importante reacomodo de los votantes, un incremento tradicional en el abstencionismo y un momento donde puede haber alianzas complejas. Tres tendencias serán necesarias observar en los siguientes meses: (1) el castigo del voto “anti Sandra” que acechó a la candidata de UNE en las pasadas elecciones; (2) las alianzas que puedan hacer los diferentes partidos para acceder al menos a parte del gabinete y (3) la división urbano y rural en el voto. 

En diferentes sondeos, incluidos el último de CID GALLUP para la Fundación Libertad y Desarrollo indican que Torres tendrá un difícil camino ante Giammattei, quien llevaría 4 puntos de ventaja (s.a, 2019). Existe, de acuerdo a este estudio un gran sesgo contra la UNE y especialmente con Torres por su pasado como primera dama y el poder que acumuló durante la administración de su ex – esposo Alvaro Colom, en donde incluso se divorció para tener la posibilidad de lanzarse como candidata a la presidencia en las elecciones del 2011.

Esto plantea un escenario natural de potenciales alianzas. Giammanttei tiene una ventaja natural- ha sido candidato para varias agrupaciones, por lo cuál tiene bastantes conexiones para entablar conversaciones. Según, el estudio de Fundación Libertad y Desarrollo, tiene menos anticuerpos que la candidata de UNE. Adicionalmente, su bancada legislativa estaría lo suficientemente reducida como para buscar apoyos necesarios y construir una base de votantes más amplias, esto a pesar de que las estructuras partidarias de Guatemala no son generalmente estables sólidas y permanentes.  Sumado a esto, permanecen diversas acusaciones sobre Torres que podrían contribuir a la consolidación de aliados en diversos frentes tanto en la empresa privada (especialmente CACIF), sectores más conservadores religiosos y grupos cercanos a la cúpula militar.

Por último, las elecciones muestran una realidad de Guatemala que persiste en su pasado electoral. Existe una división marcada entre lo rural y el ambiente urbano. Un análisis breve de los resultados muestra que Torres fue muy superior en zonas rurales, ganando 17 de los 22 departamentos de Guatemala, pero incluso fue tercero en zonas urbanas como Guatemala donde el 22% del electorado se concentra. (Villeda, V, 2019). Esto se explica básicamente por los programas de asistencia social construidos durante su rol como primera dama, que afectaban positivamente a poblaciones rurales y de ingresos bajos.

Estas 3 inquietudes nos llevaran hasta agosto. Guatemala si pasó de una elección sorprendente en 2015 a una muy predecible en 2019.  Sin embargo, los retos se mantienen y las adaptaciones que Guatemala requiere en este contexto parecen más bien complicarse.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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GUATEMALA: ELECCIONES CON PROTAGONISMOS NO ESPERADOS

Carlos Torres Jiménez
Director de Proyecto
FUNPADEM

A cuatro años del estallido del caso “La Línea” que propició el arresto y renuncia del Presidente Otto Perez y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, Guatemala regresa a las urnas. Las personas ciudadanas seleccionarán  Presidente, Vicepresidente, diputados (un total de 160 congresistas y 20 parlamentarios del Parlamento Centroamericano) y 340 alcaldes en toda Guatemala. Poco a cambiado desde 2015, en ese momento Guatemala eligió ante problemas de seguridad ciudadana,  retos de creación de empleos,  lucha contra la corrupción y el permanente reto de combatir la pobreza. Sin embargo, esta elección  podría ser recordada como la que el principal actor no fueron los candidatos, sino las Cortes (Otola, M & Marroquín, D, 2019).

Hay una serie de factores que con certeza se darán. Tal y como el resto de elecciones del periodo pos bélico (1960-1996),  habrá segunda ronda. Las diferentes encuestas vaticinan que ningún candidato llegará al requerido 50% para ser electo en primera ronda. De la misma forma, las últimas encuestas vaticinan que uno de las candidatas es Sandra Torres, ex primera dama y líder del partido UNE. También, al igual que en elecciones anteriores, cuestionamientos a diferentes candidatos han existido por varios temas, desde corrupción hasta narcotráfico. Incluso en esta elección han existido casos notados como el arresto del candidato Mario Estrada, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos por la agencia anti drogas de ese país en el pasado abril (BBC News, 2019).

