EL PRESIDENTE ELECTO DE PERÚ ES UN PROFESOR QUE SE HA GANADO EL CORAZÓN DEL PUEBLO

Por Alexa Silva Varela
Pasante de FUNPADEM

Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 6 de junio, y después de semanas de impugnaciones y disputas legales, por fin el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado ganador el 19 de julio al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha dado a conocer que Castillo obtuvo el 50.125% de los votos, mientras que la derechista Keiko Fujimori (su opositora), del Partido Fuerza Popular logró el 49.875% (BBC, 2021).Cabe destacar que a pesar de ser este resultado, uno no tan esperado, sí se mantuvo durante el proceso la transparencia, según lo asegura el actual presidente peruano y según lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observó de cerca dicho proceso (EFE, 2021).

Una conocida candidata que aspiraba por tercera vez a la presidencia del país fue derrotada por Pedro Castillo, un poco conocido y nombrado candidato de izquierda. A partir de tan inesperado resultado de las votaciones nacionales de Perú, es inevitable entonces cuestionarse, ¿quién es Pedro Castillo?

El nuevo presidente electo de Perú es un profesor de primaria de 51 años que obtuvo el apoyo de las zonas rurales y del interior del país. El candidato de Perú Libre, un partido que se define como de ideología marxista, no sólo se lanzó, sino que ganó en estas elecciones en un Perú que está sumido en una profunda crisis sanitaria y económica (BBC, 2021). La victoria de Castillo (o lo que algunos consideran un voto de castigo a la clase política peruana) se debe a varios factores, como que el pueblo peruano quería un cambio y una ideología distinta, pero también sus propuestas generaron debates, que posiblemente le aportaron a su victoria.

Propuestas de Pedro Castillo

Debido a esto, cabe mencionar algunas de las propuestas ha hecho el futuro presidente de Perú en las diversas áreas. En cuanto a la estrategia de hacerle frente a la COVID-19, Pedro Castillo aseguró que se vacunará a toda la población mayor de 18 años hasta el 31 de diciembre y planteó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, resaltó la necesidad de implementar 1.000 camas UCI a fin de atender a quienes las necesitan y de implementar y equipar las postas de salud a nivel nacional (La República, 2021).

Por otra parte, Castillo aseguró que, de llegar al Gobierno, detendrá los “abusos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”. Motivando a la clase trabajadora a darle su voto, afirmó que no va a “quitarle sus ahorros a la gente que trabaja”. Además, espera desarrollar el impulso a créditos para micro y pequeñas empresas y la compra de deudas a personas en “zozobra económica”. Asimismo, propuso el programa “Crédito mujer emprendedora”, que promueve préstamos, capacitaciones y asociatividad en los emprendimientos liderados por mujeres. Castillo ha prometido que fomentará la inversión pública desde gobiernos subnacionales (La República, 2021).

En cuanto a temas de educación, Castillo ha dado propuestas fuertes, buscando que los jóvenes que terminen la educación secundaria tengan “ingreso libre” a las universidades. A su vez, apuntó que la educación debe ser un derecho constitucional. Remarcó que no se deben colocar ministros improvisados y tendrán que culminar las “puertas giratorias”. También anunció que lanzará el programa “Barriga llena, corazón contento”, que busca ampliar el alcance de los comedores populares a las instituciones educativas (La República, 2021).

Por otra parte, Pedro Castillo propuso crear el Consejo Nacional Anticorrupción, que encabezará él mismo, y fortalecerá la gestión anticorrupción a través de diferentes estrategias como la modificación del Código Penal vigente para endurecer las sanciones por el delito de corrupción. Sin embargo, la principal propuesta de Castillo es la creación de una nueva constitución que priorice los derechos humanos y condene la discriminación, y que sirva como garantía para impulsar la igualdad de oportunidades (La República, 2021).

Victoria para Castillo

Durante una ceremonia virtual en la que se anunció la victoria de Castillo, asumió el poder con “el corazón abierto” para todos y todas las peruanas, haciendo alusión a la polarizada campaña que disputó con Fujimori y a sus rivales políticos. El presidente electo hizo un llamado “a la más amplia unidad del pueblo peruano” para que su gestión permita que su país sea “más justo, más soberano, más digno y más humano” (BBC, 2021).

A partir de ello, las felicitaciones por parte de otras autoridades internacionales no faltaron. El presidente de Colombia, Iván Duque, le felicitó y ofreció trabajar en conjunto para fortalecer las relaciones entre ambos países. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que el foro con sede en Washington fortalecerá sus relaciones con el futuro gobierno peruano. La Embajada de Estados Unidos en Lima elogió a Perú por las exitosas elecciones presidenciales. A la celebración también se unió el gobierno de Cuba, Venezuela, México; países con afinidad ideológica comunista (BBC, 2021). 

Retos y conclusiones

El nuevo presidente electo que promete gobernar con unión y sin discriminación alguna, parece haberse ganado el corazón y el voto de muchos peruanos que buscaban un cambio de gobierno y de ideología, o que se sintieron identificados con su historia No obstante, sería incoherente afirmar que no se le presentarán retos. El primero de ellos, inició desde el proceso electoral, siendo uno de los más polarizados de Perú en los últimos años, lo que hizo que los resultados entre Castillo y Fujimori no fueran tan distintos. Al gobernar, Castillo deberá encargarse de la difícil tarea de reconducir la economía de la nación y ponerle fin a la crisis política y social – o al menos encaminarse a ello -, en medio de una pandemia que tiene al país como uno de los más afectados en todo el mundo.

Este 28 de julio, durante la celebración de 200 años de independencia de Perú, se llevará a cabo la toma de posesión de Castillo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Redacción de BBC. (martes 20 de julio de 2021). Perú: Pedro Castillo es proclamado ganador de las elecciones presidenciales más de un mes después de las elecciones. BBC. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57897361.amp

Redacción de BBC. (martes 20 de julio de 2021). Quién es Pedro Castillo, el presidente electo de Perú, y en qué se basa la economía popular con mercados que quiere impulsar. BBC. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57393061.amp

Redacción de EFE. ( martes 8 de junio de 2021). La OEA felicita a Perú por usar mecanismos para la transparencia de las elecciones. Agencia EFE. https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oea-felicita-a-peru-por-usar-mecanismos-para-transparencia-de-las-elecciones/20000035-4557219

Redacción de La República. (lunes 31 de mayo de 2021). Estas fueron las principales propuestas presentadas por Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La República. Recuperado de: https://www.google.co.cr/amp/s/amp.larepublica.co/globoeconomia/estas-fueron-las-principales-propuestas-de-pedro-castillo-y-keiko-fujimori-3178463

EL ASESINATO DE JOVENEL MOISE: MUCHOS FRENTES, PERO POCOS RESPONSABLES

Diego Acuña Picado
Investigador de FUNPADEM

El pasado miércoles 27 de julio, el Presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado, mientras que su esposa sufrió múltiples heridas en un ataque realizado en su vivienda. La comunidad internacional, reaccionó anonadada ante la noticia, en un país cuya estabilidad se encontraba coartada desde hace ya mucho tiempo. Se sabe, que el comando se encontró compuesto por 26 hombres. Se han detenido (al momento de publicar este blog, 17 hombres de los cuales 15 eran colombianos, y 2 estadounidenses). Colombia, por medio de su Ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que los ciudadanos son colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional (BBC Mundo; 2021).

Contexto político de Haití

Pese a que Haití se convirtió en el primer país independiente de Latinoamérica, y del Caribe de la era colonial, esto no se tradujo necesariamente en mejor desarrollo y condiciones de vida para sus habitantes. El país, ha sufrido ciclos de violencia, represión, intervenciones político – militares, y fenómenos naturales que han truncado su bienestar y desarrollo (Al Jazeera; 2021).

El reciente asesinato, añade un elemento más de inestabilidad. El 60% de la población, es pobre, y un cuarto de los haitianos viven en la pobreza extrema. La pandemia a causa del COVID – 19, solo ha agravado el estado de la sociedad en el país, es posible que la cantidad de la niñez desnutrida podría duplicarse. El terremoto de Haití dejó 316.000 muertos, 350.000 heridos, y un millón y medio de personas que quedaron sin hogar. No solo esto, sino que también en el 2016, el Huracán Matthew causó más de 500 muertes, y dos millones de damnificados. Dichas condiciones, sirvieron como caldo de cultivo ante la delincuencia, que aumentó en más de un 200%; bandas criminales han sembrado el terror en Haití al cometer, robos, asaltos, violaciones y asesinatos (BBC; 2021).

