Centroamérica aún en camino para la igualdad de la población LGBTI

Josué Abarca Anchía
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas
Pasante FUNPADEM

Los movimientos a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo en occidente, junto con la lucha contra la represión de la comunidad LGBTI en países conservadores generan un cambio contundente a la geopolítica gay. En los últimos años hay una evidente transición del pensamiento social, pasando de la criminalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia. Muy bien lo señala el sociólogo Frédéric Martel en su ensayo “Global Gay” (2013) “Ayer era difícil ser abiertamente homosexual; hoy es difícil ser abiertamente homofóbico”.

Esto es gracias a los cambios que se han dado a las formas de vida en la universalización de los derechos humanos, la modificación de la institución del matrimonio tradicional, el individualismo sexual y a la emancipación de las mujeres y homosexuales. Factores que han causado que en regiones como América Latina se dé una revolución sexual y cultural,  ya que los grupos de presión y luchas sociales no solo han transformado la conceptualización de género, sino también ha alcanzado cambios en las estructuras sociales, políticas y culturales de los Estados.

Aún con todos los avances que ha adquirido la comunidad LGBTI en América Latina, Centroamérica todavía está en deuda en temas diversidad sexual y derechos humanos de esta población. En Honduras la persecución a activistas LGTBI aumentó desde el golpe de Estado acontecido en 2009 (CIPRODEH), en El Salvador se dan predisposiciones del estado para investigar crímenes de odio, Guatemala desacredita a políticos que aceptan públicamente ser homosexuales, y en el resto de países del istmo se niegan a aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo.

 

 

 

 

 

A pesar de estos problemas durante los últimos años, el último domingo de junio se han celebrado marchas y desfiles en relación a temas de diversidad y orgullo gay en Centroamérica. Sin embargo para que estas sociedades modifiquen su estigma social hacia la población sexualmente diversa, “se requiere de un proceso educativo que determine cambios socio culturales para la construcción de una sociedad libre de estigma y discriminación a la diversidad de género y/o de orientación sexual” como lo menciona Alberto Stella coordinador de ONUSIDA (2008).

En el año 2003 la Asociación PROCESOS realizó un estudio con estudiantes de secundaria en Centroamérica, (este estudio indagó sobre el grupo menos gustado de la sociedad) las respuestas con respecto al grupo poblacional homosexual para Honduras fue de un 35.5%, para Costa Rica de un 29.0 % y para Nicaragua de un 28.1%. En el caso de la juventud costarricense es sorprendente que para un país sin ejército, hecho del que se enorgullece el país, muchos jóvenes prefieren los grupos militares que las poblaciones homosexuales.

Actualmente dentro de la legislación de los países centroamericanos no existen disposiciones específicas para las personas gais, lesbianas, bisexuales y trans, lo que tiene graves implicaciones en materia de derechos humanos: Desde vacíos en la atención de necesidades específicas (en materia de salud sexual y reproductiva, por ejemplo), hasta la desprotección y la restricción en el acceso igualitario a derechos.

Martel menciona “Los homosexuales están cada vez más globalizados, a menudo muy americanizados, pero siguen muy arraigados a su país y a su cultura. En todas partes del mundo parecen estar volviéndose idénticos y sin embargo en todas partes son distintos. En una época de globalización, la apertura y el arraigo no son antinómicos”.

La revolución LGBTI es una evolución global y no tiene como únicamente a Norteamérica y Europa: se ha vuelto multipolar; y en Centroamérica la defensa de los derechos de la población sexualmente diversa se ha convertido en una nueva frontera de los derechos humanos. Los gobiernos centroamericanos deben de plasmar en sus agendas políticas los asuntos relacionados a derechos humanos e igualdad para la población sexualmente diversa, no solo usar este tema en el discurso político, sino cumplirlo y respaldar todas las garantías a la comunidad LGBTI

 

 

 

 

 

 

Referencias

CIPAC. (2008). Percepción de estudiantes universitarios sobre la homo/leslofobia en Costa Rica, Nicaragua y Honduras 2008. San José: CIPAC.

CIPAC. (2014). Evaluación de actitudes hacia las persona LGTBI por parte de las fuerzas policiales del El Salvador. San José: CIPAC.

CIPAC. (2015). Situación de población adulta adulta mayor LGTB en Costa Rica, El Salvador y Panamá . San José : CIPAC.

CIPRODEH. (s.f.). Estado de Honduras incrementa homofobia. Obtenido de CIPRODEH: http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/5527/Estado-de-Honduras-incrementa-homofobia

Martel, F. (2013). Global Gay: Cómo la revolución gay está cambiando el mundo. Taurus.

Mesa de Diálogo Sociedad Civil-CR. (2016). Informe de Derechos Humanos de Costa Rica 2015. San José .

TELAM. (08 de Junio de 2014 ). La revolución gay se consolida al calor de la globalización . Obtenido de TELAM: http://www.telam.com.ar/notas/201406/66425-revolucion-gay-globalizacion-frederic-martel.html

 

 

El Muro de Berlín revive en América Latina

Por Raquel Céspedes Ortiz
Pasante FUNPADEM
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica

El Muro de Berlín dividió la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana durante 28 años (1961-1989). Dependiendo del ojo de quien lo miraba, para unos representaba el muro de seguridad y para otros el muro de la vergüenza. Exactamente, está dicotomía, después de 27 años de la caída del Muro de Berlín en Alemania, sigue presente en el mundo. Esta vez, el escenario es América Latina.

En los últimos años se ha incrementado la construcción de muros en América Latina dividiendo las poblaciones de acuerdo a sus ingresos, en referencia a los estratos sociales existentes identificados como pobres y ricos.

