Latinoamérica y el COVID 19: – crecimiento económico y + desigualdad social.

Ana Paula Solano Brenes
Pasante de FUNPADEM

La propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19 ha generado una serie de consecuencias alrededor del mundo, un déficit en políticas públicas de salud, educación y empleo han sido expuestas ante el rápido avance de la crisis sanitaria. Ha sido inevitable el retroceso del crecimiento económico para las economías en desarrollo, principalmente en los países de la región latinoamericana. De acuerdo con datos del Banco Mundial, se estima que la contracción de la actividad económica de los países de América Latina y el Caribe es de un 7.2%, superando las crisis de 1980 y la del 2008-2009. (Banco Mundial, 2020)

Por su parte, la subregión de América Central verá contraída su economía en un 3,6% para este 2020.[1] En su mayoría, las principales causas de la desaceleración de las actividades económicas en el contexto de la pandemia han sido las restricciones impuestas por los gobiernos con el fin de disminuir la propagación del virus, la caída en el ingreso de remesas y de los precios de productos agrícolas, así como el cese de actividades turísticas. (Banco Mundial, 2020)

En este contexto, se debe resaltar la afectación a uno de los factores económicos más importantes para el desarrollo y crecimiento económico: el empleo. Las modificaciones en las actividades laborales supusieron graves afectaciones para la región en términos de empleo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que, durante el segundo trimestre del 2020, se experimentó el mayor impacto. Aproximadamente 47 millones de empleos se perdieron, lo que significó un aumento de 2,1% en la desocupación abierta[2] con respecto al 8,9% del segundo trimestre del año 2019.

Efectos en las actividades laborales

En el informe interanual de la CEPAL, se demuestra las grandes brechas de desigualdad existentes con respecto al empleo diferenciado; concepto que refleja dos importantes categorías de ocupación en el mercado laboral, las cuales son el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia³ (CEPAL & OIT; 2020).

La necesidad de los gobiernos por imponer medidas estrictas con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y hacer frente a la crisis sanitaria, puso en jaque la continuidad de las actividades laborales en gran parte de los sectores productivos como el servicio doméstico, restaurantes, hoteles y comercio. Siendo estos los más afectados por las restricciones de tránsito (principalmente transporte público), cierres temporales y las medidas de distanciamiento necesarias para evitar el contagio del COVID-19.

Como resultado de las medidas impuestas, el trabajo por cuenta propia ha experimentado un mayor impacto negativo de manera general en los países de la región. Debido a que, el cumplimiento de este tipo de actividad laboral amerita la presencialidad o el contacto directo en muchos casos (servicio doméstico, emprendimientos), reduciendo las posibilidades de ser sustituido por prácticas de adaptación como el teletrabajo.

Por otra parte, la pérdida de trabajo asalariado se ha visto mayormente reflejado en el sector privado como resultado de la débil capacidad de las empresas para enfrentar la reducción de la demanda a nivel mundial. En el sector público, específicamente en las categorías de servicios de salud, educación y administración pública han sido las actividades con mayor actividad pese a la pandemia(CEPAL & OIT; 2020)

A pesar de las grandes afectaciones sufridas por la población económicamente activa en general, el empleo informal ocupa el primer lugar como sector mayormente afectado por la reducción de actividades laborales. Por ejemplo, Costa Rica reflejó una contracción del -6,6% del empleo informal (CEPAL; 2020).

De igual manera, las empresas se han visto obligadas a reducir el personal con el propósito de sobrellevar la considerable reducción en la producción debido a la baja en la demanda. Por lo cual, se puede determinar que en la mayoría de los países latinoamericanos las medidas han sido reducción del personal, reducción de la jornada laboral, adelanto de vacaciones y teletrabajo[3]. Por ejemplo, en Costa Rica el 20.8% de las empresas optó por reducir el personal como medida ante la crisis. (CEPAL & OIT, 2020).

Población más afectada

El impacto de la pandemia ha sido generalizado para todos los sectores de la población. No obstante, la población en condición de vulnerabilidad, así como personas que laboran en el trabajo informal han sido los más afectados. La CEPAL, en su análisis sobre la coyuntura de las actividades laborales en la región, determina que la tasa de ocupación cayó a un -10% lo cual equivale aproximadamente, a la pérdida de 2.8 millones de empleos en los países latinoamericanos con información disponible[4] (2020). Es decir,  estas personas desocupadas no iniciaron la búsqueda de un nuevo empleo, como resultado del aumento de la dificultad para ubicarse en algún sector laboral. De igual manera, las personas trabajadoras por cuenta propia vieron detenida abruptamente su actividad laboral sin posibilidad de adecuarse a nuevos métodos para la reactivación inmediata, generando una caída de la participación en un -9,5% al aumentar la cantidad de población inactiva. (CEPAL & OIT, 2020)

Conclusiones

Ciertamente, la crisis económica desplegada por la rápida expansión del COVID-19 ha creado una de las más graves afectaciones en desarrollo y crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe. Traduciéndose en el  más bajo crecimiento económico desde la última década, índices de pobreza en ascenso y un recrudecimiento de las  brechas de desigualdad social. Es por esto, que es necesario que, los gobiernos de la región puedan crear planes de acción y políticas públicas a mediano y largo plazo que favorezcan la reactivación económica de la región sin poner en peligro el cumplimiento de los derechos labores y, por ende, del trabajo decente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SA. (2020). Perspectivas Económicas de América Latina 2020: transformación digital para una mejor reconstrucción. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview

SA. (2020). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: la inmigración laboral en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente

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[1] Contracción de las economías de América Central (PIB a precios de mercado): Guatemala -3,0%, Honduras -3,5%, El Salvador -5,4%, Nicaragua -6,3%, Costa Rica -3,3% y Panamá -2,0%.

[2] Porcentaje total de la cantidad de personas desocupadas con respecto a la Población Económicamente Activa. Para el 2020, se registró un 11% de desocupación abierta.

[3] De acuerdo con el informe de la CEPAL la cantidad de información por país disponible para medir los impactos del COVID-19 en las actividades laborales, es reducida (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú).

[4] Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

¿Qué ha significado no tener ejército en Costa Rica?

Por: Sarah Castrillo Castrillo
Coordinadora de Programas de FUNPADEM

El texto original, fue publicado en Good Food Costa Rica: https://goodfoodcr.com/que-ha-significado-no-tener-ejercito-en-costa-rica/

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El 01 de Diciembre de 1948, el presidente de la Junta fundadora de la segunda República de Costa Rica, José Figueres Ferrer anunció la abolición del Ejército como institución permanente. Desde entonces Costa Rica es un país que se enorgullece por vivir sin fuerzas militares y ser identificado por su vocación pacifista. Sin duda, Costa Rica se ha posicionado a nivel internacional no sólo por ser un país de gran atractivo natural sino por ser uno de los pocos países que no cuentan con un ejército permanente, dato curioso que sorprende a muchas personas extranjeras.