Aunque los mensajes del controvertido expresidente aludían a la sensatez, la paz, y la convivencia, en la práctica, su mandato se encontró acusado por la oposición y la sociedad civil de dictatorial y corrupto – más recientemente por el caso de malversación de los fondos de Petrocaribe –. Entre las controversias de mayor envergadura en su mandato, se encontró la relacionada a las solicitudes de renuncia de su cargo. La sociedad civil, y la oposición, le acusaron de querer extender su mandato más de lo permitido, ya que estos adujeron que su mandato debió de haber finalizado en febrero de este año. No obstante, el presidente defendió que su mandato, no inició sino hasta en febrero de 2017, ya que si bien es cierto había sido elegido en el 2016, su gobierno inició hasta febrero del siguiente año. Lo cual provocó protestas sociales en todo el país. Adicionalmente, el presidente, dejó que el mandato del parlamento expirara en enero del 2020 lo cual ocasionó que gobernara por decreto desde esa fecha (CNN; 2021).

¿Quién era Jovenel Moïse?

El presidente Moïse, fue un exitoso empresario, y un controversial presidente. Fue electo el 28 de noviembre de 2016. Recibió su formación inicial en Puerto Príncipe de Haití, para después pasar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya, en la capital haitiana. En 1996, inició un proyecto agrícola para producir bananas orgánicas; en donde comenzó a radicar su éxito empresarial. Con el cual vino acompañado también su apodo de “Banana Man”, con el que hasta él mismo se autodenominaba en ocasiones. En 1996 también, se casó con Martine Joseph, una de las víctimas del ataque el pasado 27 de julio (BBC Mundo; 2021). Según el Consejo Provisional Electoral (CEP, por sus siglas en francés) ganó la presidencia con el 55,67%. El entonces candidato, ganó con el apoyo y el respaldo del expresidente Michel Martelly. Su gobierno, estuvo manchado de enfrentamientos con la oposición, y múltiples ocasiones en las que existieron revueltas sociales.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Los medios colombianos han revelado la identidad de quienes perpetraron el ataque al presidente Moïse, y a la primera dama de Haití. La mayoría, se encuentra alrededor de los 40 años, ejercieron como soldados, y como una práctica usual del ejército al no poder ascender, se retiraron jóvenes (BBC Mundo). Las autoridades haitianas declararon el mismo día del asesinato, un estado de sitio durante dos semanas en todo el territorio. El Primer Ministro Claude Joseph, se encuentra ahora a cargo del país.

¿Qué viene?

El asesinato del presidente, no hará más que agravar la crisis sociopolítica del país, pues este es un elemento desestabilizador en la sociedad. Las decisiones que sean tomadas pronto, y cómo se desenvuelva la investigación del asesinato, influirán ineludiblemente de manera positiva, o negativa, en la historia. El primer ministro interino, Claude Joseph asumió el poder. No obstante, esta no es necesariamente una buena señal, ya que no se posee claridad, de si Joseph debería ser quien tome el poder. Un día antes de su muerte, Moïse había designado a un nuevo primer ministro, y Claude Joseph estaba dejando su puesto prácticamente (BBC News, 2021). Además, existe un profundo problema constitucional. Para ser primer ministro, la Asamblea Nacional debe aprobar dicha designación, no obstante, no hay Asamblea Nacional actualmente. Cuando hay un vacío en la presidencia y el gobierno, el juez de la Corte Suprema es el siguiente designado, pero este, falleció recientemente por el coronavirus.

Todo lo anterior, sirve de antesala a una crisis aún más profunda. Las restantes autoridades deben asumir con responsabilidad y compromiso tomar el liderazgo y las riendas del país. De manera tal, que se esclarezcan en primer lugar las pautas constitucionales que deben ser tomadas ante esta situación, y que quienes tomen el liderazgo del país, restablezcan el orden político y democrático, para después, luchar contra los flagelos históricos que aquejan a Haití hoy en día.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SA. (2021). ¿Quién era Jovenel Moïse, el presidente de Haití asesinado durante un ataque armado? CNN en Español. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/07/quien-era-jovenel-moise-presidente-haiti-asesinado-ataque-armado-orix/

Redacción. (SA). BBC Mundo. Claves para entender la violencia en Haití y el contexto en que se enmarca el asesinato de su presidente. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57783994

Redacción. (7 de julio de 2021). Haití: quién era Jovenel Moïse, el controvertido mandatario asesinado a tiros en su residencia  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57749186

SA. (7 de julio de 2021). Haiti’s turbulent political history -a timeline. Al Jazeera. Recuperado de: https://www.aljazeera.com/news/2021/7/7/haitis-turbulent-political-history-a-timeline

THE ASSASSINATION OF JOVENEL MOISE: MANY FRONTS, BUT FEW RESPONSIBLE

Last Wednesday, July 27th, the President of Haiti, Jovenel Moïse, was assassinated, while his wife suffered multiple wounds in an attack on their home. The international community was stunned by the news, in a country whose stability had been undermined for a long time. It is known that the commando was composed of 26 men. They have been arrested (at the time of publishing this blog, 17 men of which 15 were Colombians and 2 Americans). Colombia, through its Minister of Defense, Diego Molano, indicated that the citizens are Colombians, retired members of the National Army (BBC Mundo; 2021).

Haiti’s political context

Although Haiti became the first independent country in Latin America and the Caribbean from the colonial era, this did not necessarily translate into better development and living conditions for its inhabitants. The country has suffered cycles of violence, repression, political-military interventions, and natural phenomena that have truncated its well-being and development (Al Jazeera; 2021).

The recent assassination adds another element of instability. Sixty percent of the population is poor, and a quarter of Haitians live in extreme poverty. The pandemic caused by COVID-19 has only aggravated the state of society in the country, and it is possible that the number of malnourished children could double. The earthquake in Haiti left 316,000 dead, 350,000 injured, and 1.5 million people homeless. Not only this, but also in 2016, Hurricane Matthew caused more than 500 deaths, and two million people affected. These conditions served as a breeding ground for crime, which increased by more than 200%; criminal gangs have spread terror in Haiti by committing robberies, assaults, rapes and murders (BBC; 2021).

Although the controversial former president’s messages alluded to sanity, peace, and coexistence, in practice, his mandate was accused by the opposition and civil society of being dictatorial and corrupt – most recently in the case of embezzlement of Petrocaribe funds. Among the major controversies of his term, was the one related to the requests for his resignation from office. Civil society and the opposition accused him of wanting to extend his government term beyond what was allowed, as they argued that his term should have ended in February of this year. However, the president defended that his mandate did not begin until February 2017, since although it is true that he was elected in 2016, his government began until February of the following year. This provoked social protests throughout the country. Additionally, the president, let the parliament’s mandate expire in January 2020 which caused him to rule by decree from that date (CNN; 2021).

Who was Jovenel Moïse?

President Moïse was a successful businessman, and a controversial president. He was elected on November 28, 2016. He received his initial training in Port-au-Prince, Haiti, and then went on to the Faculty of Education Sciences at Quisqueya University in the Haitian capital. In 1996, he started an agricultural project to produce organic bananas, where his entrepreneurial success began to take root. This also came with his nickname of “Banana Man”, with which he even called himself at times. In 1996 he also married Martine Joseph, one of the victims of the attack on July 27th (BBC Mundo; 2021). According to the Provisional Electoral Council (CEP), he won the presidency with 55.67%. The then candidate won with the support and backing of former president Michel Martelly. His government was tainted by confrontations with the opposition and multiple occasions of social unrest.

What is known so far?

Colombian media have revealed the identity of the perpetrators of the attack on President Moïse and the first lady of Haiti. Most of them are around 40 years old, they were soldiers, and as a usual practice of the army, since they could not be promoted, they retired young (BBC World). The Haitian authorities declared on the same day of the assassination, a state of siege for two weeks throughout the territory. Prime Minister Claude Joseph is now in charge of the country.

What is coming?

The assassination of the president will only aggravate the socio-political crisis in the country, as this is a destabilizing element in society. The decisions that will be taken soon, and how the investigation of the assassination unfolds, will inevitably influence history in a positive or negative way. Acting Prime Minister Claude Joseph assumed power. However, this is not necessarily a good sign, as it is not clear whether Joseph should be the one to take power. A day before his death, Moïse had appointed a new prime minister, and Claude Joseph was practically leaving his post (BBC News, 2021). In addition, there is a profound constitutional problem. To be prime minister, the National Assembly must approve such a designation, yet there is no National Assembly at present. When there is a vacuum in the presidency and government, the Supreme Court judge is the next appointee, but he recently passed away from the coronavirus.