Y es que, en materia de muros no solo se involucra la existencia de barreras en las fronteras para evitar la migración entre países, como la mega barrera kilométrica en extensión que cubre el 33.3% del total de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, creada por el expresidente George W.Bush y que el candidato republicano Donald Trump quiere continuar.

Sino que además existe todo un trasfondo que se alimenta de diferentes perspectivas sociales, económicas y políticas.  Por ejemplo, el caso de Brasil con un muro de hormigón que separa los precarios de los deportistas de la Villa Olímpica. Incluso, el llamado “muro de la vergüenza” en Perú que separa una lujosa urbanización de un conglomerado de miles de personas que viven hacinadas y en pésimas condiciones. En Argentina, una malla de acero en la autopista que separa un gran poblado marginal de los distritos más caros y residenciales de Sudamérica. Asimismo, en las capitales de Ecuador, Colombia y Venezuela se suman a la construcción de barreras físicas para evitar que los “pobres· transinten en los lujos barrios de los “ricos” (Caldentey, 2016).

Aunado a esto, en datos recientes del Banco Mundial y según el ranking de los primeros catorce países más desiguales de América Latina a partir del coeficiente de Gini, se encuentran: Honduras (53.7), Colombia (53.5), Brasil (52.9), Guatemala (52.4), Panamá (51.7), Chile (50.5), Costa Rica (49.2), México (48.1), Perú (44.7) y Argentina (42.3). Del mismo modo, según una investigación conjunta entre Cepal y OXFAM, América Latina y el Caribe es efectivamente la región con las mayores desigualdades del planeta. Las fortunas de los multimillonarios en esta región han crecido anualmente un 21%, cifra que es seis veces superior al PIB regional (ONU, 2016). El 10% más rico de la región posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta (B.M, s.f).

Incluso, la OIT en el informe mundial sobre salarios 2014/2015 menciona que se ha captado un mayor interés y conciencia sobre la desigualdad en los últimos años, lo cual no solo socava los objetivos de justicia social, sino que también puede acarrear consecuencias económicas adversas. De manera que, plantea la importancia de aplicar políticas eficaces contra la discriminación.

América Latina presenta una fuerte preocupación sobre las profundas desigualdades entre grupos y territorios, ya sea entre zonas urbanas y rurales, e incluso entre los hombres y las mujeres, resultado de las edificaciones que dividen y excluyen sectores altamente vulnerables de la sociedad. Las cuales, están claramente vinculadas a un aumento en los índices de delincuencia, violencia e inestabilidad social y política en la región.

Las inmensas fortalezas edificadas crean segregaciones sociales, territoriales y hasta raciales. En sentido estricto, se trata de muros de la vergüenza, de la humillación, que en pleno siglo XXI suponen ser difíciles de digerir, pero continúan existiendo y peor aún, van en aumento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Caldentey, D.  (27 abril, 2016). En Latinoamérica los ricos y pobres se separan por muros infames. Disponible en: http://noticias.lainformacion.com/mundo/Latinoamerica-ricos-pobres-separan-infames_0_911610092.html. Consultado el 12 de julio del 2016.

[2] Centro de Noticias ONU. (17 de marzo, 2016). CEPAL alerta sobre la concentración del ingreso y la riqueza en América Latina. Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34668#.V477vriGuko. Consultado el 19 de julio del 2016.

[3] El Banco Mundial. (s.f.). Indice de Gini. Disponible en: datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI. Consultado el 20 de julio del 2016.

[4] Justo, M. (9 marzo, 2016). ¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina? Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab. Consultado el 13 julio del 2016.

[5] Navarro, E. (30 junio, 2016). Los ‘muros de la vergüenza’ que separan a ricos de pobres en América Latina. RT. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/211789-muros-dividen-pueblos-sobreviven-america. Consultado el 12 de julio del 2016.

[6] OIT. (2015). Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015: Salarios y desigualdad de ingresos. Disponible en:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_343034.pdf. Consultado el 12 de julio del 2016.

 

Implicaciones de la Declaración Inconstitucional a la Ley de Amnistía en El Salvador

Diego Acuña Picado
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica
Pasante de FUNPADEM

El pasado 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de El Salvador promulgada el 20 de marzo de 1993. En ella, se absolvían por crímenes de lesa humanidad acontecidos durante la Guerra Civil de El Salvador desde 1980 a 1993.

La Ley declarada inconstitucional, concedía la amnistía de forma “amplia, absoluta e incondicional” a las personas partícipes de delitos políticos[1] (Decreto N°486, 1993). Tal aspecto es condenado por el órgano de la Corte Suprema de Justicia, alegando que a pesar de que el derecho internacional permite la adopción de amnistías, eso no quiere decir que el Órgano Legislativo se encontrara en potestad para decretarla de forma “irrestricta, absoluta e incondicional”.  Establece que de esta forma se desconocen las obligaciones jurídicas que poseen los Estados para la protección de derechos, la investigación, e identificación de los responsables materiales e intelectuales, y  la sanción apropiada para estos (Sala declara inconstitucional la Ley de Amnistía, 2016)[2].

Lo anterior alude al cumplimiento de la reparación integral de las víctimas de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Para estas personas, ¿habrá verdaderamente un reparo emocional? O, ¿las nuevas investigaciones implicarían la evocación de este lúgubre periodo de la historia salvadoreña?

El conflicto bélico tuvo como actores a las Fuerzas Armadas de El Salvador contra la insurgencia conformada por la Alianza del Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Una fuerte intervención estadounidense, la pérdida de 75.000 vidas, 7000 desaparecidos, e inconmensurables consecuencias reflejadas en la violenta realidad social y política de El Salvador, caracterizaron a dicho conflicto.