Sin embargo, ¿qué ha significado esto para la población costarricense?, sin duda diversos beneficios, que muchas veces no lo logramos dimensionar por el transcurso del tiempo y porque, muchas veces no conocemos otra realidad que no es esta, la de un país sin ejército. Acá algunos ejemplos de esos beneficios que disfrutamos:

• Sistema universal de salud: A lo largo, de todos estos años, el país ha podido invertir ampliamente en la cobertura en salud preventiva y curativa, construyendo clínicas y hospitales de primer nivel a lo largo del territorio nacional, aumentando la expectativa de vida a 80,98 años. Una de las más altas de la región (Revista Summa, 17 mayo 2018)
• Sistema Educativo: Ha logrado invertir en el sistema educativo, posicionándolo como uno de los mejores de América y logrando uno de los índices de alfabetización más altos de la región con 97,86% para el 2018 (UNESCO, s.f)
• Desarrollo primera infancia: Asimismo, se ha priorizado la inversión en la primera infancia, con la red de cuido y desarrollo infantil (CECUDI), la cual permite a miles de niños y niñas entre los cero a seis años a un cuido responsable, donde no sólo pueden acceder a alimentos sino a un desarrollo integral, esto mientras que sus madres y padres de escasos recursos pueden ir a trabajar (IMAS, s.f)
• Desarrollo tecnológico: Según el Global Innovation Index 2019, Costa Rica es el país más innovador de América Latina después de Chile (BBC, 16 mayo 2019). Siendo uno de los destinos preferidos de empresas tecnológicas como Microsoft, Intel, Hewlet Packard, Google, Amazon, por el conocimiento y alta capacitación de su población. Además, es el primer país de Centroamérica de enviar al espacio el primer satélite en 2018, desarrollado por científicos del Tecnológico de Costa Rica.
• Desarrollo de las ytelecomunicaciones: Nuetro país es uno de los países de América Latina, de mayor penetración de las telecomunicaciones en el territorio. Aunado, a que nos encontramos en la posición número cuatro del Índice de Competitividad Global en el pilar de adopción de TICs, superada sólo por Chile, México y Uruguay (Pérez, 05 agosto 2019)
• Desarrollo deportivo: Este es uno de los campos que muchas veces no se dimensionan cuando se habla de un país sin ejército, pues se da por sentado que  se logra por el talento individual de cada deportista. Sin embargo, esto no sólo abarca la inversión del Estado (y de varios gobiernos locales) en programas deportivos subvencionados para nuestras personas jóvenes, sino la posibilidad de estas personas jóvenes de invertir tiempo en desarrollar y/o perfeccionar sus destrezas deportivas sin interrupciones por el servicio militar obligatorio ni por tener que servir a su país en guerras.

Por otra parte, la abolición del ejército ha influido profundamente en cómo el país se relaciona y se posiciona en la esfera internacional, no sólo por el principio de neutralidad perpetua y no armada, sino porque sienta las principales bases para la política exterior del país y, por ende, del trabajo que realiza nuestros diplomáticos a nivel nacional e internacional. El ser un país sin ejército exige que Costa Rica deba resolver los problemas por la vía diplomática priorizando siempre el diálogo y el derecho internacional. En efecto, esto se refleja en los cincos ejes estratégicos de nuestra política exterior (MRREE, s.f):

1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
2. La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
3. La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
5. La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.

El no tener ejército ha permitido que nuestro pequeño país sea una gran voz reconocida y legitimizada en la esfera internacional para hablar y dirigir procesos de desarme para la promoción de la paz mundial. Los esfuerzos en esta temática han sido diversos y constantes, e incluyen el desarme nuclear con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), la regulación del comercio de armas con el Tratado sobre comercio de armas (TCA) cuya propuesta fue impulsada por un grupo de premios Nobel de la Paz, liderados por el expresidente costarricense, Oscar Arias. Aunado, a los esfuerzos para la Convención sobre la prohibición de municiones en racimo y la actual discusión internacional, para la prohibición de sistemas armas totalmente autónomas.

Costa Rica ha apostado por ser un país pacifista, que promueve el desarme y la seguridad de las personas que en ella habitan. 72 años pueden parecer muy poco comparado con la historia del “viejo continente”, sin embargo, han sido años de construcción constante y acelerada que le han permitido a este país de tan solo 51 100 km² poder ofrecer a su población, según el Quality of Life Index, un nivel vida con cifras comparables a las de algunos gigantes europeos y asiáticos. El no contar ejército, a pesar de generar incertidumbre ante los conflictos internacionales, ha sido un potenciador de construcción de la Nación y ha garantizado a la pequeña Costa Rica distinción y respeto en un mundo dónde las armas parecieran ser la única política de resolución de conflictos existente. Y aunque, la pandemia ha ocasionado grandes heridas al desarrollo logrado en las últimas décadas, la inversión social, educativa y económica lograda al no tener ejército ha sido una de las mejores vacunas para que esos efectos de la pandemia no sean más graves.

Hoy Costa Rica prueba un año más, que la ruta hacia el desarme es la ruta segura, la que promete y cumple con el alcance de objetivos de desarrollo social y calidad de vida convirtiéndose todo ello en la joya que ostenta la nación.

No tenemos ejército: Y ahora, ¿qué sigue?

Por Hazel Villalobos Fonseca.

Gerente Técnica de FUNPADEM

El texto original, fue publicado en Good Food Costa Rica:https://goodfoodcr.com/no-tenemos-ejercito-y-ahora-que-sigue/

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Para cualquier costarricense, imaginarse su país con fuerzas militares, podría ser una pesadilla. Es más, es simplemente inconcebible desde nuestro imaginario social. Las armas militares, los tanques de guerra y el servicio militar obligatorio ni siquiera son parte de nuestro vocabulario.

En efecto, para los que hemos tenido la fortuna de viajar a otros países, el observar a un militar en la calle con su uniforme y sus armas, en lugar de inspirarnos paz y seguridad, lo que nos infunde es miedo y desconcierto. Esto forma parte del “ser costarricense”, de la idiosincrasia costarricense que se ha forjado, en este tema, desde el 01 de diciembre de 1948. Día, en que el entonces presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República de Costa Rica, José Figueres Ferrer, en un acto simbólico[1] anunció la abolición el ejército costarricense como institución permanente.

La decisión de no contar con un ejército permanente ha marcado el desarrollo socioeconómico, cultural, educativo y de política exterior de nuestro país. En efecto, el impacto de esta decisión ha calado en todos los aspectos de la vida del costarricense. Es por ello, que la inversión en defensa, en armas militares y por ende, en la guerra, nos escandalizan a la mayoría de los y las ticas y nos es inconcebible entender como a nivel internacional, muchos de los países siguen “invirtiendo para ir a la guerra”.

Afortunadamente, Costa Rica hace 72 años decidió mejor invertir en educación que en la guerra, convirtiéndonos en un país referente regional e internacional en desarrollo educativo, desarme y estabilidad democrática[2]. Consecuentemente, Costa Rica en las últimas décadas, ha abogado por el desarme y la pacificación a nivel internacional. Ha promovido y/o apoyado vehementemente instrumentos jurídicamente vinculantes para la prohibición de armas nucleares, armas biológicas, municiones en racimo y la regulación del comercio de armas, entre otras. En todos estos esfuerzos internacionales, el papel de nuestro país siempre ha sido sobresaliente y ha logrado conquistas para un mundo más pacífico y mayor desarrollo sostenible, siempre destacando la esencia del ser costarricense.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, enfrentamos otro reto en la esfera nacional e internacional: la militarización de la tecnología. Pero, ¿de qué se trata esto? La militarización de la tecnología es la aplicación de los avances tecnológicos para su uso en la guerra, principalmente para el diseño, desarrollo, prueba, uso; en fin, en todo el ciclo de vida de las armas y sistemas militares. Incluyendo el uso de los avances tecnológicos del campo de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, impresión en 5D, clouding, robótica, etc. Y aunque suene como de esas películas de ciencia ficción de las décadas de los ochenta y noventa como Terminator, es nuestra REALIDAD.