All the above serves as a prelude to an even deeper crisis. The remaining authorities must assume with responsibility and commitment to take the leadership and the reins of the country. In such a way that the constitutional guidelines that must be taken in this situation are clarified in the first place, and that those who take the leadership of the country, reestablish the political and democratic order, and then, fight against the historical scourges that afflict Haiti today.

VOTACIONES EN AMÉRICA LATINA: ¿PERSISTEN LOS PARTIDOS TRADICIONALES?

Montserrat Sot
Pasante en FUNPADEM

El pasado 6 de junio, dos países de América Latina llevaron a cabo sus procesos electorales. El primero fue Perú, donde por la vía electoral, el pueblo escogía al líder del Poder Ejecutivo y el segundo, México donde por medio del voto se renovaban los integrantes del Congreso Nacional y autoridades locales.

Perú

La elección presidencial del Perú se encontraba polarizada entre la izquierda, con el maestro de escuela Pedro Castillo candidato del partido de izquierda “Perú Libre”, y la derecha conservadora con la candidata Keiko Fujimori del partido “Fuerza Popular”. Con el 100% del conteo de votos, el candidato izquierdista obtuvo la mayor cantidad con un 50.12% de los votos emitidos, mientras que Fujimori contabilizó un 49.87%, es decir, una diferencia de más de 44.058 votos según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para un  abstencionismo de alrededor del 24%.

El aumento en los votos por Castillo se vio revelado al contar las mesas de las zonas rurales, debido a que el interés de los ciudadanos que viven lejos del centro del país, se inclinaba mayoritariamente por la agenda política y los principios del maestro de escuela; aumento que tomó por sorpresa a más de un peruano, y peruana. Pese a que el conteo de los votos fue realizado ya, las autoridades peruanas aún no pueden proclamar a un ganador (BBC; 2021).

Figura 1. Avance del escrutinio de Perú: 7 de junio, 2021.

Fowks, J. (Junio 2021). Recuperado de: https://twitter.com/jfowks/status/1401963715822600194

México

El proceso electoral en México se centró en renovar las curules del Congreso Nacional y la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.

El presidente de este país, López Obrador, expresó su felicidad por la madurez democrática que ha conseguido su país. Esto porque “La coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo) mantiene la mayoría simple en el Congreso de los Diputados, pero no llega a ganar la mayoría calificada.” (El País, Junio 2021). ¿Qué quiere decir esto? México ha dejado atrás al partido tradicional y ha abierto un nuevo espacio, aunque un poco fragmentado, donde partidos políticos, como el PRI y el PAN han logrado brillar.

Figura 2. Resultados de las elecciones de México: renovación de la Cámara federal de diputados, las gubernaturas y las principales alcaldías.

Fuente: “El País”.

Por otra parte, las gubernaturas (elecciones por Estado), reflejaron que el Partido Revolucionario Industrial (PRI), que gobernaba ocho de quince plazas en juego, no conservó ninguna, mientras que el partido Morena, logró obtener 11 de 15 en disputa.

Tabla 1. Resultados de las elecciones de los Estados clave de México.

ESTADOCONTEOCANDIDATO O CANDIDATA GANADORAPARTIDO POLÍTICO
Acapulco56%Abelina LópezMorena
Campeche80%Biby Karen RabeloMovimiento Ciudadano (MC)
Chilpancingo35%Norma Otilia HernándezMorena
Ecatepec de Morelos93%Fernando VilchisMorena
Guadalajara80%Jesús Pablo LemusMovimiento Ciudadano (MC)
Hermosillo86%Antonio AstiazaránPAN
Juárez68%Cruz Pérez CuéllarMorena
Mexicali68%Norma BustamanteMorena
Monterrey90%Luis Donaldo ColosioMovimiento Ciudadano (MC)
Morelia89%Alfonso MartínezPAN
Puebla80%Eduardo RiveraPAN
Tijuana100%Monserrat CaballeroPT
Zapopán82%Juan José FrangieMC

Fuente: Elaboración propia con base en información brindada por “El País”.

Durante esta jornada laboral, se registró un abstencionismo de 43,34% en el caso de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso, el cálculo de las elecciones locales ha sido calculado en un 47,52% con base en resultados de los Programas de Resultados Electorales de cada Organismo Púbico Electoral. Sin embargo, lo más positivo que registró esta jornada fue una disminución en actos de violencia política, con respecto a procesos anteriores.

Conclusiones

Sin duda, la agenda democrática de Latinoamérica ha estado movida en este mes de junio. Por un lado, tenemos dos países que por medio de procesos electorales han fortalecido su Estado de Derecho, al renovar cargos políticos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y por otro lado, tenemos a Nicaragua que sigue a pasos agigantados dando retrocesos en su vida democrática y debilitando su Estado de Derecho bajo el mando del Régimen Orteguista, quien con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han implementado una persecución a sus opositores políticos, ante las elecciones del próximo noviembre. Ahora más que nunca, es importante volver la mirada a la gobernanza democrática de América Latina, pues de los acontecimientos cercanos dependerá que tengamos una región pacifica, justa y democrática o una región pobre, autoritaria e injusta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SA. (Junio, 2021). Detienen a otro candidato presidencial opositor en Nicaragua. DW. Recuperado de: https://www.dw.com/es/detienen-a-otro-candidato-presidencial-opositor-en-nicaragua/a-57790357

SA. (Junio, 2021). Elecciones en Perú: la última hora, en vivo | El voto rural aumenta la ventaja de Castillo sobre Fujimori. El País. Recuperado de:https://elpais.com/internacional/2021-06-06/elecciones-presidenciales-en-peru-votaciones-sondeos-y-resultados-de-la-segunda-vuelta-en-vivo.html

Fowks, J. (Junio, 2021). ¿Por qué en 1er avance del escrutinio Fujimori estaba unas décimas arriba? Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/jfowks/status/1401963715822600194

Redacción. (15 de junio de 2021). Elecciones en Perú: con el conteo de votos al 100%, Castillo supera a Fujimori en la presidenciales, aunque aún no se ha declarado a un ganador. BBC News Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57492302

Redacción. (Junio, 2021). Las autoridades de Nicaragua detienen a un precandidato presidencial opositor y citan a otro a declarar ante la Fiscalía. BBC News Mundo. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57373069

Redacción. (Junio, 2021). Resultados Elecciones México, en vivo: última hora y reacciones | Sheinbaum acusa “campaña de desprestigio” contra Morena en Ciudad de México. El País. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-07/resultados-elecciones-mexico-en-vivo-ultima-hora-y-reacciones.html

SA. Nicaragua: piden a Daniel Ortega prueba de vida de dos de los candidtos presidenciales detenidos. Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/06/16/nicaragua-piden-a-daniel-ortega-prueba-de-vida-de-dos-de-los-candidatos-presidenciales-detenidos/

Torres, E. (20 de junio de 2021). Abstencionismo electoral. Las cifras. Aquinoticias. Recuperado de: https://aquinoticias.mx/abstencionismo-electoral-las-cifras-eduardo-torres-alonso/

Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en América Latina

Carlos Rivera Bianchini

Presidente de FUNPADEM

La situación que vivimos actualmente a nivel mundial producto de los impactos generados de la pandemia por COVID-19 nos hace voltear una vez más la mirada hacia una necesidad global de cambiar y estrechar las estrategias de desarrollo económico con las políticas de protección y conservación de recursos naturales, con el fin de encontrar soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la resiliencia ante crisis económicas y reducir los impactos socioambientales en poblaciones vulnerables y no vulnerables.

Por años se han generado e implementado estrategias de desarrollo económico y social, completamente alejadas del componente de gestión ambiental, lo cual ha llevado a problemas graves de explotación de los recursos como parte del uso excesivo de los servicios ecosistémicos por gran cantidad de industrias y sus procesos productivos. Esta forma no controlada de operación que incluye la producción y distribución de bienes y servicios en los diferentes países, ha provocado también consecuencias drásticas en procesos de fenómenos naturales, entre ellos el efecto invernadero. Es la intensificación de este efecto invernadero por causas antropogénicas, que ha producido el aumento de la temperatura global, o lo que conocemos como cambio climático. 

Las múltiples alteraciones en los fenómenos meteorológicos que el cambio climático ha provocado, y los impactos de estos en la población humana, la economía local y regional y la biodiversidad de especies a nivel global, obligan a los gobiernos y sector privado a unificar esfuerzos e implementar estrategias y planes de acción que permitan la mitigación del cambio climático en sus territorios. Este tipo de acciones también derivan del compromiso a nivel mundial al que se han unido los gobiernos mediante un acuerdo en común para luchar por un mismo objetivo, la mitigación y adaptación al cambio climático, en este caso, por ejemplo a través del Acuerdo de París, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París en diciembre de 2015.