El Informe de la Comisión de la Verdad para  El Salvador de la ONU “De la Locura a la Esperanza” registró hasta julio de 1991, 22 000 denuncias de graves delitos de violencia. De las denuncias recibidas, a la Fuerza Armada se les atribuyó casi el 60%, a los miembros de cuerpos de seguridad alrededor del  25%, a las escoltas militares y de defensa civil un aproximadamente 20%, a integrantes de escuadrones de la muerte más de un 10% y un 5% de los casos al FMLN[3] (De la Locura a la Esperanza, 1992).

A pesar de que el informe no abarca en su totalidad los crímenes acontecidos durante la guerra, evidencia asesinatos, masacres, desapariciones, y ejecuciones extrajudiciales acontecidas que reflejan la gravedad e impacto de la guerra y que podrán ahora ser investigadas.

El actual gobierno podría verse implicado ya que se encuentran personas involucradas en el conflicto bélico de 1980 a 1992. Al respecto, el presidente Sánchez Cerén-comandante de guerrilla durante la Guerra Civil- sostiene que las sentencias vendrían a afectar la frágil convivencia de la comunidad salvadoreña y que no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente. También lo hizo el Ministro de Defensa David Munguía Payés, expresando temor porque la declaración se convierta en una “cacería de brujas”. No obstante, las miles de personas afectadas tienen el derecho que las personas que cometieron tan atroces hechos sean identificadas, investigadas y penadas.

Por ello, 24 años después de que se emitiera la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, los crímenes de este tipo que se encontraron archivados durante tanto tiempo, podrán finalmente ser resueltos. Esto responde a la imperante y vigente necesidad del Estado salvadoreño de cerrar ese álgido capítulo de su historia, y continuar con uno nuevo que contemple el  fortalecimiento de su institucionalidad y estructura de gobernabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Legislativa. Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. (1992). http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-amnistia-general-para-la-consolidacion-de-la-paz/archivo_documento_legislativo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sala declara inconstitucional la Ley de Amnistía. (2016). Recuperado de: http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2016/07_JULIO/COMUNICADOS/20.%20Comunicado%2013-VII-2016%20Ley%20de%20amnist%C3%ADa.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU). De la Locura a la Esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. (1992). Recuperado de: http://www.pddh.gob.sv/memo/verdad

[1] Decreto N° 486 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador: http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=ECID11VPlCznszF16tkmZGUCyPIwA2nd09fk83y3D3xDYfUUZYjtE6kEN1+66HayDbaW88ReAPwPNvnGPkvmQC/jYYCv7ypmHXzZbHtxpm7c1Te2u2+nIAhQITE6qNmw51i3reBErakyWVo0w8o3A4xRSsxKF9ykjzBsNjT9SNhHd9JEBJw4xiOe3OtAxHiuLQ

[2] En el comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional se menciona n: la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo II de 1977: http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2016/07_JULIO/COMUNICADOS/20.%20Comunicado%2013-VII-2016%20Ley%20de%20amnist%C3%ADa.pdf

[3] Pertenecen en un 60% a ejecuciones extrajudiciales,  un 25% a desapariciones forzadas y más de un 20% a denuncias de tortura. El Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador: http://www.pddh.gob.sv/memo/verdad

 

La inclusión de los indígenas costarricenses en su propio territorio

Por Pamela Salazar Ramírez
Asistente Administrativa FUNPADEM

Los indígenas de Costa Rica se conforman por ocho etnias distinguibles que están distribuidas en todo el territorio nacional: Bribri, Cabécares, Guaymies, Guatusos o Malekus, Teribes, Miskitos y Sumos, Chorotegas, Borucas o Bruncas, Térrabas y Huetares.

Según la información recopilada en el Atlas Digital de la Universidad de Costa Rica sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica (2016), en este país centroamericano habitan 104.143[1] que se autodefinen como indígenas, constituyendo el 2,4% de la población total del país; cada una de estas personas se encuentra bajo respaldo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para velar por el cumplimiento de sus derechos. De acuerdo a la Ley 6172 de Costa Rica, y Convenios Internacionales, 22 de los 24 territorios indígenas existentes, son entidades plenamente autónomas capaces de tener su propio autogobierno y sistema judicial. Sin embargo, en la práctica, eso no sucede debido a que son poblaciones marginadas y reprimidas.

Solo 8 de las 24 poblaciones indígenas costarricenses hablan el idioma español, una barrera muy difícil de romper para las otras 16 poblaciones que no les ha permitido desenvolverse por completo con el resto de la sociedad.

Tabla no 1. Pueblos Indígenas en Costa Rica

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Fuente: Atlas Digital de la Universidad de Costa Rica (2016).

Las tensiones entre pobladores indígenas y no indígenas han provocado enfrentamientos violentos; bloqueos, quemas de ranchos habitados por indígenas y otras situaciones que implicaron la intervención del gobierno costarricense en el territorio de Salitre (zona sur del país) a raíz de la disputa por tierras entre finqueros y propietarios “blancos o mestizos” e indígenas de etnia Bribri. La realidad a la que se enfrenta esta población en la actualidad posee cierta diferencia a la del contexto antiguo con los colonizadores, pero su discriminación y marginalidad no ha variado mucho.

Lo que ellos conocen como “blancos” han sido los encargados de violentar sus derechos, su privacidad y principalmente sus territorios para fines ilegales, y las entes encargadas de velar por la seguridad de los indígenas no reaccionan ante tales acciones. Sobresale nuevamente el ejemplo de la quema de ranchos y territorios indígenas en Salitre, donde esta población ha sufrido agresiones verbales y físicas por parte de los finqueros de la zona para apropiarse de sus tierras.[2]

Costa Rica debe trabajar en la educación indígena, y con esto me refiero a que deben orientar a la población hacia el respeto, tolerancia y convivencia sana con estas poblaciones. Los indígenas poseían las tierras en disputa muchos años antes que nosotros, pero consideramos que por ser “más civilizados” se nos debe permitir pisotear su cultura y su forma de vida.