Y es que, para nadie es secreto que la tecnología avanza a pasos gigantescos, no así las leyes nacionales y las regulaciones internacionales. Por ello, el peligro es inminente sino se trabaja lo más pronto en un marco normativo que regule el uso de la tecnología en este campo. Uno de los grandes esfuerzos en el que Costa Rica forma parte, es la prohibición de los sistemas de armas totalmente autónomas por medio de un instrumento (protocolo, tratado, etc.) internacional y la prohibición del uso de la tecnología para el desarrollo de sistemas de armas en el territorio nacional con la Campaña “Detengamos la Militarización de la tecnología y promovamos su uso para la paz”[3].

¿ Y qué son los sistemas de armas totalmente autónomos? Según la Cruz Roja Internacional, son armas que pueden “buscar, identificar y atacar objetivos, incluidos seres humanos, empleando fuerza letal sin que intervenga un humano”, en otras palabras son armas con inteligencia artificial que autónomamente pueden identificar un objetivo y tomar la decisión de disparar, objetivo que puede ser un ser humano. ¡Todo esto sin que haya control humano sobre esta arma!. Y pues sí, aunque suena a ciencia ficción, estamos dándole el control de decidir a quien matar a una máquina.

Y aunque en Costa Rica no tenemos ejército y por ende, muchos podrían pensar que ese problema no debería ser nuestro, pues “nunca estaremos en una guerra”. Lo cierto es que, este tipo de armas si se desarrollan completamente, las consecuencias colaterales de su uso podrían afectar a nuestro país y hasta podrían llegar a manos equivocadas como el crimen organizado y el narcotráfico. Por ende, aunque con orgullo podemos decir que “no tenemos ejército”, aún los retos persisten y ahora nos toca seguir luchando para evitar el uso de la tecnología en las armas e invertir mejor en tecnología para educación, salud, medicina, etc; ¡Que de eso sabemos hacerlo muy bien, desde hace 72 años!

Hazel Villalobos Fonseca es internacionalista especialista en seguridad pública, desarme y prevención del delito, Máster en gestión de proyecto y actual Gerente Técnica de la Fundación para la Paz y la Democracia.

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[1] Un dato importante, es que este acto simbólico se realiza en el Cuartel Bellavista. En este acto, se le entrega las llaves de este cuartel a la recién fundada Universidad de Costa Rica , con el propósito de que en el edificio militar se estableciera el actual Museo Nacional, como centro de estudios antropológicos (Mora, S. 02 de diciembre 2014) Marcando así, el traslado de la inversión en fuerzas militares al sector educativo costarricense.

Día de la abolición del ejército en Costa Rica

[2] Estudios comparativos entre países han demostrado que los países que invierten más en educación y menos en defensa, tienen sistemas democráticos más estables (Villalobos, H. 2016) https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri/article/view/11602/15036

[3] Esta campaña es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM); la cual será lanzada en el año 2021, año del bicentenario de Costa Rica.

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LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA: LA LEY QUE BUSCA ACABAR CON LAS LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Amira Esmeralda Jaouhari Eid
Pasante de FUNPADEM.

El 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los 30 artículos que conforman esta declaración son los derechos básicos que se deben cumplir y promocionar en los distintos países (Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1984).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman lo que es llamado como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. A partir de estos documentos la legislación internacional de los derechos humanos fue aumentando. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (sf) , los principales instrumentos de derechos humanos son 10 tratados que se complementan con protocolos facultativos (un tratado que complementa y completa un tratado ya existente). Con el pasar de los años, los distintos países firmaron y ratificaron los diferentes instrumentos de derechos humanos, debido a su gran importancia para asegurar los derechos y libertades fundamentales de las personas y al mismo tiempo adaptaron varios de los artículos de estos, en sus constituciones.

            La República de Nicaragua, es uno de los países que adaptó varios de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su constitución política, específicamente en el artículo 30: “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio “. No obstante, a través del tiempo, en este el paíscentroamericano se ha limitado y coartado la libertad de expresión de las personas.

            Actualmente este artículo de la constitución nicaragüense se está viendo totalmente amenazado por la nueva propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos presentada el 28 de septiembre por la bancada nicaragüense que tiene como objetivo “la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas” según el artículo 1 de la ley (100% noticias; 2020)

            Según varios abogados y abogadas independientes, esta ley pretende “censurar y criminalizar las redes sociales y el ejercicio periodístico” y agregan “se está estableciendo el totalitarismo rápidamente y vienen otras leyes” (El Confidencial, 2020). Asimismo, se establece una pena por la propagación de noticias falsas[1], concepto que muchas veces el gobierno utiliza al referirse a datos o información proporcionada por medios de comunicación independientes. La ley busca penalizar a quien “revele información pública clasificada como reservada” y pusiera en “peligro la seguridad soberana del Estado” apoyándose en cualquier clase de las tecnologías y comunicación se les impondrá pena de cinco a ocho años de prisión” (artículo 25). Con estos artículos, esta propuesta de ley estaría violando el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio (100% noticias, 2020).

            Los diputados y diputadas que la presentaron justifican esta ley aduciendo que es para protección a la seguridad soberana del Estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos, dentro o fuera del territorio nacional. Sin embargo, esta iniciativa de ley denominada por varias analistas y organizaciones como la “Ley de Mordaza” lo que busca es silenciar a un pueblo que desde años está siendo torturado en una dictadura sin fin (La Prensa, 2020).

            Con esta ley no solo se está amenazando la libertad de expresión, la prensa y los medios de comunicación, sino de cada una de las personas nicaragüenses, afuera y dentro de Nicaragua. Tomando en cuenta que, en el artículo 43 de la propuesta de Ley, el régimen de Ortega tiene como objetivo perseguir a los (as) ciudadanos (as) nicaragüenses que residen en el extranjero y que se les atribuya haber cometido “ciberdelito”, solicitando su extradición a territorio nicaragüense.

            Si llega a ser aprobada esta ley toda persona en Nicaragua que tenga redes sociales no podrá subir, difundir o compartir información que para el gobierno sea falsa o consideren una amenaza para el Estado.

            En los últimos tres años el régimen de Ortega ha hecho una gran exterminación de los medios de comunicación cerrando alrededor de una docena de medios de comunicación independientes. Siendo estos en su mayoría radios comunitarios y canales locales, además del cierre de dos medios impresos en el 2019: Metro y El Nuevo Diario. (Confidencial, 2020)

            La gran pregunta es ¿quién va a determinar cuál información es falsa o cual es calificada como información reservada o que pone en peligro la seguridad soberana del Estado? Tomando en cuenta los antecedentes del régimen de Ortega, esta Ley será utilizada a su conveniencia siendo esto un golpe más no solo para la población nicaragüense, sino una burla para el sistema internacional, ya que Nicaragua ha rectificado varios de los instrumentos internacionales. Sin duda alguna, la aprobación de esta ley implicaría nuevamente, el detrimento de la libertad de expresión en Nicaragua.  