Se hace urgente normalizar el vínculo entre el sector político, productivo y ambiental para la creación de directrices e iniciativas nacionales y regionales dirigidas hacia el fortalecimiento de la economía, la educación y salud pública de la mano de la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres y el control de las variables antropogénicas que pueden alterarlos. Esta integración de sectores permitiría reforzar la labor de los países en sus procesos de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de ONU, que busca “implementar planes de acción para combatir la pobreza y desigualdad, construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.”

La relación entre el Acuerdo de París y los ODS se evidencia justamente al recordar los objetivos del presente mes de junio: el 13 (Acción por el Clima), 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). De esta manera, se nos recuerda que el desarrollo de los pueblos y naciones enteras debe dirigirse únicamente hacia un enfoque sostenible, que procure el bienestar de los habitantes actuales sin comprometer la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones.

Es de suma importancia que desde cada gobierno y los enlaces que se establezcan con el sector privado y organismos de cooperación nacional e internacional, se identifiquen los puntos clave en las cadenas de producción, procesos productivos, prestación de bienes y servicios y en el modelo económico en general de cada país, para trabajar sobre estos en miras de lograr un cambio transformacional que permita la optimización de procesos industriales basados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la utilización de fuentes de energía renovables, aumentando la productividad y disminuyendo cada vez más la dependencia de los combustibles fósiles.

Estos procesos de cambio en los modelos de operación hacia metodologías sostenibles, deben tomar en cuenta sectores importantes para la reactivación económica, como lo es el sector agrícola, que permite la generación de gran cantidad de empleos y a su vez asegura la disponibilidad de alimentos para la población. Sin embargo, es uno de los más vulnerables a los impactos del cambio climático. Por esta razón, en este y otros sectores, es necesario que se dirijan los esfuerzos al apoyo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), con modelos y proyectos de negocios basados en técnicas sostenibles y conservacionistas, incluyendo aspectos como prácticas sostenibles de uso del suelo, modelos agroecológicos, alternativas al excesivo uso de plaguicidas y adaptación a condiciones de sequía y otras afectaciones del cambio climático.

Sumado a estas estrategias, es necesario que el proceso de toma decisiones en general relacionado con adaptación y mitigación del cambio climático, se realice utilizando fundamentos científicos y recomendaciones basadas en hallazgos de investigaciones afines. La inclusión de entes encargados en cada país del desarrollo de investigaciones en ciencia y tecnología, así como la academia y sociedad civil como protagonistas clave de la ciencia ciudadana, permitirían la implementación de políticas y planes con objetivos más claros, acertados y coherentes con la situación actual de cada región.

Con esta visión general de los esfuerzos multisectoriales que se deben realizar en la lucha por mitigar el cambio climático y transformar las economías en bioeconomías dirigidas al desarrollo sostenible, se reconoce entonces la importancia de establecer esa conectividad y trabajo en conjunto entre países de una misma región y hasta de diferentes continentes. Este trabajo en conjunto, aparte de fortalecer las cadenas de suministros, también impulsa la conservación de áreas protegidas vulnerables que en ocasiones se ubican abarcando territorios de diferentes países y que son hábitat de especies amenazadas, migratorias o residentes, y sitios de defensa ante el ante los impactos del cambio climático, como los son parques nacionales, corredores biológicos y sitios Ramsar (lugares que se incluyen en la lista de humedales de importancia internacional).

Esta inclusión del componente de conservación de los recursos naturales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cada región, permite luchar contra las amenazas a las que están expuestas las diferentes especies y ecosistemas, como la deforestación y la desertificación en bosques y la acidificación, contaminación y explotación de los océanos. Esta lucha se puede dar estableciendo cambios que conduzcan a la restauración y protección de dichos recursos, resultando vital para la supervivencia humana, ya que la naturaleza es quien proporciona el oxígeno, agua, regula sistemas meteorológicos, poliniza cultivos y produce alimentos y fibras, entre muchos otros más beneficios ecosistémicos de los cuales dependemos. La salud de los ecosistemas terrestres y acuáticos, está directamente relacionada con la salud humana.

Finalmente, la integración de actores responsables en la puesta en marcha de planes, estrategias y políticas relacionadas al desarrollo sostenible y de manera implícita a la adaptación y reversión del cambio climático, es una necesidad urgente para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática, con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. Con estas acciones se pueden asegurar en gran medida el establecimiento de ambientes sanos y saludables, la disponibilidad de alimentos, el acceso al agua potable, infraestructura, se evita la aparición de enfermedades zoonóticas (enfermedades que se transmiten entre animales y humanos), se incrementa el mejoramiento de la economía en sectores costeros y se disminuye la vulnerabilidad y el riesgo ante desastres naturales, provocando un declive en el impacto de los mismos a nivel social, económico y por supuesto ambiental.

La situación actual nos brinda una oportunidad para ejecutar cambios y transformaciones sistémicas, que nos lleven hacia una economía sostenible bidireccional, funcional tanto para las personas, como para el planeta.

*Intervención realizada en la Primer Reunión Ordinaria de 2021 del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC).

La nueva Justicia Social, un enfoque desde los Derechos Laborales y la Responsabilidad Social

Por Rafael Semeraro Kluge,
Internacionalista y Magister en Responsabilidad Social. Técnico y Especialista en Comunicación en FUNPADEM, docente universitario.

La Justicia Social, es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera de cada nación, pero más importante aún, de cada individuo ya que cada persona tiene derecho a una vida digna.

Desde la Primera Revolución Industrial (como les comento a mis estudiantes) las distintas luchas sociales, y en especial las de las personas trabajadoras tenían la intención de: vivir en un mundo más justo, más equitativo; donde las personas trabajadoras y sus familias tuvieran mejores oportunidades, es decir: más justicia social. Estas luchas y estas revoluciones (las sociales y las industriales) no se han detenido.

La historia del mundo, que incluye la historia de lo que conocemos hoy en día (economía, división de la riqueza, acceso a las oportunidades, calidad de vida, entre otras), a modo de analogía, es como la historia de un tren. Los trenes primero fueron de vapor, luego de diésel, luego eléctricos y ahora magnéticos, ¿quién sabe mañana? El desarrollo tecnológico continúa todos los días, lo cual hace aún más necesaria la justicia social para todas las personas.

Desde finales del siglo XX el mundo va más deprisa y es más exigente para con las personas trabajadoras y se debe procurar brindarles las herramientas adecuadas para su aprendizaje. Llegamos al 2000 y los líderes mundiales señalaron en la Declaración del Milenio, “vamos muy rápido y no todas las personas se están logrando montar al tren”. Se establecieron metas para el 2015 (los Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM), algunos objetivos se cumplieron, y otros no. Cuando llegó el 2015, se establecieron nuevas metodologías y se movieron las fechas al 2030 y al 2050 (con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS).

¿Y, los Derechos Laborales?

Los derechos laborales, son importantes. Con el pleno goce de ellos nos garantizamos un rol en la sociedad, somos individuos con sentido y propósito, tanto es así que con derechos laborales logramos satisfacer muchos otros derechos humanos tales como vivienda digna, alimentación, educación, agua, educación, y la lista sigue.

Las personas necesitan de trabajo e ingresos para su desarrollo pleno. Pese a que el Estado contribuye – en algunos casos – garantizando educación, salud, vivienda y otros, existen otras áreas que ineludiblemente las personas deben atender por medio de su trabajo.

Las personas trabajadoras tenemos, entre otros, tres derechos laborales relevantes: derecho al salario mínimo, a una jornada laboral y a la salud ocupacional. Los tres juntos, más una serie de otros derechos laborales nos ayudan a tener un estilo de vida digno. Cuando alguno de estos derechos es violentado, debemos denunciarlo, es nuestro derecho y nuestro deber hacerlo.

Estos derechos laborales parten de un componente tripartito conformado por tres elementos: personas trabajadoras, el sector empleador y el Estado, las tres con responsabilidades, que cuando son cumplidas por todas las partes se genera una cultura de cumplimiento laboral que garantiza la Justicia Social. 

¿Pero, la Responsabilidad Social?

La responsabilidad social (RS) es la gestión de los impactos negativos (y positivos) de nuestro accionar en la sociedad en tres componentes: social, económico y ambiental (ISO, 2010). Lejos de la concepción clásica, la RS no es cosa únicamente de las empresas, sino de estas, del Estado y de las personas (¡sí, como el tripartidismo de los derechos laborales!).