El gobierno de Costa Rica debe iniciar un proceso urgente de inclusión de los indígenas con el resto de la sociedad. Deben tener su espacio en lugares como la Asamblea Legislativa donde su voto influya en temas o decisiones que generalmente no se toma la opinión ni las repercusiones tanto positivas o negativas que vaya a tener en dicho porcentaje de la población.

Referencias Bibliográficas

Boeglin, N. (2015), Observatorio Político de América Latina y el Caribe: Pueblos indígenas en Salitre, las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH. Disponible en http://www.sciencespo.fr/opalc/content/pueblos-indigenas-en-salitre-las-medidas-cautelares-solicitadas-costa-rica-por-la-cidh

El Economista (2016), Proyecto de ley propone dos escaños legislativos para indígenas en Costa Rica. Disponible en http://www.eleconomista.es/politica-eAm/noticias/7642826/06/16/Proyecto-de-ley-propone-dos-escanos-legislativos-para-indigenas-en-Costa-Rica.html

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2016). Ley Indígena de Costa Rica de 1977. Disponible en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/ley%20indigena%20costa%20rica1977.htm

La Nación Costa Rica (2015). Estado dará cuentas sobre protección a los indígenas. Disponible en http://www.nacion.com/nacional/gobierno/dara-cuentas-proteccion-indigenas_0_1485651468.html

La Nación Costa Rica (2014). Finqueros queman ranchos y ocupan tierras indígenas en Salitre. Disponible en http://www.nacion.com/nacional/Finqueros-invaden-territorio-indigenas-bloqueo_0_1425457485.html

Semanario Universidad de Costa Rica (2014), Conflicto por la tierra se recrudece en Salitre. Disponible en http://semanariouniversidad.ucr.cr/sin-categoria/conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre/

Universidad de Costa Rica (2016). Atlas Digital de los Pueblos Indígenas. Disponible en http://pueblosindigenas.odd.ucr.ac.cr/index.php/etnias/diagnostico

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013)  X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda: Territorios

[2] Periódico La Nación (2014). Finqueros queman ranchos y ocupan tierras indígenas en Salitre.

Esfuerzos a medias para la Juventud

Por María José Badilla Vitola
Asistente Técnica de FUNPADEM

La Organización Iberoamericana de la Juventud publicó el Índice de desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud en América Latina 2016 (IPJ), donde analiza el impacto de  diferentes políticas en la calidad de vida de los jóvenes estos dieciocho países de  la región. El estudio resume el avance en educación, salud, empleo, violencia y participación de los jóvenes entre los 15 a 24 años de edad.

La evolución de las políticas públicas para el sector joven en América Latina, en general, ha sido positivo. A mediados de los años ochenta, únicamente  había  tres países referentes con instituciones públicas especializadas en juventud: Costa Rica, México, y Venezuela. Desde entonces, la creación de instituciones públicas en los países de la región se ha multiplicado. Sin embargo, los esfuerzos que se han implementado no han sido totalmente exitosos  debido a la limitación de planes y  programas integrales.

A pesar de las diferencias entre la institucionalidad pública de los países de la región, todas enfrentan el mismo reto: falta de recursos. La falta de  apoyo económico  y la falta de incidencia de las políticas públicas de juventud evidencian la limitación de un planteamiento uniforme e integral que se necesita en América Latina.

Centroamérica con gran deuda con la juventud

Según datos del Índice Global de Desarrollo Juvenil, los primeros puestos  en desarrollo juvenil en Centroamérica, están ocupados por Costa Rica (puesto 29) y Panamá (puesto 65).

En cuanto a indicadores más específicos como lo es la educación y la inserción laboral, Nicaragua tiene un alto porcentaje de población “nini” con 28,3%, seguido por Honduras (27,3%), El Salvador (20,4%) y Costa Rica (24,6%).

Paralelamente, en educación se tiene cobertura casi universal  en enseñanza primaria, sin embargo, las diferencias inician en secundaria.  En Guatemala, únicamente el 25,5% de los jóvenes de 15 a 24 años culminaron secundaria, en contraste con Panamá con un 60,2%.

Asimismo la participación juvenil  tiene contrastes entre los países de la región donde la mayoría se ubica en bajos niveles como Guatemala, El Salvador y Honduras. Mientras  Panamá,  Nicaragua y Costa Rica se encuentra en niveles intermedios tal y como lo muestra el cuadro a continuación:

Cuadro 1: Resumen de indicadores por países

Screen Shot 2016-07-19 at 4.07.42 PMFuente: Elaboración Propia

Además, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ocupan los últimos puestos en crecimiento económico y en desarrollo social,  pero estén mejor ubicados en “desarrollo juvenil” a excepción de Guatemala.

En cuanto a niveles de violencia existe una similitud en cuanto a que la mayoría de los países de la región se encuentra en parámetros intermedios-bajos. De hecho es preocupante la cantidad de jóvenes centroamericanos que están en los centros penales. En promedio, 20% de la población en cárceles de Centroamérica, tienen de 15 a 24 años. Si a esto  se le suma, la escasez de oportunidades de programas de reinserción social, se puede concluir que un 20% de nuestros jóvenes centroamericanos están condenados a una vida de violencia y criminalidad.

Las bases para la  construcción de políticas sectoriales de juventud  integrales en América Latina tienen que ser prioritario para el avance de la región, a pesar, de los esfuerzos realizados; aún queda un largo camino por recorrer. Se necesita soluciones a  largo plazo e  invertir en nuestra juventud.