Referencias bibliográficas

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Instrumentos Universales de Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx

OAS. Constitución de Nicaragua. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf

Lacayo Ileana, Sanchéz Irene. (2020). Gobierno de Daniel Ortega ha cerrado 20 medios de comunicación en Nicaragua. El Confidencial. Recuperado de: https://confidencial.com.ni/gobierno-ha-ordenado-cierre-de-medios-de-comunicacion-en-nicaragua/

Navas, L & Álvarez, L. (2020). Dictadura presenta iniciativa de ley que busca criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. La Prensa. Recuperado de: https://www.laprensa.com.ni/2020/09/28/politica/2726338-dictadura-presenta-iniciativa-de-ley-que-busca-criminalizar-publicaciones-en-redes-sociales-y-medios-de-comunicacion

100%noticias. (2020). Daniel Ortega impulsa Ley de Ciberdelitos, que censura y criminaliza redes sociales y ejercicio periodístico. 100%Noticias. Recuperado de: https://100noticias.com.ni/nacionales/103074-ortega-ley-ciber-delito-redes-sociales-nicaragua/

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (2020). Recuperado de:   https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

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[1] Murillo cuando los medios de comunicación se referían a la verdadera cantidad de casos de coronavirus y los entierros exprés que Murillo tildó como “noticias falsas” (La Prensa, 2020).

CORRUPCIÓN EN CENTROAMÉRICA: ¿PERCEPCIÓN O REALIDAD?

Ileana Fernández Murillo
Pasante de FUNPADEM

La conceptualización de la corrupción puede ser muy amplia. No obstante, uno de las definiciones más comunes es cuando se utiliza el poder público para obtener beneficios privados. A partir de esta definición, se puede afirmar que la corrupción es un problema que afecta de diversas maneras y con distinta magnitud la gestión de los Estados y la prestación de servicios públicos a la población (Programa del Estado de la Nación, 2019).

La región centroamericana es una de las zonas donde el fenómeno de la corrupción ha incrementado en los últimos años. Este, ha sido la causa de muchos problemas económicos, sociales y políticos de los países centroamericanos, aunado a la falta de una fuerte institucionalidad pública, una participación ciudadana activa y propositiva, así como de mecanismos reales de rendición de cuenta y transparencia. Sin duda, la corrupción permea e inhibe que la región continúe construyendo un modelo de desarrollo sostenible.

Si bien, obtener datos específicos sobre el costo económico de la corrupción es complejo; se estima que, anualmente, las cifras rondan los 13 millones de dólares; representando un 5% del PIB de Centroamérica (FORBES, 2019). Pero, ¿cuál es el alcance de la corrupción en estos países? ¿Qué opinión tienen los habitantes acerca de la corrupción? Un estudio realizado por la Organización Transparencia Internacional, enfocado en las percepciones y experiencias que tuvieron los ciudadanos durante el 2019, permite conocer la realidad de estos países.

Incremento de la corrupción

En Panamá, un 56% de los encuestados consideran que han visto un aumento de la corrupción en su país, siendo el país con la cifra más elevada. Le sigue Honduras, con un 54%. De igual forma, un 49% de costarricenses consideran que la corrupción va en alza y así como un 45% de salvadoreños y guatemaltecos tienen esa misma opinión (Transparency International, 2019).

Con respecto, a las percepciones sobre la corrupción en el gobierno, las estadísticas las lidera El Salvador, donde un 93% opina que su gobierno es corrupto. Las cifras, siguen en números alarmantes. Un 91% de personas hondureñas coincide que existe corrupción gubernamental en su país. Guatemala y Panamá comparten ambos un 90% de respuestas afirmativas ante esta problemática. Finalmente, un 82% de los costarricenses comparte esta percepción (Transparency International, 2019).

Actuación del gobierno para combatir la corrupción según Transparencia Internacional

En el caso de Panamá, un 79% de personas entrevistadas considera que el gobierno no lo hace bien, un 2% no sabe y un 19% piensa que el gobierno sí lo hace bien.  

Para el 66% de los guatemaltecos el gobierno no hace bien su trabajo en esta área, un 1% no sabe y un 33% cree que cumple su tarea de buena manera.

Igualmente, en El Salvador un 64% considera que el gobierno no lo hace bien en el combate de la corrupción, un 2% no sabe, y un 34% cree que si se hace de manera adecuada.

Los hondureños manifiestan en un 62% que su gobierno no realiza la labor anticorrupción de manera óptima, un 1% no sabe, y un 36% sí cree que se cumple la tarea (Transparency International, 2019).

Y, un 59% de los costarricenses señala que el gobierno no realiza las acciones suficientes en la lucha contra la corrupción, un 1% no lo sabe y un 40% estima que sí se lleva a cabo (Transparency International, 2019).

Los sobornos

En relación con este punto,un 7% de los costarricenses admitió haber recurrido al pago de un soborno para tener acceso a un servicio público en los últimos 12 meses, siendo este el porcentaje más bajo de la región. Le siguen El Salvador con un 14%, Panamá con un 18%, Guatemala con un 25% y Honduras con el 28%, representado el porcentaje más alto (Transparency International, 2019).

Tabla 1.

Calificación	Honduras	El Salvador	Guatemala	Costa Rica	Panamá
¿Ha incrementado la corrupción en su país?	Sí: 54%	Sí: 45%	Sí: 45%	Sí: 49%	Sí: 56%
Gobierno corrupto	91%	93%	90%	82%	90%
Actuación del gobierno para combatir la corrupción	No es buena: 62%   Es buena: 36%	No es buena: 64%   Es buena: 34%	No es buena: 66%   Es buena: 33%	No es buena: 59%   Es buena: 40%	No es buena: 79%   Es buena: 19%
Pago de sobornos para acceder a un servicio público	28%	14%	25%	7%	18%

Fuente: Elaboración propia con base en Transparency International, Report 2019.

En Nicaragua, ¿hay corrupción?

Nicaragua constituye un caso de estudio por aparte. De acuerdo con el Diario La Prensa, Nicaragua es de los países más corruptos del mundo, verificándose el enriquecimiento ilícito de aquellos quienes están en los grupos de poder del gobierno. Con una calificación de 22 puntos sobre 100, de acuerdo con el Índice de Percepción de la corrupción. Es claro que la destrucción de la democracia nicaragüense ha elevado los índices de corrupción (Navas, L. 2020).  

No obstante, Transparencia Internacional no tiene referencias específicas sobre las percepciones de la corrupción en Nicaragua en sus informes. Esto se debe, posiblemente, a la dificultad existente para la realización y obtención de este tipo de información, dada la situación en este país centroamericano.

Imagen 1. Ranking de Transparencia en América Latina.

Fuentr:Transparencia Internacional

La realidad y las soluciones

En los últimos años, los casos de corrupción que implican mandatarios y/o exmandatarios centroamericanos ha aumentado. Ante este complejo panorama, deben implementarse medidas efectivas. Es por ello que Transparencia Internacional, menciona algunas soluciones: el fortalecimiento de sistemas judiciales, el empoderamiento de la ciudadanía, mejorar la transparencia del gobierno, brindar servicios públicos de manera eficiente, crear mecanismos que permitan la denuncia de estos casos e implementar el Convenio de Lima (Transparency International, 2019).

Sin duda alguna, Centroamérica se ha visto abatida por gobiernos corruptos que perpetúan la desigualdad y se sirven de sus puestos de poder, amparados en una sensación de impunidad. Finalmente, es imprescindible recordar que la lucha contra la corrupción pasa por cada persona. Desde denunciar, hasta no aceptar o brindar un soborno, exigirle transparencia al gobierno, y por supuesto, manifestarse en las urnas. Es deber de todos tomar una participación activa, en aras de mejores sociedades en la región centroamericana.