Cuando la sociedad (partes interesadas externas), la empresa/organización (partes interesadas internas y cadena de valor), y el Estado (que puede ser parte interesada interna, externa e inclusive cadena de valor) hacen su parte y la hacen bien, los Derechos Humanos, incluidos los derechos laborales, se ven respetados, cumplidos y tutelados. Por ende, todas las partes vivimos mejor, con más justicia social.

 ¿Cómo estamos en Centroamérica?

Para nadie es un secreto que Latinoamérica, y en especial, nuestra región centroamericana, es desigual[1]. Aún en los países desarrollados, existen índices de desigualdad en mayor, o menor medida. No obstante, en los países en “vías de desarrollo” estas diferencias son aún más marcadas.

En el 2020, el tema de las Naciones Unidas para el “Día Internacional de la Justicia Social” (20 de febrero) tuvo por tema “Cerrar la brecha social para lograr la justicia social” (Naciones Unidas, 2020), en ese entonces ya sabíamos que el COVID-19 llegaría a las naciones centroamericanas, trayendo más inequidad. En octubre del 2020, la CEPAL aseguraba que este contexto dejaría a 1.9 millones de personas centroamericanas sin empleo (Nodal: Noticias de América Latina y el Caribe; 2020).

Inclusive CEPAL estimó que la caída del PIB en la región fue de -8.4%, lo que lo lleva a cifras similares a las del 2010 (contexto de la crisis económica mundial del 2008-2010), inclusive indica que “el aumento del desempleo tendría un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas” (CEPAL, 2020), es decir, menos justicia social en Centroamérica.

¿Qué nos depara el 2021?

A pesar del panorama descrito, según la CEPAL (CEPAL, 2020), América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento positivo en 2021, pero no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia. De hecho, en su Balance Preliminar de las Economías de la región, la CEPAL prevé una contracción promedio de -7,7% para 2020 -la mayor en 120 años- y un rebote de 3,7% en 2021.

Como individuos, podemos ser responsables socialmente: comprando y apoyando lo local, haciendo nuestra parte como ciudadanos(as) cívicos, criticando de forma constructiva y aportando soluciones. El “no dejar a nadie atrás”, lema de la Agenda 2030 y los ODS, debe continuar más vigente ahora que nunca. El tema del 2020 de ONU sobre la justicia social sigue siendo válido, inclusive hoy más que ayer.

Por su parte, el tema del 2021 es “un llamamiento a la justicia social en la economía digital” en ese sentido, la ONU afirma que:

La economía digital está transformando el panorama laboral. Durante la última década, la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales, que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital. La crisis también ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes. (ONU, 2021),

Según la ONU, para las personas trabajadoras, resulta preocupante lo relativo a la regularidad del trabajo y los ingresos, el derecho a condiciones de trabajo justas, la protección social y un nivel de vida adecuado, es decir todo lo referente a la Justicia Social. Las consecuencias derivadas de la crisis por COVID-19 están exponiendo los riesgos y las desigualdades de las personas trabajadoras, y de las empleadoras también, al tiempo que aumentan las cargas de tutelaje por parte del Estado.

Finalmente, y a modo de reflexión, como individuos debemos apelar siempre a que cada parte de la sociedad haga lo propio y que construyamos juntos la Justicia Social que dignifica a las personas trabajadoras y a sus familias, esto conlleva la denuncia de las violaciones a los derechos laborales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEPAL. (2020). Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la pandemia: caerá -9,1% en 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa-la-pandemia-caera-91

CEPAL. (2020). América Latina y el Caribe tendrá crecimiento positivo en 2021, pero no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-tendra-crecimiento-positivo-2021-pero-alcanzara-recuperar-niveles

ISO. (2010). ISO 26000 visión general del proyecto. ISO. Recuperado de: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf

Naciones Unidas. (2020). Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero. Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.un.org/es/observances/social-justice-day

Naciones Unidas. (2021). Tema 2021: Un llamamiento a la justicia social en la economía digital. Día Mundial de la Justicia Social 20 de febrero. Recuperado de: https://www.un.org/es/observances/social-justice-day

Nodal: Noticias de América Latina y el Caribe. (2020, octubre 29). La CEPAL proyecta que el desempleo en Centroamérica alcanzará a 1,9 millones de personas a fines de año. NODAL. Recuperado de: https://www.nodal.am/2020/10/la-cepal-proyecta-que-el-desempleo-en-centroamerica-alcanzara-a-19-millones-de-personas-a-fines-de-ano/#:~:text=CEPAL%3A%202020%20dejar%C3%A1%201.9%20millones%20de%20centroamericanos%20sin%20empleo&text=En%202019%2C%20el%20dese


[1] Para más información sobre el tema, visitar el siguiente enlace: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pese-avances-recientes-america-latina-sigue-siendo-la-region-mas-desigual-mundo

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL SALVADOR: ¿ESTÁ SEGURA LA DEMOCRACIA?

Margarita Rojas
Pasante de FUNPADEM
Estudiante de Estadística e Historia, UCR

En el año 1984, El Salvador realizó sus primeras elecciones democráticas, después de ser dominada por gobiernos militares autoritarios. Pasados 8 años y con la firma de los Tratados de Paz en Centroamérica se hace lo que se considera una “refundación de la República” salvadoreña, donde se fortalece la democracia y se crean instituciones para velar por el cumplimiento de las leyes en materia electoral y el cumplimiento de los derechos humanos (Carballo, 2014).

En el caso de El Salvador, desde sus primeras elecciones democráticas en 1984, la participación ciudadana en los procesos electorales ha disminuido, donde la relación gobierno-comunidad se ha visto desgastada por un bipartidismo marcado por los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los cuales se consolidaron a partir de 1992 (Córdoba et al, 2019).

Para el año 2019 llegó a la presidencia Nayib Bukele, participó como candidato del partido Gran Alianza Nacional (GANA), acabando así con el bipartidismo existente y obteniendo gran aceptación por parte del pueblo salvadoreño, llegando incluso a ser el presidente con mayor aprobación en América Latina según encuesta de la empresa Mitofky (El mundo, 2021).

El pasado 28 de febrero, El Salvador vivió nuevamente un proceso electoral en el que se eligieron las 84 personas representantes en la Asamblea Legislativa, 262 de los Consejos Municipales y 20 del Parlamento Centroamericano. Aunque en estas elecciones no se elige el presidente de la República, son de vital importancia para el gobierno en curso, ya que, le permitiría un mayor poder político para aprobar sus proyectos y mociones con mayor libertad al tener una mayoría partidaria en el Congreso.

Los resultados de estas elecciones le dieron un contundente gane al partido Nuevas Ideas (NI) + GANA, alianza que promovió el partido al cual pertenece el presidente Nayib Bukele. Con la mayoría de los votos contados (96%) al menos 56 de 84 de personas representantes de la Asamblea Legislativa serán del partido NI y alrededor de 151 de 262 municipios (El Salvador, 2021), además de “ganar” estas elecciones, el partido NI provocó que la participación ciudadana aumentara significativamente, donde un 51% de las personas votantes participó en los comicios, cifra que aumento en comparación a las dos elecciones anteriores, según las cifras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fueron de un 46,19% en el 2018 y 48,39% en el 2015.

La estrategia utilizada por el presidente ha sido la de una relación directa con la ciudadanía por medio de redes sociales, principalmente Twitter, donde incluso da indicaciones a miembros de su equipo por medio de la red (DW; 2021), aunado a esto, una política acompañada de discursos enfocados en la eliminación de la inseguridad y la pobreza, males que afectan en gran medida a la población; han hecho que la ciudadanía simpatice con el gobierno en curso.

Sin embargo, a pesar de la aceptación de la ciudadanía, Nayib Bukele ha sido cuestionado por su poca tolerancia a las críticas, restricciones impuestas a la libertad de prensa, de autoritarismo al querer centrar el mando en una sola persona. Como cuando en febrero del 2020 amenazó con desaparecer el Congreso e ingresó en la Asamblea Legislativa con militares armados (DW; 2021).

Con una mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa con dominio del NI, y el control de un poco más de la mitad de los municipios, el control de las decisiones políticas que se tomen se centra en una sola fuerza política. Al dominar la Asamblea Legislativa este también puede tener el control del Poder Judicial y otros órganos tales como la fiscalía (BBC,2021), esto porque desde dentro de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa son el nombramiento por votación del presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Suprema Electoral y de la Corte de Cuentas de la República (Martínez, 2005).