Bibliografía

RODRÍGUEZ, E. (2016) Bases para la construcción de un índice de desarrollo de políticas sectoriales de juventud en América Latina. CELAJU · UNESCO · OIJ / http://ipj.celaju.net

Centroamérica entre la drogadicción y mojigatez

Por Sarah Castrillo
Coordinadora Programa Justicia y Cumplimiento

Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) son parámetros que países a nivel global se comprometen a cumplir para el año 2030. Estos objetivos se subdividen en 17 rubros que de cumplirse garantizarían una mejor calidad de vida para las personas y el desarrollo sostenible de los países. Sin embargo, existen objetivos que para cumplirse a cabalidad deben tomar en cuenta el enfoque de drogas como un problema de salud pública y adoptar las medidas correspondientes para el tratamiento efectivo del problema.

Según el informe Mundial sobre las Drogas (2016) presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; en el mundo 1 de cada 20 adultos (aproximadamente 250 millones de personas) consumió algún tipo de droga durante el año 2014, y solo 29 millones de estas presentan trastornos relacionados con drogas. Aunado a esto, la sobredosis representa un tercio del total de muertes generadas por el consumo de drogas.

El Tabú en el Desarrollo Social.

La percepción de la drogodependencia se ha ido modificando paulatinamente a nivel global, pasando de ser una conducta indiscutiblemente criminalizada, a ser comprendida e inclusive asumida como un problema de salud pública. Las personas drogadictas han dejado de ser estigmatizadas como criminales y son ahora percibidos como personas enfermas con  necesidades de atención médica. Cabe destacar que estas transformaciones han sido impulsadas oficialmente por países pioneros en estos temas como Holanda y Uruguay.

En Centroamérica las políticas de droga son abordadas desde una concepción totalmente conservadora en tanto se enfocan en estigmatizar su consumo. Hay un debate sobre legislar la regularización del comercio de estupefacientes. Sin embargo, las estructuras institucionales y la perenne condición de países tercermundistas (con todo lo que el concepto acarrea) hacen imposible una reestructuración en los sistema de salud, judicial y hacendario, al menos a corto plazo.

El ciclo de la marginación también ha sido abordado por el informe, el cual destaca que la  estigmatización por parte del gobierno hacia los drogodependientes afecta el su tratamiento eficaz y dificulta su recuperación e integración social.

Un sistema social que no aborde el consumo de estupefacientes desde un enfoque de salud pública, niega oportunidades a las personas adictas y mantiene una población enferma lo cual repercute en la sociedad en general. La mayoría de personas adictas consumen droga en condiciones insalubres y/o utilizan jeringas contaminadas, lo que aumentan el riesgo de desarrollo de enfermedades infecciosas, así como de contagiar a otras personas a su alrededor. Además, el consumo de ciertos estimulantes (no solamente por inyección) puede influir en la conducta sexual e incrementa, por ende, los comportamientos de alto riesgo.

El informe de UNODC indica que de las 29 millones de personas que padecían trastornos relacionados con las drogas en el año 2014; 1,6 millones de ellas vivían con VIH y 6 millones de ellas con Hepatitis C. Además el consumo de ciertos estimulantes (no solamente por inyección) puede influir en la conducta sexual e incrementa por ende los comportamientos de alto riesgo.

Por otro lado, el uso de drogas para fines médicos se ve truncado por la percepción negativa al respecto, lo que disminuye casi en su totalidad las oportunidades de acceso a los medicamentos que contienen estupefacientes. Lo anterior, a pesar de que existen investigaciones que reivindican el papel de algunas drogas en enfermedades críticas e inclusive mortales[1], como por ejemplo la marihuana medicinal en la esclerosis múltiple.

Alianzas

Los ODS buscan metas relacionadas con la reducción de la violencia, el fortalecimiento del estado de derecho, el acceso a la justicia, la represión de la delincuencia organizada, la delincuencia económica  y las corrientes financieras ilícitas. Lo anterior se encuentra en mayor o menor medida relacionado con el problema mundial de las drogas y el enfoque con la que los países lo abordan.

El narcotráfico sumado al consumo de drogas, genera un panorama de violencia propio de la región centroamericana y propicia los escenarios más violentos y antagónicos del ideal propuesto por los ODS. Ciertamente, la lucha contra las drogas ha sido un contundente fracaso y la demanda mundial en los últimos 10 años ha incrementado en 40 millones de personas (UNODC, 2016)  es justamente en este impase, en el que se debe realizar un alto en las políticas gubernamentales y reenfocarlas.

Existe una responsabilidad compartida a nivel global, todos los países son participes del rotundo fracaso, por tanto todos deberían redireccionar esfuerzos hacia el abordaje del problema desde un enfoque de salud pública. Las medidas de prevención no corresponden a la supresión total del consumo, las medidas de prevención corresponden a la alineación interna de instituciones públicas en pro de una sociedad responsable e informada, con acceso a programas de reinserción social.

Aunque no se pueden hacer modificaciones institucionales determinantes en el mediano plazo, si se pueden realizar  esfuerzos significativos a corto plazo. El desarrollo de centros de tratamiento, grupos terapéuticos, talleres educativos e inclusive programas para escuelas y colegios son pasos pequeños pero significativos que pueden impulsar cambios mayores.

¿Qué se necesita entonces? ¿Voluntad política? Sí, pero más aún: necesitamos coraje, un tanto de irreverencia y visión política. No más versiones de cómo alcanzar la seguridad utópica de la ciudadanía, con promesas vetustas de los años 80´ que ya no le sirven a la región. Ó los partidos políticos se acoplan a la evolución de la realidad social, ó se extinguen con su mojigatería discursiva junto con sus simpatizantes jurásicos.

[1]Elikottil, J., Gupta, P., & Gupta, K. (2009). The analgesic potential of cannabinoids. Journal of opioid management, 5(6), 341.

Lieb, J. P., & Babb, T. L. (1986). Interhemispheric propagation time of human hippocampal seizures: II. Relationship to pathology and cell density. Epilepsia, 27(3), 294-300.