Referencias Bibliográficas

Engel, E., Ferreira, D., Kauffman, D., Lara, A., Londoño, J., Simone, B., Pieth, M., Ackerman, S. (2018). Informe del Grupo de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-del-Grupo-Asesor-de-Expertos-en-anticorrupcion-transparencia-e-integridad-para-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

Staff. (2019). La corrupción cuesta a Centroamérica 13,000 millones de dólares. Recuperado Setiembre 28, 2020, de https://forbescentroamerica.com/2019/10/24/la-corrupcion-cuesta-a-centroamerica-13000-millones-de-dolares/

Mora, R. (2019). Percepciones y actitudes con la corrupción en Centroamérica. Recuperado Setiembre 28, 2020. https://estadonacion.or.cr/percepciones-y-actitudes-con-la-corrupcion-en-centroamerica/

Navas, L. (2020). Nicaragua no pierde su puesto entre los países más corruptos de la región, según Transparencia Internacional. Recuperado Setiembre 28, 2020. https://www.laprensa.com.ni/2020/01/23/politica/2632538-nicaragua-no-pierde-su-puesto-entre-los-paises-mas-corruptos-de-la-region-segun-transparencia-internacional

Transparency International. (2019). Annual Report 2019. Recuperado Setiembre 28, 2020. https://images.transparencycdn.org/images/2019_GCB_LAC_Report_EN1.pdf

21 de Setiembre “Día Internacional de la Paz” y su relación con la violencia ante los ODS

Pamela Salazar Ramírez

Internacionalista y Técnica de FUNPADEM

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta fecha como el día para el fortalecimiento de los ideales de paz entre todas las naciones y todos los pueblos del mundo, así como entre los miembros de cada uno de ellos.

Sumado a este día, se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pues, no es posible construir un mundo pacífico si no se adoptan medidas que permitan lograr el desarrollo económico y social de cada una de las personas en el mundo y así, garantizar que sus derechos estén protegidos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, plantea que, sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible.

La realidad es que los ODS se convirtieron en una herramienta indispensable para garantizar la paz en el mundo, ya que desarrollo y paz son conceptos que no pueden estar separados y tienen que desarrollarse de manera conjunta. Todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son elementos que garantizan la paz. Por ello, es responsabilidad de todas las personas que trabajemos por su cumplimiento y asimismo el desarrollo de la paz.

Al nombrar una paz sostenible, no sólo se distingue por la ausencia de la guerra, sino también por la ausencia de violencia en general. La paz sostenible significa tolerancia cero para la violencia en las familias y las comunidades, dentro de los países y entre los Estados. Asimismo, implica la participación equitativa de todas las personas en la vida pública de su país y su comunidad, y el acceso a los recursos productivos, la recuperación económica y la reconstrucción. Estos son factores que tienen un impacto sobre las posibilidades de todas las personas de vivir una vida digna. (Lakshmi Puri, 2012).

A fin de velar por la seguridad inmediata y reforzar la estabilidad necesaria para el fortalecimiento de la paz, es fundamental que cada país fortaleza su institucionalidad, garantizando el  Estado de Derecho. La existencia de instituciones de justicia que garanticen la justicia pronta y cumplida, así como que rindan cuentas y respeten plenamente los derechos humanos, es de máxima importancia para restablecer la paz y la seguridad.

Actualmente, vivimos en un mundo cada vez más dividido en diferentes áreas. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia (PNUD, s.f.), viendo cada vez más lejos la paz dentro de sus estados y sus vidas. De ninguna manera se trata de algo inevitable, por lo que este tema debe ser abordado y buscar soluciones que encaminen a resultados más pacíficos.

La región centroamericana, debe reconocer la necesidad de trabajar en la reforma del sector seguridad desde un enfoque integral, apostando a la política de prevención como corazón del sector seguridad. Política que debe abarcar todas las dimensiones de la prevención (social y situacional) así como desde los tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. De acuerdo con la ONU (s.f.), en el marco de un enfoque para mejorar el Estado de Derecho y los derechos humanos, es fundamental apoyar una labor de reforma del sector de seguridad.

Algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad consisten en la prevención de delitos que, si bien son cometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los países y afectan a regiones enteras, y, en definitiva, a la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de un problema en constante evolución respecto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes vínculos existentes con la paz y la seguridad. (Rodríguez, 2017).

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de la región centroamericana, afectan el crecimiento económico y resultan a menudo en ofensas arraigadas que pueden extenderse por generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura también son fenómenos generalizados en países donde existen conflictos o no (PNUD, s.f.), donde hay Estados de derecho y los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos, sembrando paz en sus regiones.

Finalmente, los ODS buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad (PNUD, s.f.). El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial, lo que permitirá avanzar por un camino de esperanza y generador de paz para todas las personas.

Referencias Bibliográficas

Fundación Amigó. (2016). Los ODS como herramienta para garantizar la paz. Recuperado el 16 de setiembre de 2020, de https://fundacionamigo.org/cumplimiento-ods-garantia-paz/

ONU. (s.f.). Estado de Derecho y la paz y la seguridad. Recuperado el 16 de setiembre de 2020, de: https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-peace-and-security/

ONU Mujeres. (2012). Paz sostenible para un futuro sostenible. Recuperado el 17 de setiembre de 2020, de https://www.unwomen.org/es/news/stories/2012/10/sustainable-peace-for-a-sustainable-future

PNUD. (s.f.). Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Recuperado el 17 de setiembre de 2020, de https://n9.cl/k181n

Rodríguez, E. (2017). Jóvenes, paz, justicia e instituciones sólidas: el ODS 16, la agenda 2030 y los jóvenes en América Latina. Recuperado el 17 de setiembre de 2020, de http://www.celaju.net/wp-content/publicaciones/2017/09/Jo%CC%81venes-paz-justicia-e-instituciones-so%CC%81lidas.pdf

PUEBLO NICARAGUENSE CUMPLE 29 MESES DE REPRESIÓN Y VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS: INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH)

Amira Esmeralda Jaouhari Eid

Pasante de FUNPADEM

En abril del 2018 en Nicaragua, iniciaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega a causa de la imposición de una reforma a la Seguridad Social de la población nicaragüense que recortaba sus pensiones. Según el Informe de las Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua  de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante los cuatro meses que abarcó el informe, el pueblo nicaragüense fue víctima de una serie de  violaciones a sus  derechos humanos y abusos por parte del gobierno, caracterizado por “múltiples formas de represión y otras formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2000 heridos”. Asimismo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos resaltó que “la represión y la violencia son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”.

A 29 meses del inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, la situación de este país es cada vez peor y muchas personas nicaragüenses han tenido que huir de su país por persecución política o simplemente para huir de las consecuencias de la grave crisis en la que se encuentra el país. Según datos del ACNUR del 2019 alrededor de 62.000 nicaragüenses se han vistos forzados a huir debido a la crisis. Tomando en cuenta esto, la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado varios informes sobre la crisis por la cual está pasando el país, sin embargo, el gobierno nicaragüense siempre los ha rechazado y calificado como politizados (La Estrella Panamá; 2020).

El pasado 14 de septiembre del 2020, durante la 45a. Sesión del Consejo de DD.HH. en Ginebra, Michelle Bachelet informó que el Gobierno de Daniel Ortega no ha ejecutado ninguna de las recomendaciones realizadas en el informe para Nicaragua del 2019. Además, enmarcó que “no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en abril del 2018”.