El poder centralizado en las democracias puede tener el beneficio de que se pueden tomar decisiones de forma más pronta y eficiente. Sin embargo, puede tener consecuencias muy graves, ya que al mismo tiempo estas decisiones pueden ir en perjuicio de la población, o de los otros poderes del Estado, que fungen como contrapesos en la democracia.

Esta es una nueva oportunidad para El Salvador, de reconstruir un país desgastado por la corrupción, la violencia e inseguridad, y de ganar la confianza de la ciudadanía. Es deber de las y los mandatarios de hacerlo bien y seguir avanzando hacia una democracia segura y plena donde se respeten las libertades y derechos de su ciudadanía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carvallo, W. (2014). La calidad de la democracia salvadoreña evaluada desde los logros de sus ciudadanos en el derecho a la comunicación. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado de: https://bit.ly/3rcwUPu

Córdoba, R., Argueta, C. & Erazo, M. (2019). La población salvadoreña en las elecciones presidenciales 2019: Análisis de la intención de voto mediante un Panel Electoral. Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Recuperado de: https://bit.ly/3bbq9I3

García, J. (2021, 1 de marzo). Nayib Bukele consolida su poder con una victoria sin precedentes en El Salvador. El País. Recuperado de: https://bit.ly/30bPJGB

García, J. (2021, 1 de marzo).  El nuevo e incierto rumbo de Nayib Bukele en El Salvador. El País. Recuperado de: https://bit.ly/383ihGD

Lima, L. (2021, 1 de marzo). Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga “poder absoluto” con el control de la Asamblea Legislativa. BBC MUNDO. Recuperado de: https://bbc.in/308O9VU

Martinez, O. (2005). El poder Legislativo, funciones. Revista Realidad y Reflexión. 13(5), 9-38. http://hdl.handle.net/10972/2766

Marín, C. (2020, 28 de junio). Nayib Bukele es el mandatario mejor evaluado del mundo. El Mundo. Recuperado de: Recuperado de:  https://bit.ly/3bZjHTK

Muñoz, R. (2020,28 de abril).  ¿Peligra, otra vez, la democracia en El Salvador? DW. Recuperado de: https://p.dw.com/p/3bVuZ

Tribunal Supremo de Elecciones (2018). Memoria especial elecciones 2018. Recuperado de: https://bit.ly/3sHw8dm

Tribunal Supremo de Elecciones (2015). Memoria especial elecciones 2015. Recuperado de: https://bit.ly/3uLDz5c

Latinoamérica y el COVID 19: – crecimiento económico y + desigualdad social.

Ana Paula Solano Brenes
Pasante de FUNPADEM

La propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19 ha generado una serie de consecuencias alrededor del mundo, un déficit en políticas públicas de salud, educación y empleo han sido expuestas ante el rápido avance de la crisis sanitaria. Ha sido inevitable el retroceso del crecimiento económico para las economías en desarrollo, principalmente en los países de la región latinoamericana. De acuerdo con datos del Banco Mundial, se estima que la contracción de la actividad económica de los países de América Latina y el Caribe es de un 7.2%, superando las crisis de 1980 y la del 2008-2009. (Banco Mundial, 2020)

Por su parte, la subregión de América Central verá contraída su economía en un 3,6% para este 2020.[1] En su mayoría, las principales causas de la desaceleración de las actividades económicas en el contexto de la pandemia han sido las restricciones impuestas por los gobiernos con el fin de disminuir la propagación del virus, la caída en el ingreso de remesas y de los precios de productos agrícolas, así como el cese de actividades turísticas. (Banco Mundial, 2020)

En este contexto, se debe resaltar la afectación a uno de los factores económicos más importantes para el desarrollo y crecimiento económico: el empleo. Las modificaciones en las actividades laborales supusieron graves afectaciones para la región en términos de empleo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estimado que, durante el segundo trimestre del 2020, se experimentó el mayor impacto. Aproximadamente 47 millones de empleos se perdieron, lo que significó un aumento de 2,1% en la desocupación abierta[2] con respecto al 8,9% del segundo trimestre del año 2019.

Efectos en las actividades laborales

En el informe interanual de la CEPAL, se demuestra las grandes brechas de desigualdad existentes con respecto al empleo diferenciado; concepto que refleja dos importantes categorías de ocupación en el mercado laboral, las cuales son el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia3 (CEPAL & OIT; 2020).

La necesidad de los gobiernos por imponer medidas estrictas con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y hacer frente a la crisis sanitaria, puso en jaque la continuidad de las actividades laborales en gran parte de los sectores productivos como el servicio doméstico, restaurantes, hoteles y comercio. Siendo estos los más afectados por las restricciones de tránsito (principalmente transporte público), cierres temporales y las medidas de distanciamiento necesarias para evitar el contagio del COVID-19.

Como resultado de las medidas impuestas, el trabajo por cuenta propia ha experimentado un mayor impacto negativo de manera general en los países de la región. Debido a que, el cumplimiento de este tipo de actividad laboral amerita la presencialidad o el contacto directo en muchos casos (servicio doméstico, emprendimientos), reduciendo las posibilidades de ser sustituido por prácticas de adaptación como el teletrabajo.

Por otra parte, la pérdida de trabajo asalariado se ha visto mayormente reflejado en el sector privado como resultado de la débil capacidad de las empresas para enfrentar la reducción de la demanda a nivel mundial. En el sector público, específicamente en las categorías de servicios de salud, educación y administración pública han sido las actividades con mayor actividad pese a la pandemia(CEPAL & OIT; 2020)

A pesar de las grandes afectaciones sufridas por la población económicamente activa en general, el empleo informal ocupa el primer lugar como sector mayormente afectado por la reducción de actividades laborales. Por ejemplo, Costa Rica reflejó una contracción del -6,6% del empleo informal (CEPAL; 2020).

De igual manera, las empresas se han visto obligadas a reducir el personal con el propósito de sobrellevar la considerable reducción en la producción debido a la baja en la demanda. Por lo cual, se puede determinar que en la mayoría de los países latinoamericanos las medidas han sido reducción del personal, reducción de la jornada laboral, adelanto de vacaciones y teletrabajo[3]. Por ejemplo, en Costa Rica el 20.8% de las empresas optó por reducir el personal como medida ante la crisis. (CEPAL & OIT, 2020).

Población más afectada

El impacto de la pandemia ha sido generalizado para todos los sectores de la población. No obstante, la población en condición de vulnerabilidad, así como personas que laboran en el trabajo informal han sido los más afectados. La CEPAL, en su análisis sobre la coyuntura de las actividades laborales en la región, determina que la tasa de ocupación cayó a un -10% lo cual equivale aproximadamente, a la pérdida de 2.8 millones de empleos en los países latinoamericanos con información disponible[4] (2020). Es decir,  estas personas desocupadas no iniciaron la búsqueda de un nuevo empleo, como resultado del aumento de la dificultad para ubicarse en algún sector laboral. De igual manera, las personas trabajadoras por cuenta propia vieron detenida abruptamente su actividad laboral sin posibilidad de adecuarse a nuevos métodos para la reactivación inmediata, generando una caída de la participación en un -9,5% al aumentar la cantidad de población inactiva. (CEPAL & OIT, 2020)

Conclusiones

Ciertamente, la crisis económica desplegada por la rápida expansión del COVID-19 ha creado una de las más graves afectaciones en desarrollo y crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe. Traduciéndose en el  más bajo crecimiento económico desde la última década, índices de pobreza en ascenso y un recrudecimiento de las  brechas de desigualdad social. Es por esto, que es necesario que, los gobiernos de la región puedan crear planes de acción y políticas públicas a mediano y largo plazo que favorezcan la reactivación económica de la región sin poner en peligro el cumplimiento de los derechos labores y, por ende, del trabajo decente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SA. (2020). Perspectivas Económicas de América Latina 2020: transformación digital para una mejor reconstrucción. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview

SA. (2020). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: la inmigración laboral en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente


[1] Contracción de las economías de América Central (PIB a precios de mercado): Guatemala -3,0%, Honduras -3,5%, El Salvador -5,4%, Nicaragua -6,3%, Costa Rica -3,3% y Panamá -2,0%.

[2] Porcentaje total de la cantidad de personas desocupadas con respecto a la Población Económicamente Activa. Para el 2020, se registró un 11% de desocupación abierta.

[3] De acuerdo con el informe de la CEPAL la cantidad de información por país disponible para medir los impactos del COVID-19 en las actividades laborales, es reducida (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú).

[4] Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

¿Qué ha significado no tener ejército en Costa Rica?