Koppel, B. S., Brust, J. C., Fife, T., Bronstein, J., Youssof, S., Gronseth, G., & Gloss, D. (2014). Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology.Neurology82(17), 1556-1563.

¿Por qué somos tan desconfiados los latinoamericanos? EL reto de la convivencia democrática

Por Randall Arias
Director Ejecutivo FUNPADEM

Mientras ocho de cada diez nórdicos confía en los demás, en América Latina la situación es exactamente al revés: apenas dos de cada diez personas en la región confían en quienes les rodean. Este es un dato gravísimo por sí solo, pero bien podría ser el mayor reto para la convivencia democrática y la cultura ciudadana.

¿Cómo aspirar a una sociedad más cohesionada e integrada, si partimos de la desconfianza en las demás personas? ¿Cuál es la solidez de las dinámicas sociales y económicas si partimos de que los demás se aprovecharán de uno, de que no se cumplirá la palabra y de que no puedo esperar un trato justo?

Según el Informe del Latinobarómetro “La confianza en América Latina 1995-2015. 20 años de opinión pública latinoamericana”, somos una región que casi no confía en las instituciones democráticas ni en el prójimo. Ya sabemos los efectos negativos sobre la sostenibilidad democrática cuando el rendimiento de sus instituciones no es percibido de forma positiva por la población. Se socava la confianza en la democracia por su desempeño y, luego, se termina cuestionando al sistema mismo y su legitimidad (apoyo difuso). Es la antesala del surgimiento de salidas autoritarias que hacen desaparecer la democracia, de lo cual cuesta décadas recuperarse.

Algo similar sucede con la desconfianza interpersonal. Confiar en las demás personas conlleva algo básico para la convivencia democrática: la capacidad de anticipar algo que sucede, en este caso la conducta de las demás personas. Si yo pago por un servicio, anticipo que la persona a quien se lo compro cumpla su palabra y me entregue el objeto pactado. Cuando camino por la acera espero que la gente me respete y no me agreda, y espero que los carros no se suban a la acera y al menos no me obstaculicen el paso, y por supuesto que no me atropellen.

Sin embargo, como afirma el informe del Latinobarómetro (2015): “En América Latina las cosas no funcionan así. Aquí cuando nadie está mirando las reglas cambian. Un automóvil o un peatón cruzan con luz roja si no hay nadie en el cruce. Esa es una apuesta fácil de ganar. Aquí la gente se hace la enferma para no ir a trabajar, no pagan todo el boleto del transporte público, usan subsidios estatales cuando no les corresponde.”

Cuando se pregunta “Hablando en general: ¿Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás?”, la respuesta “Solo se puede confiar en la mayoría de las personas” tuvo resultados lamentables en el promedio latinoamericano, ya que sólo el 17% respondió que se puede confiar.

Los países donde más confianza en los demás existe son Panamá, Uruguay y Argentina, con un 22% (no llega ni siquiera a una de cada cuatro personas). El caso más dramático es Brasil, donde apenas 7 de cada 100 personas confía en las demás personas. Y le sigue Costa Rica, con un 11%, seguido de la República Dominicana con un 13%.

¿Cuál es la calidad de las relaciones interpersonales en nuestros países en general y especialmente en los que ocupan el lugar de los más desconfiados? ¿Cuál es la calidad del diálogo, de los acuerdos y los negocios que se hacen todos los días.

¿Qué clase de ciudadanía estamos formando con este nivel de desconfianza interpersonal? Una consecuencia probable es que, más que estar a la defensiva para no ser víctima de alguien que se quiera aprovechar de uno, podría ser que más bien tomemos una actitud proactiva: como asumo que se aprovecharán de mí, mejor me adelanto y entonces me aprovecha de quien, tarde o temprano, me lo terminará haciendo a mí.

Hay un fraude social generalizado que se alimenta de la tolerancia negativa: somos indiferentes cuando las demás personas violan las normas sociales. Y creamos un estado de conformidad con un violación sistemática de las normas, aduciendo que no es uno quien las viola, sino los demás. Y, cuando nos damos cuenta, nos descubrimos haciendo lo mismo.

Le exigimos a quienes nos gobiernan que confían entre sí, que logren acuerdos para el bienestar general, y que actúen con transparencia y corrección, mientras que quienes los elegimos hacemos lo contrario. ¿Por qué pensamos que las personas electas para gobernarnos actuarán de forma diferente al común de las personas, de quienes los eligen? ¿Cuál magia podría operar para que una persona ordinaria como el que más actúe de la noche a la mañana de forma correcta, si antes de ser electa no lo hacía?

La cultura cívica en América Latina es un reto mayor para la sostenibilidad democrática, la convivencia pacífica y la cultura ciudadana. La vivencia de los valores democráticos es débil, porque así es nuestra convicción con esos valores y principios. Somos una sociedad enunciativamente democrática, que la predica pero que no la vive en lo cotidiano, especialmente en el ámbito privado.

Por eso, el ámbito de lo público está viciado de malas prácticas. Porque refleja los vicios de la conducta individual y, luego, de la colectiva en los ámbitos privados, que simplemente se extiende a lo público.

No sólo nuestros gobiernos deberían priorizar políticas públicas que promuevan la confianza interpersonal. Lo esencial es la socialización primaria, la que se gesta desde nuestras familias, en la primera infancia. Si enviamos niñez y juventud desconfiada a la escuela y el colegio, la ciudadanía que tendremos ya estará marcada por la desconfianza.

Es un trabajo colectivo arduo, pero que debe ser emprendido urgentemente. Si no, nuestras democracias tienen un futuro gris.

Remilitarización de Centroamérica: ¿repetimos la historia?