Consecuentemente, mencionó que desde el último informe en julio del 2020 se han dado treinta casos de amenazas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos, añadiendo violaciones del derecho a la vida. También se enfocó en los aumentos de feminicidios, en la respuesta del gobierno ante la emergencia del COVID-19 a partir de violaciones de la libertad de expresión, y al despido de personal médico. Finalmente, Bachelet le instó al gobierno nicaragüense a reanudar una cooperación efectiva con su oficina y autorizar una misión en el país.

Respuesta del gobierno de Daniel Ortega

El gobierno de Nicaragua, rechazó el 15 de septiembre el informe presentado por Bachelet, argumentado que esta “politizado”, que fue elaborado “a partir de fuentes exclusivamente opositoras al gobierno” y que no se “ajusta a la realidad”. Asimismo, estos han pedido que se respete “el principio de independencia y soberanía del país” y que se dé el “cese de toda política de injerencia”.  (DW, 2020)

Además, el pasado 14 de septiembre, después de que Bachelet diera su informe en Ginebra fueron apresados al menos seis opositores del gobierno nicaragüenses y se dieron varios asedios y allanamientos de parte de la Policía contra opositores en Managua, Bluefields, Nueva Segovia y Camoapa. (DW, 2020)

Retos

Las Naciones Unidas, a través de varias resoluciones, ha logrado organizar diferentes grupos de trabajo para investigar a fondo la crisis sociopolítica en Nicaragua y conseguir posibles soluciones pacíficas a la crisis. Países como Estados Unidos han impuesto sanciones a varias personas funcionarias nicaragüenses; organismos como Amnistía Internacional han realizado informes sobre la situación para dar a conocer al mundo lo que sucede en el país y hacer respetar los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. A partir de esto, se ha logrado dar ayuda humanitaria. Además, organizaciones internacionales y la sociedad civil han prestado su apoyo y brindado ayuda los migrantes nicaragüenses.

Sin embargo, la represión contra el pueblo nicaragüense continúa. A pesar de que, varios de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, están siendo violados constantemente en Nicaragua como los artículos 9 (detención arbitraria), 10 (justicia imparcial), 19 (libertad de opinión y expresión) y 20 (libertad de reunión y asociación), actualmente no existe ningún organismo supranacional que tenga la autoridad de intervenir para poder restablecer la democracia y acabar con las violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo nicaragüense.

Tomando en cuenta la respuesta del gobierno de Daniel Ortega, al informe de la Alta Comisionada y las respuestas pasadas de los anteriores informes se puede resaltar que actualmente los organismos internacionales, tienen un gran reto:   definir ¿cuál es la mejor forma de intervención en un país para restablecer el orden democrático, o el cumplimiento de los derechos humanos de su población? Cuestionamiento, que aún no tiene respuesta después de lo sucedido en países como Nicaragua y Venezuela, cuyos pueblos siguen sufriendo a manos de sus propios gobiernos opresores.

Referencias bibliográficas

EFE Servicios. (2020). Nicaragua responde a Bachelet y dice su informe se basa en fuentes opositoras. La Estrella Panamá. Recuperado de: https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200915/nicaragua-responde-bachelet-dice-informe-basa-fuentes-opositoras

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (2020). Retrieved 17 September 2020, from https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Refugiados, A. (2020). Nicaragua: Un año después del inicio de la crisis, más de 60.000 personas se han visto forzadas a huir del país. Recuperado de: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/4/5cb5eb1c4/nicaragua-un-ano-despues-del-inicio-de-la-crisis-mas-de-60000-personas.html  

SA. (2020). Apresan a opositores en Nicaragua tras informe de Bachelet. DW.2020.  https://www.dw.com/es/apresan-a-opositores-en-nicaragua-tras-informe-de-bachelet/a-54928647

SA. (2020). Nicaragua: La Alta Comisionada afirma que continúa la violación de derechos humanos. Organización de las Naciones Unidas. https://news.un.org/es/story/2020/09/1480462

Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. (2018). Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NI/HumanRightsViolationsNicaraguaApr_Aug2018_SP.pdf

DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: UNA MIRADA DESDE CENTROAMÉRICA

Brandon Mata Aguilar
Asistente técnico FUNPADEM

La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución 72/165 del año 2017, proclamó el día 21 de agosto como el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” (Naciones Unidas, SF). El objetivo de esta proclamación es “honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y promover y proteger el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. (Asamblea General de Naciones Unidas, 2017)

Los países de Centroamérica han establecido su compromiso para condenar el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional. Estos han quedado plasmados en instrumentos regionales y hemisféricos, de carácter vinculante, en los cuales estados miembros se han comprometido a luchar contra este tipo de acciones desde una visión propia de la región. Por ejemplo, el Tratado Marco de Seguridad Democrática impulsado desde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) señala la necesidad de

Art.11 (inciso b). Establecer o fortalecer los mecanismos de coordinación operativa de las instituciones competentes, para hacer más efectiva la lucha, a nivel nacional y regional, contra la delincuencia y todas las amenazas a la seguridad democrática (…), tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad y el crimen organizado;  (Sistema de la Integración Centroamericana, 1995)

Sumado a esto, explícitamente señalan en el Artículo 18 del mismo instrumento el compromiso de “prevenir y combatir, todo tipo de actividades delictivas con repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, tales como el terrorismo y la narcoactividad, así como la creciente profesionalización de las instituciones de seguridad pública, entre otros aspectos” (Sistema de la Integración Centroamericana, 1995)

A nivel hemisférico, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), se adoptó el 03 de junio de 2002, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (bajo la resolución AG/RES. 1840 (XXXII-O/02) con el objetivo de “prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo”. (Organización de los Estados Americanos (OEA), 2002).

Este último instrumento, más completo que el anterior debido a su especificidad, destaca e identifica una serie de medidas para la prevención, combate, erradicación y financiamiento del terrorismo en la región. Entre ellas, según el artículo 4, se destaca: 1) la importancia de un régimen normativo bancario robusto principalmente para la supervisión y prevención de traslado de capital a organizaciones terroristas; 2) la implementación de medidas para la detección y vigilancia de movimientos de dinero entre las fronteras de los países; y, 3) la designación de autoridades que den seguimiento a la aplicación de los instrumentos multilaterales en la materia y promuevan la cooperación entre instituciones a nivel regional. (Organización de los Estados Americanos (OEA), 2002).

¿Es realmente el terrorismo una amenaza latente en la región centroamericana?

Si bien es cierto existe un compromiso de los países Centroamericanos con respecto a la lucha contra el terrorismo, este tipo de amenazas en la región centroamericana no son tan usuales o recurrentes como se presentan en otras latitudes, como en Europa o Medio Oriente. Según el sitio especializado Global Terrorism Database de la Universidad de Maryland, en Centroamérica se han presentado un total de 45 incidentes que podrían ser catalogados como terroristas entre el 2010 y el 2019. Para GTD, el término terrorismo se define como “El uso real o amenazado de fuerza y ​​violencia ilegal por parte de un actor no estatal para lograr un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coerción o la intimidación” (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, s.f.)[1]

De este número de incidentes, se han presentado uno en Panamá, nueve en Guatemala, nueve en Nicaragua y seis en Honduras. Los demás incidentes se perpetraron en países caribeños como Trinidad y Tobago, Haití y República Dominicana. Los incidentes presentados en la región han estado ligados principalmente acciones como detonaciones de explosivos, secuestro, asesinatos y asaltos armados (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), 2020)

Los datos muestran que la incidencia de este fenómeno es relativamente baja, pero existente. Sin embargo, su baja frecuencia con respecto a otro tipo de amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado o cibercrimen no debe opacar los esfuerzos que se han realizado por generar un compromiso de los Estados para disponer a las instituciones de herramientas oportunas para prevenir este tipo de acciones. Incluso, instrumentos regionales como los mencionados y demás existentes en esta materia a nivel global, deben fungir como recordatorio para los mismos estados del compromiso que tienen para con la promoción de la paz regional.