Por: Sarah Castrillo Castrillo
Coordinadora de Programas de FUNPADEM

El texto original, fue publicado en Good Food Costa Rica: https://goodfoodcr.com/que-ha-significado-no-tener-ejercito-en-costa-rica/


El 01 de Diciembre de 1948, el presidente de la Junta fundadora de la segunda República de Costa Rica, José Figueres Ferrer anunció la abolición del Ejército como institución permanente. Desde entonces Costa Rica es un país que se enorgullece por vivir sin fuerzas militares y ser identificado por su vocación pacifista. Sin duda, Costa Rica se ha posicionado a nivel internacional no sólo por ser un país de gran atractivo natural sino por ser uno de los pocos países que no cuentan con un ejército permanente, dato curioso que sorprende a muchas personas extranjeras.

Sin embargo, ¿qué ha significado esto para la población costarricense?, sin duda diversos beneficios, que muchas veces no lo logramos dimensionar por el transcurso del tiempo y porque, muchas veces no conocemos otra realidad que no es esta, la de un país sin ejército. Acá algunos ejemplos de esos beneficios que disfrutamos:

  • Sistema universal de salud: A lo largo, de todos estos años, el país ha podido invertir ampliamente en la cobertura en salud preventiva y curativa, construyendo clínicas y hospitales de primer nivel a lo largo del territorio nacional, aumentando la expectativa de vida a 80,98 años. Una de las más altas de la región (Revista Summa, 17 mayo 2018)
  • Sistema Educativo: Ha logrado invertir en el sistema educativo, posicionándolo como uno de los mejores de América y logrando uno de los índices de alfabetización más altos de la región con 97,86% para el 2018 (UNESCO, s.f)
  • Desarrollo primera infancia: Asimismo, se ha priorizado la inversión en la primera infancia, con la red de cuido y desarrollo infantil (CECUDI), la cual permite a miles de niños y niñas entre los cero a seis años a un cuido responsable, donde no sólo pueden acceder a alimentos sino a un desarrollo integral, esto mientras que sus madres y padres de escasos recursos pueden ir a trabajar (IMAS, s.f)
  • Desarrollo tecnológico: Según el Global Innovation Index 2019, Costa Rica es el país más innovador de América Latina después de Chile (BBC, 16 mayo 2019). Siendo uno de los destinos preferidos de empresas tecnológicas como Microsoft, Intel, Hewlet Packard, Google, Amazon, por el conocimiento y alta capacitación de su población. Además, es el primer país de Centroamérica de enviar al espacio el primer satélite en 2018, desarrollado por científicos del Tecnológico de Costa Rica.
  • Desarrollo de las ytelecomunicaciones: Nuetro país es uno de los países de América Latina, de mayor penetración de las telecomunicaciones en el territorio. Aunado, a que nos encontramos en la posición número cuatro del Índice de Competitividad Global en el pilar de adopción de TICs, superada sólo por Chile, México y Uruguay (Pérez, 05 agosto 2019)
  • Desarrollo deportivo: Este es uno de los campos que muchas veces no se dimensionan cuando se habla de un país sin ejército, pues se da por sentado que  se logra por el talento individual de cada deportista. Sin embargo, esto no sólo abarca la inversión del Estado (y de varios gobiernos locales) en programas deportivos subvencionados para nuestras personas jóvenes, sino la posibilidad de estas personas jóvenes de invertir tiempo en desarrollar y/o perfeccionar sus destrezas deportivas sin interrupciones por el servicio militar obligatorio ni por tener que servir a su país en guerras.

Por otra parte, la abolición del ejército ha influido profundamente en cómo el país se relaciona y se posiciona en la esfera internacional, no sólo por el principio de neutralidad perpetua y no armada, sino porque sienta las principales bases para la política exterior del país y, por ende, del trabajo que realiza nuestros diplomáticos a nivel nacional e internacional. El ser un país sin ejército exige que Costa Rica deba resolver los problemas por la vía diplomática priorizando siempre el diálogo y el derecho internacional. En efecto, esto se refleja en los cincos ejes estratégicos de nuestra política exterior (MRREE, s.f):

  1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional.
  2. La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
  3. La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial
  4. El fortalecimiento del Derecho Internacional y el desarrollo de un multilateralismo efectivo.
  5. La promoción del desarrollo sostenible y la coordinación y representación política en las negociaciones ambientales internacionales.

El no tener ejército ha permitido que nuestro pequeño país sea una gran voz reconocida y legitimizada en la esfera internacional para hablar y dirigir procesos de desarme para la promoción de la paz mundial. Los esfuerzos en esta temática han sido diversos y constantes, e incluyen el desarme nuclear con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), la regulación del comercio de armas con el Tratado sobre comercio de armas (TCA) cuya propuesta fue impulsada por un grupo de premios Nobel de la Paz, liderados por el expresidente costarricense, Oscar Arias. Aunado, a los esfuerzos para la Convención sobre la prohibición de municiones en racimo y la actual discusión internacional, para la prohibición de sistemas armas totalmente autónomas.

Costa Rica ha apostado por ser un país pacifista, que promueve el desarme y la seguridad de las personas que en ella habitan. 72 años pueden parecer muy poco comparado con la historia del “viejo continente”, sin embargo, han sido años de construcción constante y acelerada que le han permitido a este país de tan solo 51 100 km² poder ofrecer a su población, según el Quality of Life Index, un nivel vida con cifras comparables a las de algunos gigantes europeos y asiáticos. El no contar ejército, a pesar de generar incertidumbre ante los conflictos internacionales, ha sido un potenciador de construcción de la Nación y ha garantizado a la pequeña Costa Rica distinción y respeto en un mundo dónde las armas parecieran ser la única política de resolución de conflictos existente. Y aunque, la pandemia ha ocasionado grandes heridas al desarrollo logrado en las últimas décadas, la inversión social, educativa y económica lograda al no tener ejército ha sido una de las mejores vacunas para que esos efectos de la pandemia no sean más graves.

Hoy Costa Rica prueba un año más, que la ruta hacia el desarme es la ruta segura, la que promete y cumple con el alcance de objetivos de desarrollo social y calidad de vida convirtiéndose todo ello en la joya que ostenta la nación.

No tenemos ejército: Y ahora, ¿qué sigue?

Por Hazel Villalobos Fonseca.

Gerente Técnica de FUNPADEM

El texto original, fue publicado en Good Food Costa Rica:https://goodfoodcr.com/no-tenemos-ejercito-y-ahora-que-sigue/


Para cualquier costarricense, imaginarse su país con fuerzas militares, podría ser una pesadilla. Es más, es simplemente inconcebible desde nuestro imaginario social. Las armas militares, los tanques de guerra y el servicio militar obligatorio ni siquiera son parte de nuestro vocabulario.

En efecto, para los que hemos tenido la fortuna de viajar a otros países, el observar a un militar en la calle con su uniforme y sus armas, en lugar de inspirarnos paz y seguridad, lo que nos infunde es miedo y desconcierto. Esto forma parte del “ser costarricense”, de la idiosincrasia costarricense que se ha forjado, en este tema, desde el 01 de diciembre de 1948. Día, en que el entonces presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República de Costa Rica, José Figueres Ferrer, en un acto simbólico[1] anunció la abolición el ejército costarricense como institución permanente.

La decisión de no contar con un ejército permanente ha marcado el desarrollo socioeconómico, cultural, educativo y de política exterior de nuestro país. En efecto, el impacto de esta decisión ha calado en todos los aspectos de la vida del costarricense. Es por ello, que la inversión en defensa, en armas militares y por ende, en la guerra, nos escandalizan a la mayoría de los y las ticas y nos es inconcebible entender como a nivel internacional, muchos de los países siguen “invirtiendo para ir a la guerra”.

Afortunadamente, Costa Rica hace 72 años decidió mejor invertir en educación que en la guerra, convirtiéndonos en un país referente regional e internacional en desarrollo educativo, desarme y estabilidad democrática[2]. Consecuentemente, Costa Rica en las últimas décadas, ha abogado por el desarme y la pacificación a nivel internacional. Ha promovido y/o apoyado vehementemente instrumentos jurídicamente vinculantes para la prohibición de armas nucleares, armas biológicas, municiones en racimo y la regulación del comercio de armas, entre otras. En todos estos esfuerzos internacionales, el papel de nuestro país siempre ha sido sobresaliente y ha logrado conquistas para un mundo más pacífico y mayor desarrollo sostenible, siempre destacando la esencia del ser costarricense.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, enfrentamos otro reto en la esfera nacional e internacional: la militarización de la tecnología. Pero, ¿de qué se trata esto? La militarización de la tecnología es la aplicación de los avances tecnológicos para su uso en la guerra, principalmente para el diseño, desarrollo, prueba, uso; en fin, en todo el ciclo de vida de las armas y sistemas militares. Incluyendo el uso de los avances tecnológicos del campo de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, impresión en 5D, clouding, robótica, etc. Y aunque suene como de esas películas de ciencia ficción de las décadas de los ochenta y noventa como Terminator, es nuestra REALIDAD.