A pesar de todo, el rol de los tribunales ha sido notorio. Seis candidatos presidenciales o precandidatos han sido eliminados por diversas razones. Más recientemente, el pasado 11 de junio,  Edwin Escobar de Participación Ciudadana y Mario Radford del Partido Fuerza  fueron eliminados por razones diferentes (Saira, R & Lopez, E, 2019). A ellas se suman la inviabilidad de participación de dos candidatas populares: Thelma Aldana de Semilla y Zury Ríos de. La primera llegó a la fama por ser la fiscal general encargada del proceso “La Línea” antes mencionado. Su plataforma está ligada a una fuerte campaña anti corrupción  y transparencia. Ríos, en cambio,  fue una ex candidata y ex diputada que retoma una serie de fuentes que le dan popularidad: un discurso que mezcla elementos de “mano dura” (por ejemplo la promulgación de pena de muerte),  seguridad ciudadana contra  el narcotráfico y muchos elementos cristianos pentecostales, muy populares en Guatemala. Además, retoma una cierta popularidad que su padre, el ex dictador Efraín Ríos Montt (Morales, S, 2019). Encuestas anteriores a  la invalidación de ambas candidaturas ponían a Aldana y Ríos en segundo y tercer lugar respectivamente, incluso con altas probabilidades de llevarse la presidencia de Guatemala.

Otro caso –controversial también –, ha sido la inhabilitación al medio “El Periódico” de publicar información sobre Sandra Torres, candidata de la UNE. Este caso, bajo el uso de una ley contra el femicidio, un tribunal de apelaciones prohibió al diario de publicar informaciones sobre los ligámenes de la candidata en temas de recaudación de fondos en la campaña (Quiñonez, E, 2019). Este, ha dado mucho de hablar,  pues como se mencionó, Torres lidera las encuestas y es casi un hecho que estará en segunda ronda.  Vuelven a circular los fantasmas de tráfico de influencias y abuso de autoridad en la región.

Estas elecciones en Guatemala tienen un tinte particular: el principal actor no son las propuestas, los debates e incluso los candidatos. Los tribunales han tenido un papel fuerte en ellas. A vísperas del futuro proceso, poco se puede agregar.  Los procesos electorales en Guatemala han tenido siempre un elemento sorpresa, algo que a última hora o en los momentos finales pre electorales hacen que algo ocurra. En las últimas elecciones, por ejemplo, el presidente Jimmy Morales surge ante la ola de escándalos ligados al caso “La Línea” y queda electo. Actualmente, Thelma Cabrera, candidata por  el MLP, atrae mucho como un voto protesta.  Sus declaraciones han sido poco específicas,  busca un Estado Plurinacional y refundar Guatemala, ser más solidaria con los más pobres. (Álvarez, A, 2019). Otros candidatos como Roberto Arzú (hijo del Ex Presidente Alvaro Arzú), Alejandro Giammatei y Edmund Mulet buscan igual ese segundo lugar, buscando captar a 49% de votantes que no han decidido su voto (Guatevision, 2019). El sucesor de Jimmy Morales tendrá un importante de reto de impulsar a Guatemala en un contexto más complejo donde la migración, la seguridad y el narcotráfico  se vuelven asuntos complejos que deben resolverse.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, A. (2019). Thelma Cabrera, la lideresa que quiere cambiar el sistema desde adentro. Plazapublica. Recuperado de: https://www.plazapublica.com.gt/content/thelma-cabrera-la-lideresa-que-quiere-cambiar-el-sistema-desde-dentro

Eswin Quiñonez. (2019). Resumen del día: Prohibido hablar de Sandra Torres. Nomada GT- Recuperado de: https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/resumen-del-dia-prohibido-hablar-de-sandra-torres/

Miguel Angel Lara Otaola & Diego Marroquín. (2019). Main keys to Guatemala’s general elections. IDEA. Recuperado de: https://www.idea.int/news-media/news/main-keys-guatemalas-general-elections

Redacción. (2019). Habrá segunda vuelta en las elecciones generales, según encuesta de Pro Datos. Guatevision. Recuperado de: https://www.guatevision.com/noticias/decisionlibre2019/segunda-vuelta-encuesta-pro-datos/

Redacción. (2019). Mario Estrada, el candidato presidencial de Guatemala acusado por la DEA de negociar con el cartel de Sinaloa el apoyo a su campaña. BBC News. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47982704 g

Saira Ramos y Esvin López. (2019). Edwin Escobar y Mauricio Radford quedan fuera de la contienda electoral. PubliNews. Recuperado de: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/06/04/escobar-radford-fuera-elecciones.html 

Sergio Morales Rodas. (2019). Obras en vez de impuestos, el ofrecimiento de Zury Ríos en su visita a San Mateo. Prensa Libre. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/obras-en-vez-de-impuestos-el-ofrecimiento-de-zury-rios-en-su-vista-a-san-mateo/