Por Hazel Villalobos
Coordinadora Técnica FUNPADEM

La región centroamericana durante las últimas dos décadas ha experimentado un proceso de democratización de sus Estados, tratando de dejar atrás la sangrienta guerra civil que cobró miles de vidas. Los incipientes Estados de derecho que se construyen en Centroamérica (con excepción de Costa Rica) han sido forjados a través de esfuerzos que nacieron en la década de los noventas, específicamente en los Acuerdos de Paz.

En estos Acuerdos de Paz (complementados con el Tratado de Marco de Seguridad Democrática de 1995)  se plasmó el espíritu centroamericano para un proceso de pacificación de la región basado en el desarme de los grupos combatientes, desmilitarización de los países y una efectiva democratización de la región.

Sin embargo, a 25 años de los acuerdos de paz la desmilitarización en la región parece una utopía. Según datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), del año 2010 al 2014 se ha incrementado en un 35% los efectivos de las fuerzas armadas en Centroamérica (incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua). La situación se agrava, cuando se realiza la comparación individualmente. Honduras y El Salvador son los que registraron una mayor variación porcentual en el período de estudio, aumentando respectivamente un 45% y 42%, seguido por Guatemala (33%) y Nicaragua (9%).

Tabla N1

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Fuente: Elaboración Propia, a partir de los datos obtenidos de RESDAL 2014.

En el tema de presupuesto de defensa, la región ha pasado de invertir US$504.573.297 a US$742.953.317, es decir un 32% más en cuatro años (ver tabla N2). Para el año 2014, el país que más destinada recursos al tema de defensa era Honduras con un 1,29% de su PIB, seguido por Nicaragua (0,69), El Salvador (0,59) y Guatemala (0,44).

De la misma manera, es de resaltar la variación porcentual en el presupuesto de defensa de Nicaragua que aumentó en un 52% en apenas un período de 4 años. A pesar, de que es un país que aún no se ha identificado bandas criminales organizadas como las maras y que goza de uno de los bajos índices de criminalidad (junto a Costa Rica) de la región.

Tabla N2Screen Shot 2016-06-22 at 1.48.09 PMFuente: Elaboración Propia, a partir de los datos obtenidos de RESDAL 2014.

Si comparamos los mismos datos, con países con conflictos internos declarados como México y Colombia, se puede observar que el aumento porcentual no es proporcional con el de Centroamérica. México, para el período 2010-2014 registró un aumento de sus efectivos de fuerzas armadas de un 2,7% y Colombia más bien una disminución del 0,03% (Atlas Comparativo de Defensa RESDAL, 2014).

Es evidente, que en lugar de fortalecer el poder civil de la seguridad, los países centroamericanos han terminado militarizando la seguridad ciudadana. Cada vez más se señala la intervención de efectivos de fuerzas armadas en la vigilancia de las calles de los países de la región, ya sea de manera individual o en operaciones “en conjunto” con las policías nacionales civiles (PNC). Intervención que justifican por la “guerra” contra las pandillas (maras) o la guerra contra la droga. En el caso de El Salvador, “esta política fue fortalecida desde el 2003, cuando el presidente de aquel entonces, Francisco Flores implanta el Plan Mano Dura permitiendo la colaboración de la PNC y la Fuerzas Armadas” (Cárdenas, 2015). En el mismo tema, el Centro por la Justicia y El Derecho Internacional (CEJIL) denunció el fortalecimiento de la militarización en el “Triángulo Norte”, indicando que Guatemala estaba utilizando las fuerzas especiales de su ejército para combatir el narcotráfico (CEJIL, 2011). Sin embargo hay pocos registros de enfrentamientos entre militares e integrantes de pandillas o de bandas criminales transnacionales.

Es de suma importancia, dar seguimiento cuidadoso al tema de  fortalecimiento de “militarización” y su intervención en ámbitos de la seguridad ciudadana en Centroamérica. No sólo, porque es comprobado el fracaso de la “mano dura” para resolver los problemas de inseguridad de un país; sino principalmente por el pasado convulso de la región. No queremos que se repita la historia de la decáda de los ochentas, donde las fuerzas militares protagonizaron los golpes de estado instalando dictaduras militares, violando derechos humanos y ocasionando la muerte de cientos de civiles. No queremos otra década pérdida en Centroamérica!

Bibliografía consultada:

Cárdenas, J (2015) Esta es la experiencia de 4 países que militarizaron la seguridad ciudadana. Disponible en http://larepublica.pe/politica/707439-esta-es-la-experiencia-de-4-paises-que-militarizaron-la-seguridad-ciudadana

CEJIL (2011) Fortalecimiento de la militarización en el “triángulo norte” centroamericano contradice pautas internacionales en derechos humanos. Disponible en https://www.cejil.org/es/fortalecimiento-militarizacion-triangulo-norte-centroamericano-contradice-pautas-internacionales

RESDAL (2010) Atlas Atlas Comparativo de Defensa. Disponible en http://www.resdal.org/atlas/atlas-completo2010-espanol.pdf

RESDAL (2012) Atlas Atlas Comparativo de Defensa. Disponible en http://www.resdal.org/ebook/AtlasRESDAL2012/print/atlas-completo.pdf

RESDAL (2014) Atlas Atlas Comparativo de Defensa. Disponible en http://www.resdal.org/atlas-2014.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte “Global Peace Index” 2016: Centroamérica mejora

Diego Acuña, Pasante FUNPADEM.
Hazel Villalobos, Coordinadora Asuntos Técnicos FUNPADEM.

El Índice Global de Paz (Global Peace Index en inglés) es un indicador que mide la paz y la ausencia de violencia en 163 estados independientes a partir de 23 indicadores cuantitativos y cualitativos. Es elaborado por Institute for Economics and Peace (IEP) desde el año 2007 y tiene como principales temáticas: medir el grado de seguridad de un país, conflictos internos y/o externos y el grado de militarización.