Y es que, para nadie es secreto que la tecnología avanza a pasos gigantescos, no así las leyes nacionales y las regulaciones internacionales. Por ello, el peligro es inminente sino se trabaja lo más pronto en un marco normativo que regule el uso de la tecnología en este campo. Uno de los grandes esfuerzos en el que Costa Rica forma parte, es la prohibición de los sistemas de armas totalmente autónomas por medio de un instrumento (protocolo, tratado, etc.) internacional y la prohibición del uso de la tecnología para el desarrollo de sistemas de armas en el territorio nacional con la Campaña “Detengamos la Militarización de la tecnología y promovamos su uso para la paz”[3].

¿ Y qué son los sistemas de armas totalmente autónomos? Según la Cruz Roja Internacional, son armas que pueden “buscar, identificar y atacar objetivos, incluidos seres humanos, empleando fuerza letal sin que intervenga un humano”, en otras palabras son armas con inteligencia artificial que autónomamente pueden identificar un objetivo y tomar la decisión de disparar, objetivo que puede ser un ser humano. ¡Todo esto sin que haya control humano sobre esta arma!. Y pues sí, aunque suena a ciencia ficción, estamos dándole el control de decidir a quien matar a una máquina.

Y aunque en Costa Rica no tenemos ejército y por ende, muchos podrían pensar que ese problema no debería ser nuestro, pues “nunca estaremos en una guerra”. Lo cierto es que, este tipo de armas si se desarrollan completamente, las consecuencias colaterales de su uso podrían afectar a nuestro país y hasta podrían llegar a manos equivocadas como el crimen organizado y el narcotráfico. Por ende, aunque con orgullo podemos decir que “no tenemos ejército”, aún los retos persisten y ahora nos toca seguir luchando para evitar el uso de la tecnología en las armas e invertir mejor en tecnología para educación, salud, medicina, etc; ¡Que de eso sabemos hacerlo muy bien, desde hace 72 años!

Hazel Villalobos Fonseca es internacionalista especialista en seguridad pública, desarme y prevención del delito, Máster en gestión de proyecto y actual Gerente Técnica de la Fundación para la Paz y la Democracia.


[1] Un dato importante, es que este acto simbólico se realiza en el Cuartel Bellavista. En este acto, se le entrega las llaves de este cuartel a la recién fundada Universidad de Costa Rica , con el propósito de que en el edificio militar se estableciera el actual Museo Nacional, como centro de estudios antropológicos (Mora, S. 02 de diciembre 2014) Marcando así, el traslado de la inversión en fuerzas militares al sector educativo costarricense.

[2] Estudios comparativos entre países han demostrado que los países que invierten más en educación y menos en defensa, tienen sistemas democráticos más estables (Villalobos, H. 2016) https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri/article/view/11602/15036

[3] Esta campaña es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, y la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM); la cual será lanzada en el año 2021, año del bicentenario de Costa Rica.


LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA: LA LEY QUE BUSCA ACABAR CON LAS LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Amira Esmeralda Jaouhari Eid
Pasante de FUNPADEM.

El 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los 30 artículos que conforman esta declaración son los derechos básicos que se deben cumplir y promocionar en los distintos países (Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1984).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman lo que es llamado como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. A partir de estos documentos la legislación internacional de los derechos humanos fue aumentando. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (sf) , los principales instrumentos de derechos humanos son 10 tratados que se complementan con protocolos facultativos (un tratado que complementa y completa un tratado ya existente). Con el pasar de los años, los distintos países firmaron y ratificaron los diferentes instrumentos de derechos humanos, debido a su gran importancia para asegurar los derechos y libertades fundamentales de las personas y al mismo tiempo adaptaron varios de los artículos de estos, en sus constituciones.

            La República de Nicaragua, es uno de los países que adaptó varios de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su constitución política, específicamente en el artículo 30: “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio “. No obstante, a través del tiempo, en este el paíscentroamericano se ha limitado y coartado la libertad de expresión de las personas.

            Actualmente este artículo de la constitución nicaragüense se está viendo totalmente amenazado por la nueva propuesta de Ley Especial de Ciberdelitos presentada el 28 de septiembre por la bancada nicaragüense que tiene como objetivo “la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas” según el artículo 1 de la ley (100% noticias; 2020)

            Según varios abogados y abogadas independientes, esta ley pretende “censurar y criminalizar las redes sociales y el ejercicio periodístico” y agregan “se está estableciendo el totalitarismo rápidamente y vienen otras leyes” (El Confidencial, 2020). Asimismo, se establece una pena por la propagación de noticias falsas[1], concepto que muchas veces el gobierno utiliza al referirse a datos o información proporcionada por medios de comunicación independientes. La ley busca penalizar a quien “revele información pública clasificada como reservada” y pusiera en “peligro la seguridad soberana del Estado” apoyándose en cualquier clase de las tecnologías y comunicación se les impondrá pena de cinco a ocho años de prisión” (artículo 25). Con estos artículos, esta propuesta de ley estaría violando el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio (100% noticias, 2020).

            Los diputados y diputadas que la presentaron justifican esta ley aduciendo que es para protección a la seguridad soberana del Estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos, dentro o fuera del territorio nacional. Sin embargo, esta iniciativa de ley denominada por varias analistas y organizaciones como la Ley de Mordaza lo que busca es silenciar a un pueblo que desde años está siendo torturado en una dictadura sin fin (La Prensa, 2020).

            Con esta ley no solo se está amenazando la libertad de expresión, la prensa y los medios de comunicación, sino de cada una de las personas nicaragüenses, afuera y dentro de Nicaragua. Tomando en cuenta que, en el artículo 43 de la propuesta de Ley, el régimen de Ortega tiene como objetivo perseguir a los (as) ciudadanos (as) nicaragüenses que residen en el extranjero y que se les atribuya haber cometido ciberdelito”, solicitando su extradición a territorio nicaragüense.

            Si llega a ser aprobada esta ley toda persona en Nicaragua que tenga redes sociales no podrá subir, difundir o compartir información que para el gobierno sea falsa o consideren una amenaza para el Estado.

            En los últimos tres años el régimen de Ortega ha hecho una gran exterminación de los medios de comunicación cerrando alrededor de una docena de medios de comunicación independientes. Siendo estos en su mayoría radios comunitarios y canales locales, además del cierre de dos medios impresos en el 2019: Metro y El Nuevo Diario. (Confidencial, 2020)

            La gran pregunta es ¿quién va a determinar cuál información es falsa o cual es calificada como información reservada o que pone en peligro la seguridad soberana del Estado? Tomando en cuenta los antecedentes del régimen de Ortega, esta Ley será utilizada a su conveniencia siendo esto un golpe más no solo para la población nicaragüense, sino una burla para el sistema internacional, ya que Nicaragua ha rectificado varios de los instrumentos internacionales. Sin duda alguna, la aprobación de esta ley implicaría nuevamente, el detrimento de la libertad de expresión en Nicaragua.  

Referencias bibliográficas

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Instrumentos Universales de Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx

OAS. Constitución de Nicaragua. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf

Lacayo Ileana, Sanchéz Irene. (2020). Gobierno de Daniel Ortega ha cerrado 20 medios de comunicación en Nicaragua. El Confidencial. Recuperado de: https://confidencial.com.ni/gobierno-ha-ordenado-cierre-de-medios-de-comunicacion-en-nicaragua/

Navas, L & Álvarez, L. (2020). Dictadura presenta iniciativa de ley que busca criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. La Prensa. Recuperado de: https://www.laprensa.com.ni/2020/09/28/politica/2726338-dictadura-presenta-iniciativa-de-ley-que-busca-criminalizar-publicaciones-en-redes-sociales-y-medios-de-comunicacion

100%noticias. (2020). Daniel Ortega impulsa Ley de Ciberdelitos, que censura y criminaliza redes sociales y ejercicio periodístico. 100%Noticias. Recuperado de: https://100noticias.com.ni/nacionales/103074-ortega-ley-ciber-delito-redes-sociales-nicaragua/

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (2020). Recuperado de:   https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


[1] Murillo cuando los medios de comunicación se referían a la verdadera cantidad de casos de coronavirus y los entierros exprés que Murillo tildó como “noticias falsas” (La Prensa, 2020).