Referencias Bibliográficas

Asamblea General de Naciones Unidas. (19 de diciembre de 2017). Resolución 72/165. Día Internacional de Conmemoración y Homenaje. Obtenido de https://undocs.org/es/A/RES/72/165

Naciones Unidas. (SF). Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, 21 de agosto. Obtenido de https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (setiembre de 2020). Global Terrorism Database™. Obtenido de https://www.start.umd.edu/gtd/

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. (s.f.). Global Terrorism Database. Obtenido de Defining Terrorism: https://www.start.umd.edu/gtd/

Organización de los Estados Americanos (OEA). (03 de junio de 2002). CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO. Obtenido de https://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/agres1840_02.htm

Sistema de la Integración Centroamericana. (15 de diciembre de 1995). Tratado Marco de Seguridad Democrática. Obtenido de https://www.sica.int/documentos/tratado-marco-de-seguridad-democratica-en-centroamerica_1_110795.html

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[1] Traducción no oficial. Cita original: “The GTD defines terrorism as:

“The threatened or actual use of illegal force and violence by a non-state actor to attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, or intimidation.”

ENTRE LA SALUD Y LA SEGURIDAD, EL ESTADO DE LAS CÁRCELES CENTROAMERICANAS ANTE LA PANDEMIA

Tormenta perfecta, Pandemia en la realidad penitenciaria centroamericana

Karla Rodríguez Barrantes
Especialista en Seguridad y Prevención de la Violencia de FUNPADEM

Ante la pandemia mundial del COVID-19, una de las principales medidas de prevención es el distanciamiento social. Cada persona tiene la responsabilidad de cumplir este distanciamiento y otras medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Sin embargo, esta no es la realidad de las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios, pues la mayoría de las cárceles en Centroamérica no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con las medidas adecuadas emitidas por los gobiernos para la población en general.

Las cárceles centroamericanas se caracterizan por poseer cifras altas de hacinamiento y encarcelamiento, bajas condiciones de salubridad, poco acceso a agua potable, y débil atención médica para toda la población penitenciaria, convirtiéndolas en espacios idóneos para la propagación del virus COVID 19.

De acuerdo con datos del Institute for Crime & Justice Policy Researh (ICPR), América Latina se encuentra entre las regiones con los índices de encarcelamiento más altos del mundo, sólo después de Estados Unidos. En Estados Unidos, la cifra es de 655 personas recluidas por cada 100 mil habitantes, mientras que en Latinoamérica representa unas 282 personas en centros carcelarios por cada 100 mil habitantes.

En Guatemala de acuerdo a informaciones del periódico la “La Prensa Libre” el sistema carcelario supera las 25.500 personas, esto ha provocado que no se cuente con la cantidad de pruebas necesarias para realizar la aplicación a todas las personas privadas de libertad. Sin embargo, de acuerdo con el director del Sistema Penitenciario, Rodolfo Escobar, “la cantidad de casos está controlada. Al 31 de agosto se reportaban un total de 311 casos positivos y 26 privados de libertad muertos”. (Pérez C, 2020)

Algunas de las medidas establecidas por el gobierno guatemalteco para disminuir el impacto de la pandemia en las cárceles, es la aplicación de condiciones preferenciales para las personas mayores de 60 años con enfermedades preexistentes y para mayores de 70 años que hayan cumplido la mitad de su pena. Además de, facilitar que las personas que no pueden pagar la multa cumplan con arresto domiciliario cuando los delitos cometidos no son graves (genocidio, plagio o secuestro, asesinato, violación o trata de personas). (Escobar I y Pérez C, 2020)

Al mes de julio, Guatemala reportaba la liberación de 140 reos debido a que tenían factores de riesgo (ver tabla 1) que podrían eventualmente poner su vida en peligro si se contagiaban del virus. Para la liberación de estos reos, se tomó en cuenta su buena conducta, estudios psicológicos y antecedentes penales. Los delitos por los cuales mayormente han recibido estos beneficios son: narcotráfico, extorsiones, robos, robos agravados, entre otros. (Chumil K, 2020)

Tabla 1

Datos carcelarios ante el COVID-19 en Centroamérica

País	Tasa de hacinamiento carcelario	Casos de Covid-19 confirmados	Total de Muertes por Covid-19	Excarcelamientos reportados	Fecha de actualización
Guatemala	351%	311	26	140	31-ago
Salvador	326%	140	*	0	31-ago
Honduras	203%	1980	*	1087	15-jul
Nicaragua	91%	2182	91	4,515	15-jul
Costa Rica	30%	228	3	220	25-ago
Panamá	12,50%	1672	4	24	31-ago

Fuente:  Elaboración propia. Datos de Hacinamiento (Pensando desde Centroamérica febrero 2019), otros datos (Ávila J. 2020. BBC News Mundo, 2020. Chumil K, 2020. Escobar I y Pérez C, 2020. Forbes 2020. Gobierno de Costa Rica, 2020. La prensa, 2020. Ortiz A, 2020. Pérez C, 2020. Pérez C, 2020. Proceso digital 2020. Valencia A. & Salomón J. 2020)

El Salvador es el país con la segunda tasa de detenidos más alta en la América, después de Estados Unidos. Sus niveles de hacinamiento son elevados y con condiciones deplorables. Las cárceles de El Salvador tienen una capacidad para 18.051 reclusos, pero el sistema actualmente tiene más de 38.000, más del doble de su capacidad (BBC News Mundo, 2020). Ante la actual pandemia, algunos jueces han propuesto la liberación de reos mayores a los 60 años. Sin embargo, el gobierno no ha determinado medidas e indica que si las personas son parte de alguna pandilla no serán liberadas debido a que se teme el aumento de la violencia en las calles ante la posible liberación.

De acuerdo al medio de comunicación Proceso Digital, Honduras cuenta con una población penitenciaria de 22.007 personas distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares. Al 15 de julio del 2020, se reportaban un total de 1.980 casos de contagio en centros penitenciarios, lo que indica que el 3,4 % de la población penitenciaria se encontraba contagiada. (Ávila J. 2020)

Algunas de las medidas establecidas para mitigar el impacto de la pandemia se centran en la restricción de visitas, mejoras en las medidas de salubridad y la exhortación de pena. Por ello, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), inicialmente solicitó mediante un recurso de habeas corpus humanitario, la liberación de 6.243 personas vulnerables, sin embargo, después del estudio respectivo se determinó que solo 2.424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para el mes de mayo, se habían emitido un total de 1.087 resoluciones de preliberación.