El reporte del 2016 evidencia una ligera mejoría a nivel mundial; 81 países mejoraron su posición en el índice con respecto al año anterior, y 79 países empeoraron (Global Peace Index 2016).

América Central y El Caribe

A pesar de los problemas de seguridad que ha venido enfrentando la región, la puntuación media en Centroamérica y el Caribe ha mejorado lo suficiente como para superar a Sudamérica en el ranking regional.

A nivel regional, América Central se posiciona ligeramente por encima del promedio mundial en 2016, encontrándose en el cuarto lugar general. Esto gracias a una incipiente mejora en varios indicadores como una reducción en demostraciones violentas, inestabilidad política, mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y conflictos externos.

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Lo anterior no quiere decir que la región centroamericana no se califique como una zona violenta. De hecho, algunos indicadores aumentaron considerablemente con respecto al 2008: la percepción de criminalidad (34,3%), encarcelamiento (20,6%), conflictos internos (24,8%), muertes por conflicto interno (33,8%) y refugiados y desplazados internos (11,4%).  En cuanto a la militarización hubo un aumento en el índice especialmente por el aumento constante de  las importaciones de armas. Asimismo, se registró un ascenso de los servicios armados en la zona principalmente por conflictos internos.

Tabla 1. Centroamérica: Indicadores que mejoraron y/o empeoraron según el Indice Global de Paz 2016

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Fuente: Elaboración propia a apartir de los datos obtenidos del Reporte 2016 Global Peace Index.

A nivel particular, Costa Rica lidera la tabla de los países de América Central y El Caribe, que gozan de mejores resultados, seguido por Panamá y Nicaragua (ver tabla 2).  De hecho, Panamá tuvo la mayor mejoría en la región, desplazándose 24 lugares en el ranking por un descenso en el indicador de “probabilidad de demostraciones violentas e inestabilidad política”. La mejoría en esta variable se debió, principalmente, a un ambiente político estable que caracteriza al gobierno de Juan Carlos Varela.

Otro país  que registró una mejoría es El Salvador, gracias a una reducción en el número de personas en la cárcel por cada 100.000 personas.

Honduras, Guatemala y Nicaragua mostraron un leve ascenso en el ranking. Honduras subió cinco posiciones pasando de la posición 116 a la 111, Nicaragua se encuentra la posición 69 habiendo estado en la posición 74 el año anterior, mientras que Guatemala subió apenas una posición.

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Fuente: Elaboración propia a apartir de los datos obtenidos del Reporte 2016 Global Peace Index.

Sin embargo, las buenas noticias no son para todos los países. Cuba, Haití y Jamaica cayeron en el ranking regional, especialmente por los indicadores relativos a la paz interna. México se posiciona en el último lugar de la tabla regional, como consecuencia del levantamiento militar y el aumento del número de personas desplazadas resultantes de la guerra contra las drogas (Global Peace Index 2016)

En conclusión, América Central y el Caribe seguirán beneficiándose de la ausencia de conflictos intrarregionales y la poca presencia de armas nucleares y pesadas en la región. Sin embargo los problemas de seguridad nacional, principalmente  ocasionados por el crimen organizado seguirá siendo el obstáculo más grande para alcanzar el óptimo de una región pacífica.

Referencia Bibliográfica

IEP (2016) Report 2016: Global Peace Index. Disponible en http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI%202016%20Report_2.pdf

Resultados de la Segunda Jornada electoral en Perú

Por Josué Abarca Anchía

Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas | Pasante FUNPADEM

El pasado 05 de Junio se realizó la segunda jornada de las elecciones presidenciales en Perú y contó con la participación de distintos observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y de la OEA, quienes destacan que la jornada transcurrío con normalidad y no se observó intención de fraude. Además, se resaltó el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien en esta segunda ocasión tomó medidas para mejorar la gestión electoral; principalmente para disminuir los retrasos en la instalación de mesas de sufragio.

Esta segunda jornada electoral se realizó debido a que  en la primera jornada del 10 de abril ninguno de los candidatos obtuvieron el porcentaje mínimo del 50% que los acredita a la silla presidencial. Durante la primera vuelta electoral, Keiko Fujimori obtuvo un 39,85% de los votos emitidos, mientras que Kuczynski finalizó con 21,01%.

Aunque de momento no existe un resultado definitivo, debido a que aún no se ha escrutinado el 100% de los votos, se señala a Pedro Pablo Kuczynski candidato del Partido Peruanos Por el Kambio (PPK) como el virtual ganador con un 50.1%, dejando un rango de ventaja de 0,3 % ante su rival Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular que cuenta con un 49.8%. Sin embargo cada voto cuenta y con un 1,5% de los votos enviados al Jurado Electoral Especial (JEE) para su análisis y 2,8% aún por contabilizar el resultado aún no es definitivo y cada voto cuenta para elegir al próximo presidente de Perú.

Referencias Bibliográficas

Bazo, M., & Costa, J. (06 de 05 de 2016). Perú celebra segunda vuelta de elecciones presidenciales. From Sputnik Mundo : http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160605/1060426015/peru-elecciones.html

Webner, R. (06 de 06 de 2016). Observadores de la UE: “No hemos visto intención de fraude en proceso electoral peruano”. From Gestión : http://gestion.pe/politica/observadores-ue-no-hemos-visto-intencion-fraude-proceso-electoral-peruano-2162585

CNN. (07 de 06 de 2016). ¿Por qué tardan los resultados presidenciales en Perú? From CNN en español: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-cafe-sot-cucho-por-que-tarda-tanto-el-conteo-en-peru/

Diario La República. (04 de 06 de 2016). Elecciones 2016: Conoce las prohibiciones para la segunda vuelta electoral. From LaRepublica.pe: http://larepublica.pe/politica/773209-elecciones-2016-conoce-las-prohibiciones-para-la-segunda-vuelta-electoral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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