Por otra parte, Nicaragua, a pesar de que no cuenta con datos de referencia fidedignos, datos de Amnistía Internacional (2020), señalan que solamente en el complejo carcelario Jorge Navarro, cuenta con una capacidad de 2.400 personas, y en el 2013 albergaba 4.600 personas. El gobierno había reportado un total de 91 muertes y 2.182 contagios en centros penitenciarios. No obstante, el Observatorio Ciudadano, en un informe semanal presentado el 15 de julio reportaba más de 8.500 casos sospechosos y 2.397 muertes. Como parte de las medidas entre los meses de abril y mayo se ordenó la excarcelación de 4.515 personas, al igual que otros países, danto prioridad a personas adultas mayores y con enfermedades crónicas como factor de riesgo ante el contagio. (Valencia A. & Salomón J. 2020)

De acuerdo a datos del gobierno de Costa Rica, el primer caso registrado de coronavirus en el sistema penitenciario se presentó en el mes de julio, logrando que durante 4 meses se contuvieran los contagios. Al 25 de agosto, el número de contagios en los centros penitenciarios era de 228 casos. (Gobierno de Costa Rica, 2020). Ante esta situación, y con el objetivo de contener la propagación del virus, el Ministerio de Justicia y Paz ha desarrollado una serie de medidas como la restricción de visitas a centros penitenciarios y aplicación de medidas de higiene.

Otra medida importante que se ha ejecutado en este país, es brindar el beneficio de libertad a personas que cuentan con algunas factoras de riesgo ante el COVID-19, además de cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Criminología. Dentro de las condiciones que se están tomando en cuenta para dicho beneficio son: mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores a los 3 años, personas privadas de libertad mayores de 60 años, enfermos terminales, personas próximas a cumplir sus condenas que no hayan cometido delitos graves. El 22 abril, 43 personas privadas de libertad gozaran del beneficio, el cual fue otorgado principalmente a adultos mayores y mujeres embarazadas.

Panamá es uno de los países a nivel centroamericano que ha tenido grandes afectaciones debido a la Pandemia del COVID-19. A nivel del sistema carcelario, este país cuenta con 20 centros con una población aproximada de 17.000 personas lo cual en 2017 superaba el 115% de hacinamiento. De acuerdo a la revista Forbes Centroamérica (2020), al mes de agosto Panamá se han presentado 1.559 contagios, de los cuales se mantienen activos únicamente 104. Una de las principales estrategias que ha implementado el gobierno para contener la propagación de los contagios, se centra en garantizar el suministro de agua en los centros, servicio con el cual a inicios de la pandemia no todos los centros penitenciarios contaban. Al mes de julio, este país reportaba un total de 229 personas privadas de libertad, a quienes se les otorga el beneficio de libertad a través de la declaratoria de pandemia por coronavirus.

Ante la crisis de salud que viven los países, establecer medidas de excarcelación es un acto de humanidad razonable y necesario para proteger las vidas de las personas y disminuir el riesgo de muertes masivas en los sistemas carcelarios. Sin embargo, para establecer los parámetros de los beneficiarios se debe velar por la seguridad del país. Es por esta razón, que es indispensable que, los gobiernos de la región realicen un detallado análisis de datos y construyan escenarios futuros en temas de seguridad, a partir del cruce de variables típicas de seguridad con variables socioeconómicas.

Aunado a lo anterior, es importante que cada gobierno, considere las opciones reales de inserción y reintegración social adecuada de estas personas a sus comunidades, pues la pandemia ha golpeado de manera desigual a los territorios y muchos enfrentan retos considerables en materia de desempleo, pobreza y salud, imposibilitándolos ofrecer oportunidades reales a esta población.

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ANÁLISIS DEL DOCUMENTO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA – ABYA YALA Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

Pamela Salazar Ramírez
Internacionalista
Técnica en FUNPADEM

Luego de más de 30 años de la adopción del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los grupos con mayor rezago social, económica, e históricamente excluidos.

Un reto importante que enfrenta la región latinoamericana es la construcción de sociedades pluriculturales, inclusivas, equitativas y no discriminatorias. En este escenario, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye una oportunidad para la inclusión de los pueblos indígenas en dichas sociedades, que conlleva el desafío de comprender el paradigma del buen vivir, tanto para replantear el modelo de desarrollo vigente como también sus implicaciones en la garantía de los derechos de estos pueblos.

El documento “Los Pueblos Indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” se sintetiza, en seis capítulos temáticos y un capítulo final,  las recomendaciones para resolver deudas históricas con esta poblaciónen diversos temas como territoriales, salud, educación, entre otros. Esta documento busca plasmar la realidad de estas poblaciones junto a las principales variables del desarrollo humano de los Pueblos Indígenas.

Los conocimientos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los Pueblos Indígenas de la región de América Latina y el Caribe siguen siendo muy limitados e inaccesibles, esto se ejemplifica en la escasa participación de representantes de Pueblos indīgenas en foros internacionales, la falta de  espacios para la participación plena y efectiva, y muy pocos recursos informativos pertinentes y dirigidos a la población indígena para este fin en específico. Además, no existe un mecanismo formal para que los Pueblos Indígenas puedan aportar a los Informes Nacionales Voluntarios sobre la implementación de la Agenda 2030, los cuales son presentados por cada uno de los países de la región ni cómo dar seguimiento a la información planteada en dichos informes sobre su situación de vida.

Retos para el pleno disfrute de los derechos de las poblaciones indígenas en Latinoamérica

Es destacable que en las últimas décadas si se ha avanzado en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas en todos los países de América Latina y los derechos colectivos que poseen, a pesar de que aún no se ha logrado superar la histórica exclusión social y discriminación que han sufrido en muchos- si no es que todos- los aspectos de su vida en algún momento. En casi toda la región latinoamericana se han ratificado los principales Tratados Internacionales relativos a los derechos de esta población, también se han promulgado leyes para garantizar dichos derechos y en muchos casos se ha desarrollado una jurisprudencia interna, principalmente en lo que respecta a la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas y en menor medida en relación con sus derechos como tal (CEPAL; 2020).

Sin embargo, aún permanecen importantes brechas entre lo que está descrito como derechos reconocidos en los Tratados Internacionales y aquellos consagrado en las normas internas de cada uno de los países. Tales brechas primero se expresan a nivel constitucional, después se profundizan y amplían en leyes meramente sectoriales, y por último se consolidan en las políticas públicas destinadas a “garantizar” los derechos humanos (CEPAL; 2020). Entre todos los derechos que poseen los Pueblos Indígenas, se tratan específicamente el aspecto de la territorialidad, la situación de los bosques en los territorios de posesión histórica, el acceso a la salud y a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como los derechos culturales. Fomentando estos últimos, es de las mejores formas de enfrentar la pérdida progresiva de las lenguas indígenas en todos los países de la región.

En síntesis, el panorama de este grupo poblacional es complejo y muchas veces desfavorable. Se requiere de políticas integrales que resuelvan las causas de la exclusión y postergación de los pueblos indígenas respecto al desarrollo humano y bienestar. Y sumado a esto, la cooperación nacional de los Estados, así como la cooperación internacional, debe ir más allá de las tradicionales modalidades que hasta ahora se han presentado, sino que se debe tener la suficiente capacidad de poder atender las crecientes desigualdades, bajo principios de armonía y sin exclusiones. La cooperación se debe proyectar más de allá del año 2020, se debe procurar una recuperación sostenible y resiliente después de la pandemia del COVID-19 y todas sus consecuencias, en particular en esta población, que es considerada como uno de los sectores más vulnerables en la región

Referencias Bibliográficas

FILAC. (s.f.). II Informe: Situación de la implementación de los ODS en América Latina y el Caribe desde a visión de los pueblos indígenas. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de http://www.filac-info.org/informeods.pdf

NU. CEPAL. (2020). Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de https://www.cepal.org/es/publicaciones/45664-pueblos-indigenas-america-latina-abya-yala-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2019). 2030/ Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe: Pueblos Indígenas y población afrodescendiente. Recuperado el 21 de agosto de 2020, de http://www.fao.org/3/ca5500es/ca5500es.pdf